Yo Emprendo por Zacatecas: ¿Requiere México una nueva constitución política?
ULISES MEJÍA HARO
El pasado 5 de febrero conmemoramos con orgullo el primer centenario de nuestra actual Constitución, nacida de la Revolución Mexicana, en la que se elevaron a rango constitucional las demandas del pueblo, los derechos sociales y las garantías individuales -hoy derechos humanos- , se le dotó a nuestra Carta Magna de contenido social con normas protectoras a los sectores rural y obrero; se decretó la no reelección presidencial y se eliminó el cargo de vicepresidente, se crea el municipio libre, la libertad de culto, la educación laica y gratuita, la libertad de expresión.
Sin embargo, a cien años de distancia de la promulgación de la Carta Magna, el balance en su aplicación no es el mejor, ya que muchos de los principios y preceptos plasmados en la Ley suprema han sido incumplidos o violados de manera recurrente por la clase gobernante y los gobernados, sin que haya sanción alguna. El primer ejemplo claro de incumplimiento es cuando el Presidente de la República toma protesta como se dispone en el artículo 87 de la Constitución al cargo de mandatario ante el Congreso de la Unión “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”, se gobierna sin respetar las leyes y sin mirar por el bien y prosperidad de la Nación.
El prestigiado constitucionalista Elisur Arteaga Nava en una entrevista publicada en la revista Proceso dice que nuestra Carta Magna se ha convertido en un instrumento de “engaño y sometimiento” con grupos de poder como el Ejército, Iglesia y gobernadores que actúan por encima de ella. La Constitución se ha adaptado o interpretado a favor de la clase gobernante, al grado de que sin cumplir los requisitos legales o con modificaciones o interpretaciones “a modo” de la Constitución llegaron a ser Presidentes de México: Emilio Portes Gil (1928-1930); Pascual Ortiz Rubio (1930-1932); Abelardo L. Rodríguez (1932-1934); Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958); Adolfo López Mateos (1958-1964) y Vicente Fox Quesada (2000-2006.
La Constitución vigente es 2.5 veces más extensa al texto promulgado en febrero de 1917, es un verdadero “mamotreto” por un sinfín de reformas y adiciones que han realizado los legisladores de las diferentes legislaturas, algunas de ellas innecesarias, hechas más en el ánimo de poner el sello de un gobierno, partido político, organización, grupo o sector; incurriendo incluso, en duplicaciones y contradicciones conceptuales o en detalles en el articulado, lo cual en su caso deberían ir en leyes secundarias.
Lo que es peor, otras reformas han sido regresivas, obedecen a intereses económicos de particulares y de los grandes monopolios nacionales y extranjeros como son las reformas de Enrique Peña Nieto mal llamadas “estructurales”, derivadas del supuesto “Pacto por México” como son: la Energética, la de Telecomunicaciones, la Hacendaria y la Educativa, así mismo, la Laboral aprobada con Felipe Calderón; las cuales no han mejorado a la fecha la economía nacional, la competitividad, la creación de empleos, la seguridad, el bienestar social y la cobertura y calidad de la educación; por el contrario, se han incrementado los índices de marginación, pobreza, hambre, desempleo, inseguridad y migración.
Nuestra Constitución es abundante en derechos constitucionales y universales, entre ellos: los derechos a la educación gratuita impartida por el Estado; a la protección de la salud; al trabajo digno bien remunerado; a la vivienda digna y decorosa; a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; al agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para consumo personal y doméstico; a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; el derecho de los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; pero muchos de estos derechos son letra muerta, son buenos deseos, no se cumplen o se cumplen a medias, y no hay sanción a los gobiernos por incumplirlos, ni tampoco existen los recursos suficientes para cumplirlos.
Bajo este contexto, no hay mucho que celebrar en la conmemoración del primer centenario de nuestra Constitución, y si mucho que lamentar, como es la creciente corrupción e impunidad en las esferas del sector público y del privado, el tráfico de influencias, la inseguridad que azota al país, la violación creciente de los derechos humanos, la desaparición de periodistas y de estudiantes, el avasallamiento del poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, entre otros.
No son pocas las voces que proponen una nueva Constitución en defensa de los intereses genuinos de México y del bienestar de los ciudadanos, otros por la desconfianza de la actual clase política, de la cual se integraría en su caso el Constituyente, que ha privilegiado los intereses políticos y económicos de grupos o de particulares sobre los intereses de México, mejor proponen la depuración o restauración de la actual Constitución y hacer valer el cumplimiento de la misma y de la leyes que de ella emanen.
Usted amable lector ¿Qué opina al respecto?
*Maestro en Administración
FB: @mejiaharo
