Controversias en el congreso
JUAN GÓMEZ
La agenda legislativa en el congreso de Zacatecas nuevamente empieza a subir de tono por dos etapas que tendrá que resolver en el corto plazo, y que tiene que ver con la respuesta a la controversia constitucional por la aprobación de la homologación de la Ley de Educación y el proceso armonización de la ley en materia político electoral.
En el tema de la controversia constitucional que ya causó recepción en la 61 legislatura, el asunto empieza a complicarse por la forma político jurídica de responder, debido a que existe un criterio parlamentario que se pronuncia por dar una respuesta argumentativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los motivos de la resolución en el congreso de Zacatecas, lo que prolongaría la permanencia del problema.
Y en sentido contrario existe otro criterio político jurídico que se pronuncia por un acatamiento inmediato a la resolución de la Corte, para que se armonice sin ningún contratiempo los términos de la legislación en materia educativa.
La presidenta de la Comisión de Educación de la 61 legislatura, María Elena Nava, militante del Partido Nueva Alianza, es partidaria de que se dé una respuesta a la Corte en la que se expongan los argumentos que motivaron modificar la iniciativa que envió el Ejecutivo al congreso, lo que contravino los términos jurídicos de la Ley federal en materia educativa.
Cabe recordar que la 61 legislatura legisló al vapor la armonización de la ley en materia educativa, lo que le generó un severo desgaste, particularmente en el sector educativo, puesto que al tratar de evitar la presión y alteración de las movilizaciones de la disidencia magisterial, el viernes siete de marzo después de las once de la noche, 20 de 27 diputados asistentes votaron a favor de la Ley Estatal de Educación, bajo un fuerte dispositivo de seguridad y protestas de una sorprendida disidencia magisterial. En la sesión no se permitió el acceso a la prensa.
Sin embargo, el pasado 1 de mayo, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto a través de su Consejero Jurídico, Humberto Castillejos Cervantes “presentó demanda de controversia constitucional en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de los estados de Zacatecas y Baja California, con motivo de la expedición de las leyes en materia educativa de cada entidad federativa, mismas que contravienen algunas disposiciones de la Constitución General de la República, las leyes reglamentarias correspondientes, y por lo mismo, el espíritu de la Reforma Educativa”.
En el boletín publicado por la Secretaría de Educación Pública en su portal de Internet, se informa que “Con estas controversias el Gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa.
Empero las opiniones están divididas al interior de la 61 legislatura en donde se tienen solamente 30 días para responder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El congreso zacatecano se ha visto envuelto en fuertes polémicas por la aprobación de las leyes energéticas, educativa y por la elección de consejeros electorales, esta última, motivo también de una controversia constitucional en la que la Corte le mandató reponer el procedimiento electivo.
La fracción parlamentaria priista deberá actuar de inmediato en la respuesta a la SCJN por dos razones políticas importantes:
1.- No contravenir una disposición jurídico-política del Presidente Peña Nieto
2.- Evitar el prolongamiento de un desgaste innecesario del Poder Legislativo.
Retardar una respuesta de solución a la controversia constitucional causaría un deterioro político en la relación del gobernador Miguel Alonso con el presidente Peña Nieto. Además, alargar una respuesta es prolongar un conflicto y someter a la legislatura a un mayor desgaste político.
Respecto a la armonización de la reforma político electoral se están dando los pasos adecuados, al invitar al Ejecutivo del Estado a que se sume a los trabajos de armonización de la legislación estatal con la federal.
El diputado petista Alfredo Femat Bañuelos, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la 61 legislatura, quien además preside la Comisión de Asuntos Electorales, en su participación en el ciclo de conferencias que organiza el Instituto Estatal Electoral denominado “La transición al Sistema Nacional Electoral” urgió al gobernador Miguel Alonso Reyes para que “a la brevedad se pueda instalar una mesa de trabajo plural e incluyente” que permita consolidar una armonización efectiva de la las leyes secundarias de la reforma política.
A la propuesta del legislador Femat Bañuelos se han integrado el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto Estatal Electoral.
En los próximos días seguramente el Ejecutivo del estado planteará su postura y disposición para participar o no en la mesa de trabajo, lo cual tendrá que valorarlo porque se trata de modificar sustancialmente el actual régimen electoral que prevalece en Zacatecas, lo que influirá sustancialmente en los próximos comicios en el estado.
Al tiempo.
