Telón de fondo: corrupción de FCH
LILIA ARELLANO
Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza: Louis de Bonald
Con el telón de fondo de un proceso electoral que le es adverso, y que se desarrolla en medio de un clima de inseguridad; con un débil y vulnerable régimen democrático que enfrenta “el desafío de mantener condiciones de gobernabilidad y estabilidad”, Felipe Calderón se reunirá el próximo 24 de marzo con el papa Benedicto XVI, a quien entregará el “regalo” de la reforma legal que reconocerá la “libertad religiosa” en México, y el siguiente 2 de abril, en Washingon, D.C., se reportará con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, con quienes negociará el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y establecerá –o recibirá mejor dicho- los lineamientos en materia de seguridad regional.
En el plano doméstico, la semana cierra con tres aspectos que tienen que ver con la enorme y profunda corrupción del régimen calderonista -que le cuesta al país el equivalente a 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en el 2011 en 14 billones 352mil 862 millones de pesos, es decir, más de 1.29 billones de pesos-: la contraofensiva del llamado “moreirazo”, toda vez que tres jueces de Distrito de Coahuila ordenaron al Gobierno del Estado entregar documentos que prueben el destino que tuvieron los casi 36 mil millones de pesos de la deuda de la gestión de Humberto Moreira; la descalificación del proyecto del ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, que plantea liberar a la francesas Florence Cassez, con lo que se pretende proteger uno de los principales alfiles del calderonismo, el titular de la SSP, Genaro García Luna, y al propio inquilino de Los Pinos; y las movilizaciones magisteriales en rechazo la dirigencia caciquil de Elba Esther Gordillo y de la Alianza por la Calidad Educativa.
De capital importancia para el país serán los temas y los compromisos que asuma –o le obliguen a asumir- a Felipe Calderón en sus entrevistas con el papa Benedicto XVI y con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Al sumo pontífice de la Iglesia Católica de origen alemán, le entregará un regalo nada despreciable en la Casa del Conde Rul, en la ciudad de Guanajuato, el cambio al Artículo 24 de la Constitución, que aprobaron en contubernio las fracciones parlamentarias del PRI y PAN, y que va en contra del espíritu de los constituyentes de 1917. El embajador mexicano ante la Santa Sede, Héctor Federico Ling Altamirano, confirmó que entre los temas a abordar de la “agenda no negociable” está el derecho a la vida, la familia, el aborto, la eutanasia, la investigación de células animales, la píldora del día después”.
Los preparativos para recibir a Benedicto XVI corren a cargo de la Conferencia Episcopal, la Nunciatura Apostólica, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Presidencia de la República y las autoridades de Guanajuato. Se espera que unas 500 mil personas lleguen a la ciudad de León durante los días de la estancia papal, del 23 al 26 de marzo que se sumarán al millón y medio de habitantes que tiene esa ciudad. Ling Altamirano aseveró que la seguridad del Joseph Ratzinger esta garantizada y explicó: “el 90 por ciento del peligro potencial de un acto indebido contra el papa se elimina poniéndose a pensar quién ganaría atentando contra él. Si alguien se propusiera matar al líder católico y lo lograra, ¿qué ganaría?, se cuestionó y añadió: “el crimen organizado quiere sus rutas libres para que transite la droga, otros simplemente aunque no quieren al Papa, tampoco lo odian. Cualquiera sabe que ponerse contra la Iglesia Católica es un paquete muy pesado, eso reduce muchísimo las amenazas”.
Por lo que toca a la cumbre EU-Canadá-México en Washington, D. C., que se realizará el 2 de abril, debido a que a pesar de estar programada a finales del año pasado en Honolulu se pospuso por la todavía no aclarada muerte de José Francisco Blake Mora, el 11 de diciembre de 2011, Obama, Harper y Calderón abordarán la agenda trilateral y fijarán prioridades para los próximos meses. Punto sobresaliente será la agenda económica regional como consecuencia de la presidencia mexicana del G-20, de la Cumbre de las Américas, que se celebrará el mes próximo, y la prioridad que se le está dando a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). En cuanto a la seguridad regional, bueno los lineamientos ya los dieron a conocer tanto la secretaría de Estado, Hillary Clinton, como la de Justicia, Janet Napolitano, y por supuesto los generales del Pentágono, así que poco habrá de añadirse.
