Una visión política municipalista, ciudadana y de profunda vocación social
LUIS GERARDO ROMO FONSECA *
La gestión municipal representa un pilar en la resolución de los grandes problemas que aquejan a nuestro país; es decir, no solamente requerimos de un gobierno federal y de gobiernos estatales fuertes, sino también de autoridades locales sólidas. En este sentido, los municipios, como la autoridad más cercana a la realidad y los problemas cotidianos de los ciudadanos; y donde se encuentra el equilibrio básico en la relación entre el gobierno y la ciudadanía, deben fortalecer sus espacios autónomos de acción y que éstos puedan ejercer sus atribuciones de una forma más eficaz en beneficio de sus habitantes.
El municipio, debido a su estructura política compleja, requiere de una base jurídica moderna y funcional que responda a las crecientes demandas sociales y contribuya efectivamente al bienestar de las y los ciudadanos. A pesar de las reformas al Artículo 115 Constitucional -que en materia de planeación facultó a los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano y a participar en la elaboración de los planes de desarrollo regional-, el marco jurídico municipal consagrado en nuestra Carta Magna todavía resulta insuficiente para el pleno desarrollo de este orden de gobierno.
Uno de los problemas que aún persisten, lo observamos en la inequidad fiscal entre federación, estados y municipios, porque a nivel general en México, los cabildos se encuentran en un equilibrio institucional muy precario y tienen que encarar múltiples necesidades con recursos limitados; apenas suficientes para cubrir su gasto operativo. En razón de ello, es indispensable dotarlos de una mayor capacidad presupuestal y así fortalecer su autonomía.
Para lograr estos objetivos, primero necesitamos superar ciertas debilidades estructurales, impulsando una nueva ordenación institucional de los gobiernos municipales a través de una reforma política, dirigida a una descentralización efectiva para erigirlos como un actor protagónico de nuestra vida institucional. En consecuencia, en el marco de un nuevo federalismo tenemos que procurar el ejercicio de una real división de poderes; incluir la transferencia de responsabilidades, competencias, toma de decisiones, autonomía de gasto y recursos suficientes; en suma, mejorar la eficiencia técnica, administrativa y financiera de los municipios. De no cumplir con este objetivo, a nivel territorial corremos el riesgo de acentuar las diferencias y desigualdades entre las diversas regiones del país.
Por otro lado, la gran diversidad de municipios en México no permite emitir diagnósticos homogéneos y, por tanto, proponer soluciones y estrategias rígidas para su desarrollo. Esta diversidad de la realidad municipal, nos obliga a plantear alternativas desde la propia comunidad para un mejor diagnóstico de los retos de cada ayuntamiento y abrir espacios de gestión. Precisamente, en el caso particular de Guadalupe, uno de los principales compromisos de nuestro proyecto político consiste en abonar a la transformación y reforma del Estado que conduzca a la construcción de nuevas relaciones entre sus niveles de gobierno y con el concurso de la sociedad: la dirección de las políticas públicas deben ser establecidas por los ciudadanos y a través de grandes consensos. Es por ello que nuestro proyecto plantea la aplicación de programas bajo un enfoque transversal que vincule horizontalmente las distintas acciones del Estado. Estamos comprometidos la conformación de un Estado democrático, social y de derecho, en el que el orden de gobierno municipal vaya de la mano estrechamente con la ciudadanía, donde la transparencia en la administración de los recursos y el diseño de los programas y acciones de gobierno municipal, sigan los lineamientos de la ciudadanía y estén bajo su escrutinio permanente.
Afortunadamente, hasta ahora Guadalupe ha transitado por el camino correcto pese a un contexto nacional y estatal muy complicado, sobre todo, por la desigualdad y la pobreza; por el desempleo y la expulsión de fuerza de trabajo al exterior; un deficiente y rebasado modelo de desarrollo para el sector agropecuario nacional, así como por la baja calidad en los diversos niveles del sistema educativo y el escaso desarrollo científico y tecnológico.
Sin embargo, desde los espacios locales tenemos la gran oportunidad de vincular el desarrollo económico con el social, potenciando la contribución de las capas productivas de las regiones al desarrollo; incrementando la inyección de recursos para los programas integrales de combate a la pobreza y, de esta manera, equilibrar el acceso a las oportunidades en la sociedad. La equidad y el desarrollo económico sustentable son elementos de una misma estrategia, porque el desarrollo social no puede descansar exclusivamente en políticas asistencialistas; de igual manera que el crecimiento económico no puede, por sí mismo, asegurar el logro de objetivos sociales.
En este sentido, para disminuir la pobreza y la exclusión tenemos que poner el énfasis en el desarrollo de cada individuo; en mejorar el recurso humano –que es nuestro mayor activo- a través de la profundización de los derechos políticos, sociales y económicos de todos, en especial, de los grupos con mayores carencias y vulnerabilidad. Sólo a través de la superación de la inequidad social, regional y sectorial podremos consolidar una democracia efectiva, es decir, de abajo hacia arriba; éste es precisamente, el sentido de nuestra propuesta municipalista, ciudadana y de profunda vocación social para Guadalupe.
