Violencia con uniforme
SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
“La madrugada del 11 de julio de 2006, la vida cambió en el municipio de Castaños, en la zona central de Coahuila. Elementos del Ejército mexicano entraron a la zona de tolerancia y violaron a 14 mujeres. La historia de violencia ejercida por militares contra mujeres, principalmente indígenas y pobres, se ha repetido a lo largo de la historia de México y, sin embargo, sólo unos cuantos casos se empezaron a documentar, como la violación contra tres niñas indígenas de Chiapas en 1994, cuyo caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El anterior es el primer párrafo de un texto presentado por la que escribe hace 13 años en la Universidad de San Diego California, Estados Unidos, durante la conferencia Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ) y lo recuerdo ahora por obvias razones, la presencia de cuerpos de seguridad, llámense Ejército mexicano o Guardia Nacional no han sido ni son una garantía para la seguridad de las mujeres. El riesgo ha sido sistemático, es el hilo conductor de una historia ignorada que ha pasado de las montañas a las ciudades.
Está hecho, con las reformas a diversas leyes, la Guardia Nacional es parte del Ejército mexicano, se “oficializa” su presencia en las calles del país, algo que ya sucedía sin que nada cambie en el país para que se garantice la vida y la integridad de las mujeres a sufrir toda clase de atropellos por elementos del ejército mexicano ni de la guardia nacional, eso no cambia.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 es clara: 238 mil 221 mujeres de 15 años y más reportaron que “a lo largo de su vida” sufrieron violencia psicológica, física o sexual a manos de elementos del ejército o marina. Siendo la violencia sexual en el mayor número de casos (68.6 %). Seguido de la violencia psicológica (26.9 %) y física (4.3 %).
En el “último año” el reporte de ENDIREH 2021 plantea un total de 86 mil 255 actos de violencia por parte de militares y marino en contra de las mujeres. De nueva cuenta la violencia sexual se presentó en el mayor porcentaje de ocasiones (53.8 %), seguido de la sicológica (41 %) y finalmente la física (5 %).
Comparar estos datos con respecto a los resultados ENDIREH 2016 nos arroja un aumento de agresiones por parte de militares y marino en 2021. En 2016, la primera categoría “a lo largo de su vida” mujeres de 15 años y más reporta un total de 171 mil 471 agresiones por estos agentes. Entonces el resultado también arrojó que estas violencias fueron más en agresiones sexuales (71 %), seguido de la psicológica (22 %) y física (6.4 %).
En la categoría “en el último año”, la ENDIREH 2016 reporta 97 mil 337 agresiones contra mujeres. Violencia sexual (75.9 %); emocional (19.4 %) y física (4.5 %).
En suma, tenemos más agresores de la marina y el ejército si comparamos los resultados de la ENDIREH de 2016 con la recientemente presentada este año de 2021. Y las conductas son las mismas. A las mujeres se les agrede más con violencia sexual.
Una violencia que se invisibiliza cuando se habla que el “gran porcentaje” de agresores es un “desconocido”, categoría que en ambas encuestas es mayor al 70 por ciento, y se minimiza porque junto con “sacerdotes o ministros de culto” fueron los que menos agresiones habrían perpetrado. Pero no quitemos la vista de la cifra son más de doscientas mil mujeres violentadas.
Es cierto, el país cambió con la cada vez más clara presencia del crimen organizado y un modelo de corrupción institucional que se fue perfeccionando al paso de los años. Ya no solo estamos frente al saqueó de los bienes públicos. La manzana se pudrió por dentro y reaccionamos cuando pasamos a las cifras dramáticas de asesinatos y desapariciones.
Esa fue la “justificación” para que Felipe Calderón sacara al ejército a las calles con un altísimo costo para la ciudadanía y en específico para las mujeres.
La estrategia de seguridad, se volvió un motivo de inseguridad para la ciudadanía. La acción de persecución selectiva, como se sabe, engendró un monstruo mayúsculo, uno de cientos de cabezas. Y, por otro lado, las procuradurías y ahora fiscalías, agentes de Tribunales de justicia fueron y son carcomidos por la corrupción. El caso emblemático de Genaro García Luna es la punta más gorda del iceberg. Un asunto que se litiga en Estados Unidos de Norteamérica no en México.
Asesinatos y desapariciones de hombres y mujeres son en extremo graves en nuestro país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga con orgullo que ha bajado ese índice (un tres por ciento) esas no son todavía las cuentas que queremos escuchar y, por otro lado, todavía no se ve la justicia, ese sigue siendo un fantasma para las familias de miles de víctimas, engañadas con la promesa de justicia o vituperadas por exigir ese derecho.
Lo que está comprobado es que, a más presencia de grupos armados, sean oficiales del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, o cuerpos de seguridad pública federal, estatales o municipales, o incluso de los malos, requetemalos, las mujeres estamos en mayor riesgo de sufrir violencia. La historia y el recuento de los hechos lo demuestran y las estadísticas nos ayudan a comprobar lo dicho.
