Fragilidad institucional
JUAN GÓMEZ
La liberación de cinco estudiantes de la Escuela Normal “Rural Matías Ramos” de la comunidad de San Marcos en el municipio de Loreto, dejó evidencia de la debilidad institucional en la impartición de justicia en el estado, pero también mostró la fragilidad estatal en la solución de los problemas de movilidad social que se manifiestan en la toma de edificios públicos y bloqueos de calles en Zacatecas.
La Escuela Normal “Rural Matías Ramos” fue fundada el 3 de septiembre de 1933, para apoyar a los hijos de campesinos en zonas marginadas del estado, e implementar un modelo de atención académica en las zonas más desprotegidas de la entidad.
Sin embargo, en los últimos sexenios la organización estudiantil de la mencionada escuela, se ha convertido en un agudo dolor de cabeza para los gobernadores en turno, debido a la radicalización de sus acciones de presión y de protesta.
Fundada en el año arriba mencionado por el general Matías Ramos Santos, la institución adquirió el nombre de su fundador en 1953, y fue concebida inicialmente solo para varones en un sistema de internado, pero desde años recientes su integración escolar es mixta.
Los jóvenes sanmarqueños, como mediáticamente se les identifica, en la década de los noventas únicamente realizaban marchas por las calles de la capital del estado, generando desquicio en el tráfico de la zona centro, pero sus acciones han ido escalando progresivamente y también, se han sumado a otro tipo de protestas sociales en la entidad, como es el caso de la oposición a la Reforma Educativa, que es liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la expresión opositora al sindicalismo magisterial oficial.
De acuerdo a versiones periodísticas, el pasado 20 de noviembre durante una manifestación urbana retuvieron un camión repartidor de la empresa PesiCo, así como al chofer y los trabajadores de la unidad, por lo cual la embotelladora interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, por robo, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad.
Los jóvenes fueron aprehendidos en flagrancia y remitidos a la cárcel distrital de Loreto, en calidad de detención preventiva, lo que desató una serie de acciones de presión de sus compañeros, debido a que el procurador Arturo Nahle García había declarado a medios de comunicación de Zacatecas, que se les imputaba el delito de secuestro express y que de dictarse sentencia, no lograrían la libertad bajo caución y que, de ser declarados culpables, podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión.
El pasado lunes 2 de diciembre, en una acción coordinada los estudiantes de la Normal Rural “Matías Ramos” bloquearon el acceso principal de Ciudad Administrativa, Secretaría de Educación, Palacio de Gobierno y Secretaría de Finanzas, desde las primeras horas de la mañana, como medida de presión para que liberaran a sus compañeros.
Exigían la mediación del Gobierno del Estado ante la empresa PepsiCo, para que esta última les concediera el “perdón” y, en consecuencia, la liberación de los estudiantes detenidos preventivamente.
La toma de los edificios públicos duró dos días, puesto que el martes en la tarde fueron liberadas las instalaciones, luego de que en la mesa de negociación, en la que participaron una representación estudiantil, padres de familia de los jóvenes detenidos, el Gobierno del Estado, representado por el secretario general de Gobierno, y el procurador de Justicia, Francisco Escobedo Villegas, y Arturo Nahle García, cedieron a la petición.
El pasado jueves, la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Zacatecas manifestó su preocupación por la liberación de los sanmarqueños, bajo la figura del perdón por parte de la empresa y la mediación gubernamental.
“Lo que preocupa es que pudiera generarse alguna resolución producida por un mecanismo no autorizado por la Ley, que pudiera generar la libertad de estas personas, o bien, pudiera sobrevenir una determinación de desistimiento de la acción penal por parte del señor procurador, para que pudieran recuperar la libertad las personas que están detenidas.
“Pero para que un desistimiento de acción penal pueda ser otorgado a una persona inculpada por un delito, se tienen que cumplir una serie de requisitos mucho muy precisos y complicados para reunir por nosotros los abogados”.
El representante de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados resumió el caso con un ejemplo, en el que mostró lo difícil que es obtener un perdón en Zacatecas, bajo un proceso judicial:
“En 27 años de ejercicio profesional hemos tratado de conseguir seis o siete desistimientos de acción penal y les puedo decir que no hemos logrado uno solo. Entonces, si en estos momentos se da, bajo mi responsabilidad y bajo las palabras que yo en este momento les vierto, les puedo decir que sería otorgado de manera irresponsable, que sería otorgado fuera de todo marco legal, y sin ningún sustento legal y constitucional”.
El Gobierno del Estado solucionó un conflicto de carácter político al mediar entre las partes en conflicto, se levantó el plantó el martes, y el jueves se otorgó la libertad bajo ninguna reserva a los cinco jóvenes detenidos, salvo la firma de un documento en el que los estudiantes sanmarqueños se comprometen a no volver a tomar camiones repartidores de la empresa.
Pero el costo social e institucional es muy alto. La sociedad informada observó cómo se puede obtener impunidad tomando edificios de carácter público y presionando de esa manera al gobierno en turno, para poder transgredir la ley e, incluso, obtener canongías de carácter político o social.
Los ciudadanos que conducen sus vehículos en las calles o que acuden a realizar algún trámite de carácter administrativo a oficinas públicas, y que deben detenerse por varias horas o días, que no se les respeta su derecho al libre tránsito a causa del bloqueo de calles o de edificios públicos, carecen de la atención de las autoridades gubernamentales.
Al parecer es más importante solucionar un conflicto de carácter coyuntural que respetar los derechos universales y permanentes de los ciudadanos.
La actual administración obtuvo un salvoconducto sanmarqueño a un alto costo social que evidencia la fragilidad institucional.
¿Los estudiantes respetarán el acuerdo?
Al tiempo.
