Violencia sin descanso
JUAN GÓMEZ *
La violencia en Zacatecas parece imparable.
El pasado mes de diciembre asistimos a uno de los meses más violentos de los que se tengan memoria en el calendario de los hechos delictivos en el estado.
En distintos rumbos del estado los hechos de sangre se han hecho presentes, sobre todo en los municipios de Guadalupe, Fresnillo, Río Grande y Zacatecas.
La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República ha sido acompañada por un incremento de la violencia en el estado y en el país.
Pero si diciembre fue uno de los meses más violentos, enero lo superó. En dicho mes, se registraron oficialmente 50 muertes relacionadas con la actividad de la delincuencia organizada en Zacatecas. Hay que tomar en cuenta que la cifra negra triplica en muchas ocasiones a los partes oficiales.
Cincuenta muertos es más que una cifra negra.
Es, en gran parte, no solo el reflejo del fracaso en la lucha contra la delincuencia organizada en Zacatecas, sino el reflejo de un fenómeno que tiene su origen en la descomposición social, en la falta de empleo; en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, en la impunidad en la impartición de justicia, en el fortalecimiento de los antivalores, en la desintegración familiar y en la incapacidad para proteger la integridad de los zacatecanos.
Hay mucho fondo en esta cifra que debería cimbrar las conciencias de quienes tienen hoy la alta responsabilidad de gobernar al estado.
Es cierto que el gobierno de Miguel Alonso Reyes ha hecho una parte en la atención a la problemática que hoy padecemos.
En la presente administración se ha invertido como nunca en el tema de seguridad. La Policía Estatal Preventiva tiene hoy más de 600 elementos; se han construido dos bases militares en los municipios de Jalpa y Fresnillo.
Asimismo, se han construido las Unidades Regionales de Seguridad en algunos entronques carreteros del estado, y se creó la Policía Metropolitana (Metropol), que reforzará la seguridad en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Por otro la presencia del Ejército Mexicano y La Marina Armada de México, así de unidades equipadas de la Policía Federal Preventiva mantienen su presencia en Zacatecas.
Pero la violencia no ha tomado vacaciones en tierras zacatecanas.
Las 50 muertes violentas hablan por sí mismo del clima de inseguridad que se vive en el estado.
En su segundo informe de gobierno realizado el pasado mes de septiembre el gobernador Miguel Alonso dio a conocer que en materia de seguridad, la administración a su cargo ha invertido mil 500 millones de pesos, una cantidad sin precedentes, sin duda.
Pero los hechos de violencia y los muertos y las muertas siguen apareciendo como hongos en el estado, por doquier.
En Zacatecas las acciones de violencia son cada vez más sangrientas y las bandas delincuenciales cada vez más sanguinarias.
Otro fenómeno que aparece es el de los menores de edad. Muchos de ellos están incorporados al crimen organizado.
Es difícil precisar una cifra pero cada vez son más los jóvenes que protagonizan una balacera o bien, que aparecen muertos en algún lugar del estado, en algún lugar de la zona urbana metropolitana.
La aparición de jovencitas muertas es también otro de los fenómenos que registra el escenario de violencia que vive Zacatecas. Algunas de ellas menores de edad han perdido la vida en los últimos meses.
Los medios de comunicación reportan cotidianamente el número de muertos y muertas que aparecen a veces en un lote baldío o al pie de una carretera. Dan cuenta de las características de los cuerpos y de los hechos. Son puntuales en ello.
Normalmente las autoridades policiacas hacen referencia a que son enfrentamientos entre bandas rivales, que se están matando entre sí.
¿Y?
¿La sociedad zacatecana debe asistir a este espectáculo cotidiano, sin hacer mutis?
El problema es más de fondo.
Los cuerpos policíacos en general tienen serios problemas no solo de capacitación y equipamiento, sino de penetración delincuencial.
“La Policía Federal (PF) informó este lunes que 2 mil 45 elementos de esa corporación reprobaron los exámenes de control de confianza, por lo que 302 ya fueron dados de baja de la institución. (La Jornada, 18 de septiembre de 2012).
El pasado 5 de agosto, el periódico El Universal informó en su sección de Estados que “Los Estados de Zacatecas, Sonora, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México y Colima concentran 48% de los más de 38 mil policías y mandos municipales, estatales y federales que no pasaron los exámenes de control porque mantienen vínculos con el crimen organizado, consumen drogas o no tienen las capacidades físicas y sicológicas para desempeñarse en el cargo”.
La nota informativa está basada en datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y son reveladores de las características de las fuerzas policíacas responsables de proteger a los ciudadanos.
Por cierto, Zacatecas es el estado que registra el mayor número de elementos –más del 50%- que no están capacitados para realizar tareas de seguridad.
Sin embargo la reprobación del examen de confianza entre algunos de los elementos de las policías estatales y municipales, se han convertido en un verdadero problema para separarlos, en primer lugar, por la falta de recursos económicos para liquidarlos.
Pero la problemática que se registra en el estado va más allá de este aspecto que solo refleja un área de la administración pública.
El fenómeno de la violencia tiene que ver también con la gobernabilidad, con el compromiso de los gobernantes con los gobernados; con la responsabilidad ética de mantener el orden y la paz pública.
Cuando los ciudadanos no ven traducido en acciones la responsabilidad de los gobernantes de protegerlos, así como a sus bienes, toman la justicia en sus manos aunque ello contravenga al estado de derecho y a las instituciones.
Los gobiernos no deben mostrar indiferencia y menos aún debilidad ante los hechos de violencia que incluso, pudieran atentar en contra de sus representantes, de sus funcionarios.
El pasado 22 de enero aparecieron narcomantas en contra del general Jesús Pinto Ortiz, Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Zacatecas, acusándolo de apoyar a una de las bandas del crimen organizado.
Empero no se puede únicamente radicar la problemática de la violencia en el episodio de los enfrentamientos, balaceras y acusaciones.
Los 50 muertos tienen atrás una historia de vida y son también reflejo de la problemática social, económica y política que hoy padecemos.