Punto a tratar lo será sin duda el hecho -resaltado por el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés- de que México va a unas elecciones presidenciales bajo un clima de preocupación por la inseguridad pública y desafíos en torno a las inquietudes que se presentan en la aplicación de la legislación electoral vigente. En el foro “La Cooperación entre organismos electorales”, Valdés reiteró que el IFE hará lo que le corresponde y ofrecerá los resultados “transparentes” el mismo día de la jornada electoral del 1 de julio, y llamó a los partidos políticos a anteponer la civilidad y, sobre todo, aceptar sus derrotas.
CORRUPCIÓN AHOGA
Una de las principales características de la administración que encabeza Felipe Calderón es precisamente la corrupción como lo confirmó, por si todavía existían algunas dudas, el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio de la cuenta pública federal, que demostró que la gestión el michoacano es “ineficaz” y que hace un uso indiscriminado de recursos de la Nación manejados discrecionalmente a través de fideicomisos sin fiscalización, entre otras muchas irregularidades. El año pasado ya el Índice de Corrupción de Transparencia Mexicana alertaba que en la primera mitad del gobierno del actual inquilino de Los Pinos el costó de la corrupción en México aumentó a 32 mil millones de pesos, desde los 27 mil millones de pesos que registraba en 2007.
También la firma KPMG, en un estudio que refleja la percepción y visión de los principales sectores empresariales del país en México, alertaba desde el año pasado que la inseguridad junto con la corrupción son los principales frenos para la inversión en el país. Según el Foro Económico Mundial (WEF) el costo de la corrupción en México es equivalente al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por eso la creación de otro organismo público más para combatirla no levanta mucho entusiasmo en cuanto a los resultados que pueda alcanzar dado el estrepitoso fracaso que han tenido sus antecesores.
A pesar de todo, el Senado aprobó el “martes 13” pasado la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción para, dicen, sancionar a quienes incurran en esa práctica en los tres niveles de gobierno, y además elevó a rango constitucional ese ilícito. Esta fiscalía será otro órgano autónomo, con presupuesto propio por supuesto, y presuntamente perseguirá el lavado de dinero, así como el uso de recursos de procedencia ilícita y, novedad, actuará de oficio cuando se trate de delitos contra la economía nacional cometidos por cualquiera de los integrantes de los poderes de la Unión, de las entidades federativas, municipios y organismos constitucionales autónomos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Banco de México o Instituto Federal Electoral.
Mientras, existen órganos creados con fines similares que no sólo no funcionan sino que se han convertido en garantes de impunidad para los integrantes del poder en turno y claros ejemplos de esto los tenemos en el calderonismo, pero también en los actuales gobiernos estatales. Los actos de corrupción se persiguen sólo cuando son cometidos por adversarios o enemigos políticos y con claros fines electorales o de conservación del poder. Así se explica la insistencia de los integrantes del PAN en el poder en el llamado “moreirazo”, en la protección a Genaro García Luna en el caso de Florence Cassez, y en el contubernio que existe entre la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo.
Por esas razones, un juez federal, Eduardo Torres Carrillo, Juez Primero de Distrito en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó por lo menos cuatro órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del gobierno de Coahuila por la contratación ilegal de dos créditos que ascienden a 2 mil 100 millones de pesos en el Santander. Las nuevas capturas fueron libradas contra Jaime René Jiménez Flores, ex director de Deuda Pública, y Jorge López Alarcón, ex jefe de Departamento por Honorarios, los dos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. También se ordenó la aprehensión de Héctor Javier Villarreal Hernández, ex secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del mismo organismo, ambos prófugos de la justicia.
