Urge restablecer la seguridad en México
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
Pese a las diferencias ideológicas, partidistas, sociales, económicas o de cualquier índole que tengamos las y los mexicanos, en lo que sí coincidimos es en la necesidad urgente de restablecer la seguridad en México.
Es claro que los problemas de inseguridad que aquejan al país han superado no sólo a los gobiernos y las instituciones, sino también la capacidad de tolerancia de la población.
Por más que el actual gobierno federal insista en decirnos y hacernos creer que la violencia y la inseguridad se abaten, la realidad se encarga de contradecirlos y ponerlos en su lugar.
En la última década se adoptaron cambios importantes en el sistema jurídico mexicano, especialmente en seguridad pública, tiempo en que fueron creadas siete leyes nuevas, pero pese a ello no se ha tenido la efectividad esperada.
Además, la nación realizó el cambio del sistema penal al acusatorio adversarial, que suponía una mejor administración de la justicia. El plazo para su implementación fue de ocho años luego de su publicación; es decir, en el 2016 deberá concluirse. Hasta el momento sólo 16 entidades federativas lo han adoptado. Este año deberían concluirlo ocho más.
En el 2011, México adoptó las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos.
Casi concluye este 2014 y es imposible asegurar que fueron cumplidas las metas planteadas en materia de seguridad pública, justicia y reinserción social en el país.
Este obligado balance de resultados nos permiten hacer comparaciones para dimencionar el lamentable crecimiento de la inseguridad pública en México.
Baste decir que la administración federal anterior, de extracción panista, terminó con 121 mil 683 homicidios y más de 300 mil desapariciones forzadas.
La actual administración federal priista, de acuerdo a información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), registró del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio del 2014, un total de 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo; mientras que en los primeros 20 meses de la administración pasada -del 1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008-, la suma fue de 43 mil 694. Esto es, el gobierno federal actual supera con 14 mil 205 homicidios a su antecesor.
Los datos más recién dados a conocer por el SNSP, señalan que de enero a septiembre de 2014 se registraron 27 mil 347 homicidio; mil 529 secuestros y 4 mil 988 extorciones.
Las tres entidades con mayores índices de homicidios son: Estado de México, con 3 mil 365; Guanajuato, mil 962; y Chiapas, mil 283.
En cuanto a delitos del fuero común, el SNSP refiere que de enero a septiembre de 2014 se cometieron un millón 213 mil 884 delitos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que sólo el año pasado se cometieron 33 millones 100 mil delitos, por lo que 10 millones 700 mil hogares en el país tienen alguna víctima de la delincuencia.
Lo más alarmante es que en 31 millones de delitos cometidos no se inició averiguación previa, lo que constituye un 93 por ciento de impunidad. Sólo en el 6.2 por ciento de los delitos cometidos se inició averiguación previa, y de este número, casi en el 50 por ciento, no pasó nada o no se resolvió la denuncia.
Como país ocupamos el quinto lugar entre las naciones con un mayor número de policías por cada 100 mil habitantes, al reportar 366; mientras que la media internacional se sitúa en 225. Ello demuestra que más policías no significa mayor seguridad.
Se estima que el costo de la inseguridad y el delito para México el año pasado ascendió a 213.1 millones de pesos, esto representó el 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto.
Información proporcionada por especialistas en el tema de seguridad confirman que el 71.5 por ciento de los municipios del país se encuentran capturados o controlados por el narco.
Llegó la hora de resolver de fondo los grandes problemas de México y por ello el Partido de la Revolución Democrática diseñó una serie de propuestas puntuales, que serán sometidas al debate público, a partir de los siguientes Ejes Temáticos:
Enfrentar la corrupción; cerrarr el paso a la impunidad en el sistema de procuración, administración de justicia y readaptación; atender la falta de oportunidades; corregir la dispersión e ineficacia del sistema nacional de seguridad pública; y adoptar medidas eficaces en materia de prevención de la violencia.
Propuestas que parten desde una perspectiva de atender la emergencia actual sin dejar de observar las necesarias transformaciones de fondo que modifiquen las condiciones estructurales.
Aunque sería muy largo para esta colaboración detallar las acciones específicas para cada uno de los cinco ejes temáticos, hago de su conocimiento que el PRD elaboró un documento en el que plasma las propuestas para el restablecimiento de la seguridad y la justicia, con el que aporta para resolver esta problemática que tanto lacera a la sociedad mexicana.
*Consejero Nacional del PRD
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