Ya es delito en Zacatecas el «halconeo», el secuestro exprés y el feminicidio
Zacatecas, Zac.- En una extensa jornada de sesiones, los diputados de la 60 Legislatura aprobaron el dictamen respecto de la reforma integral al Código Penal, iniciativa presentada por el Gobierno del Estado, misma que trabajo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la cual se le integraron algunas propuestas presentadas por varios diputados.
El dictamen se basa en cinco modificaciones básicas las cuales corresponden a la homologación de la terminología con el sistema acusatorio y oral, el aumento de penas corporales y pecuniarias, la creación de nuevos tipos penales, la derogación de algunos delitos y la regulación de algunas cuestiones especificas.
La reforma trata básicamente de un nuevo código penal para el estado, ya que según señala el propio dictamen, hacia 26 años no se adecuaba dicho código a la realidad del estado, la propuesta establece que el estado se regirá en base a un modelo de justicia penal garantista en que se respeten los derechos tanto de la víctima, del ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia.
Entre los aspectos que resaltan de este código se encuentran el aspecto de la asociación delictuosa y facilitación delictiva, en donde se establece que se impondrán de dos a ocho años y multa de 300 cuotas, al que ejecute cualquier acto para obedecer, transmitir o difundir información sobre la ubicación, logística, acciones o estado de la fuerza de las corporación de seguridad pública o de procuración de justicia.
Con esta reforma se castiga a los llamados “halcones”, la misma reforma establece que las penas señaladas aumentarán al doble y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones de servicios del estado o municipios cuando el delito sea cometido por servidores o ex servidores públicos.
Se incluye igualmente en el Código Penal, la figura del Desaparición Forzada, el dictamen señala que comete dicho delito el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Las penas para la desaparición forzada serán de cinco a 40 años de prisión y multa de 200 a 300 cuotas, si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años, si la liberación se hace dentro de los 10 días siguientes a su detención la penas será de dos a ocho años de prisión.
En cuanto a la extorsión, la reforma señala que aquél que, con el ánimo de alcanzar un lucro o provecho, para si o para otro, exija de otro dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando para ello la amenaza de causarle daño moral, físico o patrimonial en su persona o en la persona de otro, la pena para dicho delitos será de dos a 10 años de prisión y multa de 50 a cien cuotas.
Igualmente, se agregó el delito de feminicidio, el dictamen establece que este delito es la privación de la vida de una mujer por razones de género; a quien comenta dicho delito se le impondrán de 20 a 30 años de prisión.
Se agregaron a demás otros delitos como el de propagación de enfermedades y de falsificación o adulteración de productos alimenticios o medicinales, delitos contra revelación de secretos y delitos informáticos, la falsificación y usurpación de identidad, delitos contra la paz, libertad y seguridad de las personas, calumnia, delitos ambientales entre otros.
A la iniciativa se le agregaron dos reservas particulares propuestas por el diputado Gerardo Romo Fonseca y José Olvera Acevedo, respecto del robo de cobre, el cual igualmente ya estará penado.
