Torpezas de gobiernos anteriores se responden ante la ley: Huízar

Zacatecas, Zac.- Sí hay ya una denuncia penal en contra de Eduardo Ruiz Fierro, ex oficial mayor; seis inhabilitaciones, además de multas económicas y apercibimientos públicos y privados para los ex funcionarios de la pasada administración, responsables del irregular manejo de los recursos públicos, aseguró Guillermo Huízar Carranza.

Sin embargo, bajo el argumento de que sería “tortuoso”, eludió los cuestionamientos de los diputados, y se negó a ventilar los nombres de los funcionarios involucrados. Dijo que después entregaría, personalmente, a cada uno de los diputados, esa información.

Al presentarse ante el pleno de la 60 Legislatura, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Alonso Reyes, el contralor interno dejó en claro que en ninguno de los 59 procedimientos en contra de los ex funcionarios ha habido negociación ni carpetazo.

“La Contraloría no ha sido vencida en ningún caso”, atajó ante los diputados locales.

Huízar Carranza detalló que al iniciar esta administración, encabezada por el priísta Miguel Alonso Reyes, arrancaron una serie de auditorías, para saber el estado en el que se recibía la administración pública, encontrando malos manejos por mil 707 millones de pesos, en los que estaban involucrados 59 ex funcionarios.

Igualmente, señaló el contralor, se dio seguimiento a investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por el desvío de 174 millones de pesos, involucrando a 23 ex funcionarios.

“De ese universo, seis funcionarios nunca han presentado prueba alguna a la dependencia, incluida ahí la ex gobernadora Amalia García. Todos ellos se han amparado, alegando en esencia inconstitucionalidad de Ley de Responsabilidad de los Funcionaros Públicos, por la ausencia del referendum del titular del ramo”, dijo.

Sin embargo, expresó, a los seis ex funcionarios les fue negada la protección de la ley. Por ello, llevaron su caso ante el Tribunal Colegiado del Circuito 23, recayendo sentencia definitiva en cinco casos.

“Ahora solo queda pendiente el de Amalia García Medina, cuyo caso, curiosamente, la Suprema Corte de Justicia atrajo. Este se encuentra en la Primera Sala, misma que el 26 de octubre dictaminará”.

Guillermo Huízar expresó que otros seis presuntos responsables del mal manejo de los recursos ni aportaron pruebas ni se ampararon; “de ellos, la mitad están citados y el resto tienen en vía la notificación de la sanción recaída”.

El contralor comentó que del total de los ex funcionarios bajo investigación, 53 acudieron a presentar documentos, con muy poca suerte. Y así 26 ex funcionarios ya han agotado la presentación de pruebas y están esperando la notificación de su sanción que consiste en tres absoluciones, un apercibimiento privado, cinco multas económicas, seis inhabilitaciones y una denuncia penal, el resto está en proceso su calificación”.

Los 21 casos restantes están citados para audiencia.

Soy un Hombre Feliz

Seguro y bien plantado, Guillermo Huízar dejó en claro a los legisladores locales que él es “un hombre que vive feliz, no soy un hombre de venganza ni de odios, y mi actuar es de responsabilidad institucional. Las torpezas de los anteriores gobiernos se responden ante la ley, no ante el contralor”.

Y fue más allá cuando, enérgico, señaló: “El problema de Amalia García, no es con Guillermo Huizar es con la ley bajo un procedimiento debidamente sustentado. Aquí no hay ningún odio”.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, el contralor expresó que ahora pareciera “que los ex funcionarios son santas palomitas, pero ellos nunca han estado descobijados ni alejados de la mano de Dios ni de la justicia, pues han tenido toda la libertad de acudir a las instancias pertinentes a defenderse”.

Pero, les dijo desde la Tribuna del Congreso, “por desgracia para ellos, la vía constitucional no les funcionó, y aunque destacó que cinco de los casos se quedaron en esa instancia y “ya fueron resueltos”, el de Amalia García está en espera de la resolución de la Corte.

Si Están Gordos o son Peces no me Importa

De igual manera, al cuestionamiento del diputado panista Osvaldo Contreras, de que no había atrapado “ni un charal”, Guillermo Huizar fue claro: “Si están gordos o son peces no me interesa, no los ando pesando, eso es lo de menos, para la Contraloría son funcionarios sujetos a proceso, y algunos ya con sanción”.

Reconoció que dichas sanciones emitidas generarán ahora una “nueva guerra jurídica, se abrirá un nuevo capítulo jurídico el cual nadie puede impedir, es su derecho defenderse y yo no tengo forma de retrasar ni adelantar los tiempos”.

Contraloría no Cobra

Guillermo Huízar aclaró a los legisladores, con respecto a los préstamos otorgados a particulares por parte de la administración gubernamental pasada, que la Contraloría, no se dedica a cobrar, por lo cual les pidió que le especificaran en qué lugar se facultaba a esa instancia a ir en contra de particulares.

“Independientemente de que se cobren o no, a la Contraloría le interesa únicamente el hecho de que un funcionario, sin atribuciones legales, se puso a prestar dinero como si fuera de él. Lo que se sanciona aquí es la conducta de haber prestado sin atribuciones, sin partida presupuestal, sin intereses, sin documentos ni garantías para cobrar”. En este hecho dijo, hay tres funcionarios, incluida Amalia García.

“Yo Dormiré Plácidamente”

Ante las acusaciones que le hiciera el diputado perredista Juan Mendoza, de que había contratado al despacho de Luis Alfonso Santos, “su socio”, para que llevara a cabo auditorías, con contratos millonarios, Guillermo Huizar se defendió:

“A mí no me asusta con el petate del muerto, trae usted los argumentos de un personaje investigado por la Contraloría”. Y en tono de burla le dijo que era lamentable que su fuente de información fuera una columna política “es válido, cada quien…”.

Y retó al legislador perredista a que presentara elementos probatorios de sus dichos pues, de lo contrario, “deberá retractarse públicamente de esa infamia”.

De cualquier forma, aclaró que la dependencia a su cargo tiene la facultad de contratar a despachos para que realicen auditorías a los organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Cultura.

“Pero le informo –le dijo al perredista– que la Contraloría no realiza contrataciones masivas”. Y reveló que en estos momentos realizan este trabajo los despachos de Benjamín Venegas, Fidel Cortés, Enrique Dávila del Real, entre otros.

Y para concluir le dijo: “Yo voy a dormir plácidamente, no me preocupa en lo más mínimo lo que usted dice”.