Valdría la pena analizar despenalización de mariguana en México: CIDE
Aguascalientes, Ags.- Catalina Pérez Correa, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas de Aguascalientes (CIDE), recalcó que se tienen que tomar medidas ante el nuevo panorama internacional en materia de narcotráfico, ya que con la legalización del consumo de mariguana en algunos lugares de Estados Unidos, las ganancias de los cárteles se verán mermadas, por lo que buscarán alternativas para compensar las pérdidas.
“Valdría la pena analizar –dijo–, la despenalización de este enervante en nuestro país, aunque también ello implica los riesgos del impulso por grupos empresariales, lo que podría llevar a situaciones similares a la del consumo excesivo de refrescos, que han llevado a México, a los primeros lugares de diabetes y obesidad.
La especialista declaró que no hay datos en las estadísticas oficiales de muertes causadas por la mariguana, como sí las hay por otras sustancias.
Como parte del trabajo parlamentario de análisis y consulta para la adecuación de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado convocó a una reunión con colegios de abogados, académicos y representantes del Poder Judicial, para dialogar con la doctora en Sociología y Antropología del Derecho
Ahí, la especialista afirmó que el 71 por ciento de los delitos que se perseguían hasta el 2011, a nivel federal, tenían que ver con la posesión o consumo de estupefacientes, actividad que ahora tendrán que atender los estados con las nuevas disposiciones en materia de narcomenudeo, con los costos que ello implica, pues según detalló, un proceso penal significa hasta 12 mil pesos por expediente.
Además, Pérez Correa reveló que tener a una persona en prisión por cuatro años y medio le cuesta al gobierno casi 300 mil pesos, donde contradictoriamente al purgar una pena por “delitos contra la salud”, se expone a enfermedades y otras conductas que no contribuyen a la reinserción social.
Insistió en que los estados deben legislar para priorizar la persecución de delitos, ya que a la sociedad “le duelen más” los crímenes como homicidios, secuestros y violaciones, así como los robos a casa habitación, que las cuestiones relacionadas a la drogadicción.
Además, en la reunión en la sede del Congreso local, señaló que los castigos que se aplican son desproporcionados, ya que mientras un delito sexual se castiga hasta con 14 años de cárcel en promedio, uno relacionado al narcotráfico puede alcanzar los 24 años.
La académica del CIDE expresó que existen alternativas para frenar las consecuencias sociales del consumo de drogas, tales como las campañas de prevención de adicciones, las estrategias de atención y disminución de daños a la salud, entre otras. También recomendó eliminar los “bonos por detención” para los elementos de seguridad, pues sólo propician la corrupción.
Al respecto, el diputado Gregorio Zamarripa Delgado recordó que cuando se realizaron las reformas para que las entidades persiguieran el narcomenudeo, él fue uno de los principales opositores y que incluso se intentó revertir la legislación, hasta que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que era obligatoria.
Gregorio Zamarripa, opinó que perseguir localmente el narcomenudeo conlleva el riesgo de contaminar a las policías locales, por lo que resulta necesario que cada estado, de acuerdo a su idiosincrasia, tenga sus propios ajustes a la legislación penal.
