Transparencia vs corrupción
CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID
La Ley de Transparencia es una de las herramientas más eficaces con que cuenta la ciudadanía para combatir la corrupción. El derecho a la información es, sin lugar a dudas, uno de los avances más importantes de la democracia mexicana.
Su efectividad probada ha puesto a temblar a gobiernos estatales, municipales y al federal. Tan es así, que ahora este derecho a saber se encuentra amenazado por la Presidencia de la República, que envió al Senado una propuesta para modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, con el objetivo de limitarla y “achicarla”.
Así es. Ahora, Enrique Peña Nieto propone al Congreso de la Unión modificar la Ley de Transparencia, que es considerada una de las más avanzadas del mundo, para limitarla y afectar con ello el derecho de la ciudadanía a conocer todos los actos de gobierno.
No es de sorprender esta “negra intención” que sale de Los Pinos. Sobre todo si tomamos en cuentan los recientes escándalos de la Casa Blanca, “propiedad” de Angélica Rivera, y de Ixtapan de la Sal, de Peña Nieto; así como la salida a la luz pública de los inmuebles que en el país y el extranjero tienen muchos gobernantes o ex mandatarios.
Uno de los avances que considero importantes en materia de transparencia es la aplicación de sanciones económicas a las y los funcionarios que incumplían con ésta. Ya que ese cambio permitió que se acatara a cabalidad.
Sin embargo, resulta que desde la Presidencia de la República han propuesta eliminar las sanciones económicas y volver a los principios de la legislación, cuando su acatamiento era voluntario o sólo llamadas de atención, sin repercusión de ningún índole.
Ampliar el catálogo de información reservada es otra de las sugerencias emanadas desde la Presidencia de México. Esto representa un grave riesgo para la transparencia, ya que a contentillo o intereses de quienes se encuentran en las esferas de poder se podrá determinar qué información se “ocultará” por largos años.
En resumen, Enrique Peña Nieto, con el apoyo de la Bancada del PRI y sus secuaces en la Cámara de Senadores, pretende dar al traste con los avances alcanzados en México en materia de Transparencia y, con ello, violentar el derecho a la información de la población.
Más grave aún es que con ello pretende permitir la corrupción. Sí, porque al acotar los alcances y funciones de la legislación se abre la puerta para que funcionarios y gobernantes manejen a su antojo los recursos públicos, la entrega de prebendas y los contubernios.
Como ejemplo de ello baste con recordar el escandaloso tema de la costosa y enorme casa en Ixtapan de la Sal, que un constructor “vendió” a Peña Nieto a cambio de obtener contratos por más de cien millones de dólares, cuando era gobernante en el Estado de México.
Sin los controles anticorrupción que representa la Ley de Transparencia, otra vez volveremos a los tiempos de antaño, cuando los gobernantes eran “dueños y señores” de los presupuestos públicos, los manejaban a su antojo y entregaban de manera discrecional.
Sí, estaremos de nuevo en esos tiempos de los dinosaurios, que entraban al poder en la medianía y salían con fortunas exorbitantes, mientras mantenían al pueblo sumido en la pobreza y el abandono.
Ante ese intento de grave retroceso en materia de transparencia propuesto por Peña Nieto, el partido de la Revolución Democrática, a través de su bancada en la Cámara Alta, dice no a las modificaciones que pretenden limitar ese derecho.
El PRD no cederá en la negociación de la reforma secundaria en materia de transparencia y nos sumamos a la preocupación externada por organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en el sentido de que se busca afectar gravemente el derecho a la información, para abrir “manga ancha” a la corrupción.
No permitiremos que se dé una regresión en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información tal y como se sugiere en las observaciones «técnicas» enviadas por la Consejería Jurídica de Presidencia a la Cámara Alta.
Ante esta embestida contra la transparencia considero necesario construir un consenso entre las fuerzas políticas para evitar que el PRI y Peña Nieto se salgan con la suya, mediante la utilización de la conocida “aplanadora”, porque por encima del interés de ellos, están los intereses del pueblo y sus derechos humanos de tercera generación.
*Consejero Nacional del PRD
