¿Un retroceso las reformas para las mujeres enviadas por la presidenta?

SARA LOVERA

En la  lucha ideológica y política  del feminismo lo más  cruento fue lograr que en leyes, declaraciones y acuerdos internacionales los gobiernos asumieran la discriminación y la violencia contra las mujeres como un asunto de Estado y de derechos colectivos.  Costó 50 años derribar  resistencias patriarcales.  Ello rompió la idea de que la violencia  machista  se arreglaba en casa como asunto privado.

De modo que  los derechos de todas las mujeres hoy son asunto de Estado.

La iniciativa de reforma constitucional,  las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, laborales, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, del sistema de seguridad pública y los códigos de procedimientos penales, civiles y familiares, presentada como un avance no lo es. Además no hay  diálogo ni discusión, las observaciones son conceptuales y políticas. Aprobarlas acabarán significando pasos atrás. Tal vez  ya es tarde, si  lo aprobado en el Senado se acuerda sin chistar, en diputados y luego en  congresos estatales.

Las expertas dicen que es  un retroceso porque   la reforma al Artículo 4º constitucional reduce las garantías del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sólo al ámbito de la seguridad pública”,  policíaca.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia (2007) y  la normatividad relacionada hacen énfasis en que la respuesta del Estado debe ser integral, de todas sus instituciones y poderes, a fin de que articule  acciones tanto en el ámbito público como privado.

¿Por qué ahora se busca presentar como avance en la protección de los derechos de las mujeres una redacción que en realidad desmantela en su base dicha protección?

La iniciativa elimina la especificidad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por un lado, ampliándolo a todas las personas y, por el otro, mezclándolo con los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En la reforma  se utilizan cuatro términos distintos. El Artículo 116, mantiene su especificidad para las mujeres, pero en el Artículo 73 cambia el término a violencia de género; en el Artículo 4º constitucional se presenta como un derecho general de todas las personas, pero en este mismo y en el Artículo 21 señala que las garantías deben ser reforzadas para mujeres, niños, niñas y adolescentes, sólo en el ámbito de la seguridad pública.

Rompe la especificidad y sentido de la Ley de Acceso,  quita  a las mujeres del centro y elimina la idea de una  Ley Integral, que tiene  políticas públicas y responsabilidades para los tres órdenes de gobierno. Reducirlo al ámbito de seguridad pública, es desconocer  lo que sucede en las cuatro paredes de la casa.

Las   propuestas no  cumplen con los elementos básicos,  ponen en riesgo lo logrado hasta la fecha, avances  que durante décadas diseñaron y difundieron expertas y feministas en todo el mundo.

Las expertas:  Marcela Lagarde y de los Ríos, autora de la ley de Acceso, a Imelda Marrufo Nava, Lydia Cordero Cabrera, Aimeé Vega Montiel, Wendy Figueroa Morales, Dafne Peña Vera, Ana Yeli Pérez Garrido y Andrea Medina Rosas, recuerdan que   los debates que tuvieron lugar entre 2005 y 2012 para consolidar la ley de acceso, tuvo siempre  resistencia a nombrar la violencia contra las mujeres, superados prejuicios fue un avance.

Estas reformas  ponen en riesgo la claridad de la obligación del Estado en materia de derechos humanos frente a esta violencia, que tiene como causa y consecuencia la discriminación contra las mujeres, desde las relaciones personales a las sociales y políticas, Pero hoy   se vuelve atrás. Si el paquete no se aprobó ayer  en diputados, todavía hay tiempo de evitar este despropósito. Veremos.