La Casa de los Perros: Zacatecas incumple derechos humanos
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Mientras la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez Campos, ocupa la mayor parte de su tiempo en atender los encargos del inquilino de La Casa de los Perros, que tienen que ver con el área jurídica, la cual supuestamente atiende Jehú Eduhí Salas Dávila, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señala contundente diversos incumplimientos en los que ha incurrido el Gobierno del Estado.
González Pérez envió un informe a Alejandro Tello Cristerna, para que de inmediato asuma el compromiso del Estado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que si bien son, otra vez, herencias de Miguel Alonso Reyes, como las deudas, tiene que asumirlas como propias. Ni modo.
González Pérez le puntualiza al gobernador que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad al artículo 2° de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas. Dicha reglamentación invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73 fracción XXI inciso a) de la Constitución Federal.
Esta Ley, que para variar aprobaron los diputados de la LXI Legislatura, transgrede derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la protección especializada de las víctimas de los delitos de trata de personas, y a la reparación del daño de esas víctimas.
Además, de los principios de legalidad, pro persona, y los principios generales del sistema penal, y constituyen en sí mismas una invasión de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, para expedir la ley general en materia de trata de personas, establecida en la Constitución Federal.
En otras palabras, los diputados locales se pararon el cuello con una legislación que no les correspondía. Un pendiente que dejaron los anteriores diputados y que ahora, también, carga Alejandro Tello.
El mandamás de la CNDH, además, le dice al gobernador que las recomendaciones adquieren obligatoriedad cuando son aceptadas por las autoridades a las que se dirigen, sin embargo, hay dos que siguen durmiendo el sueño de los justos en el escritorio del gobernador, y en el de Luz Domínguez también.
La primera es la 65/2013, sobre el caso de la violación a los derechos a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio de las alumnas de la Escuela Telesecundaria 1, en la comunidad El Saladillo, Municipio de Pánfilo Natera.
La segunda, la 42/2014, sobre el caso de desaparición forzada atribuible a elementos de la Policía Preventiva del Municipio el Plateado de Joaquín Amaro, e indebida procuración de justicia en agravio de las víctimas y sus familiares, atribuible a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Dice el ombudsman nacional que ahí se las deja de tarea.
A la cárcel
Saúl Monreal Ávila, en su carácter de representante de Morena, aspirante a senador, a diputado federal, a presidente municipal de Fresnillo y lo que se acumule en la semana, exigió cuentas claras al gobierno municipal de El Mineral.
Ya entrado en los enjuagues, el más pequeño de los Monreal, señaló con su dedo acusador al ex alcalde y hoy diputado federal Benjamín Medrano Quezada, así como al ex presidente municipal Gilberto Devora Hernández, de haber saqueado las arcas del golpeado municipio.
Y el que brincó de inmediato fue Medrano Quezada, quien vía Twitter dijo estar «totalmente de acuerdo» con que se castigue a quien haya osado tomar lo que no era suyo. «Asumo mi responsabilidad si llegara a tenerla».
Pero, eso sí, «no respondo por nadie más».
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