Al mismo tiempo, dos jueces de Distrito de Coahuila ordenaron al Gobierno del estado entregar documentos que prueben el destino de los casi 36 mil millones de pesos de la deuda del “moreirazo”, a lo cual las autoridades estatales se han negado con el argumento de que no cuentan con ella por haberla enviado a la Fiscalía General del Estado como prueba para la investigación sobre los créditos contratados con documentos falsos. Así, el “moreirazo” sigue dando armas al PAN en contra de los gobiernos de los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, y contra el PRI y su candidato presidencial Enrique Peña Nieto, a quien le están armando su fiestecita.
Otro caso que da cuenta de la corrupción en el país y que tiene una proyección internacional que llevo a una crisis diplomática entre México y Francia, es el de secuestradora francesa Florence Cassez. Luego de que el ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, difundiera su proyecto que plantea liberar a la ciudadana gala, la administración federal ha enfocado sus baterías sobre el mismo. La PGR y la SSP lo han descalificado en días pasado y ahora mandaron a expertos en derecho penal de diversas instituciones y organizaciones a criticarlo y para ello organizaron todo un foro sobre el tema: “Florence Cassez, la prueba y el debido proceso”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y al que por supuesto no faltó Isabel Miranda de Wallace, candidata panista al Gobierno del Distrito Federal y presidenta de la organización Alto al Secuestro. La decisión en torno a este caso habrá que seguirla de cerca pues sin duda nos darán una gran sorpresa los ministros de la “tremenda corte” en torno a la aplicación de la justicia en México.
Y para cerrar esta tercia de actos de corrupción, hay que señalar el caso del magisterio y el enfrentamiento por el control y manejo del sindicato más grande de América Latina. En una amplia jornada de movilización, los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montaron cuatro plantones en Paseo de la Reforma, marcharon sobre esta céntrica avenida, tomaron la zona centro de la Ciudad de México por espacios de seis horas, y reiniciaron negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Desde el mediodía del viernes, maestros de la CNTE, encabezados por Azael Santiago Chepi y Francisco Bravo, de las secciones 22 y 9, respectivamente, se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila, cuyas negociaciones hasta el cierre de estas líneas no habían avanzado mucho, como tampoco avanzaba la circulación en las principales arterias de la Ciudad de México por los bloqueos.
Durante sus manifestaciones, los maestros bloquearon la sede de la Procuraduría General de la República, donde cerraron los accesos, lo que obligó a suspender temporalmente la presentación del plan de trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que presuntamente tiene el objetivo del cuidado y seguimiento del proceso electoral del próximo 1 de julio. Los mentores insistieron en que la Evaluación Universal afecta sus derechos laborales, y la calificaron de ser resultado de un acuerdo cupular. También no quitan el dedo del renglón ante el hecho de que este viernes se venció la toma de nota de Elba Esther Gordillo, y manifestaron su confianza en que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no le otorgue una prórroga. Y como dejar de mencionar el caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) quienes también marcharon el viernes por la avenida Juárez rumbo al Zócalo capitalino .
DE LOS PASILLOS
Mientras las movilizaciones magisteriales continuaban en la capital de la República y en algunas entidades, Felipe Calderón nombró a José Ángel Córdova Villalobos como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Alonso Lujambio. El nuevo funcionario carece de experiencia para desempeñar adecuadamente ese cargo dado que su rama de ejercicio profesional tiene que ver con la medicina y no con la educación. Su nombramiento se debe más a que es un “premio de consolación” tras perder la contienda interna por la candidatura al gobierno del Estado de Guanajuato el pasado 5 de febrero y luego de negociaciones frustradas para ser abanderado del PRI a esa posición.
Andrés Manuel López Obrador respondió a una punzante pregunta de un estudiante de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Lomas Verdes, señalando que además de ser licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, “estoy graduado en la universidad de la vida, tengo el título de dirigente y lo más importante vocación de servicio”. El tabasqueño planteó ante más de 300 estudiantes y maestros de esa institución que es necesario hacer crecer la economía a una tasa anual de seis por ciento, crear un millón 200 mil empleos al año, atender a los jóvenes garantizándoles oportunidades de trabajo y educación, y terminar con la inseguridad pública y la violencia.
* Periodista
