Tello asediado
GABRIEL CONTRERAS VELÁZQUEZ
Las señales de confianza que ofrecían los operadores políticos dentro del gabinete del contador Tello -específicamente en Medio Ambiente y Finanzas- acerca de la posibilidad de que el Gobierno Federal avalara nuevas cargas impositivas en Zacatecas, el día de ayer desmejoraron en buena medida su optimismo.
Las supuestas mesas de diálogo entre algunas empresas sujetas al “impuesto ecológico” y el gobierno estatal, convocadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México, nunca llegaron.
En un primer momento dicho encuentro se calendarizaba para el viernes 10 de febrero. Luego, unos días antes, el miércoles 8, se aseguró que la reunión se trasladaría para el martes 14 del mismo mes. Para el 15 de febrero corrió una nueva especie en la columna “Nombres, nombres… nombres” de Alberto Aguilar en el diario Milenio, donde se consignó que la reunión se realizaría en Zacatecas, ya entonces sin la intervención del Gobierno Federal, para tratar de encontrar “soluciones”. El Ejecutivo nacional comenzaba a dar señales del consenso –con las empresas extractoras- para favorecer la esfera de competencia del cobro de impuestos en el ámbito federal.
Del tal magnitud fue el acercamiento del poderío político y económico de las empresas transnacionales que el día de ayer, en medios de circulación nacional, comenzó a difundirse la decisión de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de presentar desde el pasado 14 de febrero (día en que supuestamente la SHCP moderaría el diálogo entre las partes del conflicto) una controversia constitucional contra el impuesto “ecológico”.
La narrativa del gobierno estatal se vino abajo. Las señales de tranquilidad se difuminaron también la semana pasada cuando los operadores locales del gobierno, deslizaron en algunos espacios de opinión la postura que había tomado el Consejo Estatal de Desarrollo Económico en contra de los nuevos gravámenes.
El órgano creado mediante decreto gubernativo del 4 de Diciembre de 2012 por su entrañable amigo Miguel Alonso (y cuando el contador ocupaba la Secretaría de Finanzas), y que otorga a algunos representantes de la “sociedad civil” facultades deliberativas con respecto al panorama económico estatal en su vertiente estratégica y de planeación, anegó el interés empresarial por encima del proyecto de gobierno.
Tello conocía de antemano la negativa de inversionistas zacatecanos (algunos sin domicilio fiscal en el estado) a acompañar la Ley de Ingresos 2017. Eduardo López Muñoz, ex secretario de Economía estatal, fue uno de los primeros actores económicos en profesar su escepticismo.
De acuerdo a los mensajes publicados en los espacios de opinión a donde más recurren algunos secretarios del gabinete, la reunión del pasado 15 de febrero entre el gobierno y empresarios mineros y cerveceros no atrancó en buen puerto. No había forma alguna de que lo hiciera cuando las posturas invitaban a todo menos al consenso.
Resultado de las insalvables contradicciones, y de la gestión empresarial en contra del Gobierno del Estado, el Consejo de Desarrollo Económico se sumó a los intereses del capital, con información privilegiada que habían dejado correr quienes estaban involucrados directamente en la negociación con el Gobierno Federal.
El saldo: graves acusaciones que ponen nuevamente el dedo en la yaga de la corrupción el papel de la familia en los gobiernos. Los empresarios locales amainaron con hacer del conocimiento público las fuertes inversiones que corrieron en la campaña electoral del contador Tello.
¿Coincidencia? El mismo dato que poco a poco se fue abriendo paso al interior del Revolucionario Institucional en el desarrollo de la campaña, cuando el priismo navegaba la fractura de un proceso interno con múltiples aspirantes, surge en pleno conflicto por los dineros públicos.
Pablo Tello, decían a sotto voce al interior del partido y en el bunker del ahora gobernador, vino a reemplazar a Juan Alonso. El coto de poder económico desde donde le hicieron saber al contador los graves indicios de corrupción del sexenio pasado, ahora le viene a recordar a Alejandro que los intereses políticos tienen un vínculo íntimo con el poder económico.
Después de todo, como hemos advertido en este espacio, pisar callos no es sinónimo de ruptura del consenso sino de un espacio de oportunidad para replantear las relaciones de poder existentes. El contador reafirmó la vocación del Consejo estatal en septiembre de 2016 al iniciar su administración, antes que pensar en su renovación y modificación de sus estatutos. Hoy vive el poder acumulado del mismo gremio.
Con cada movimiento dentro de la coyuntura que vive el gobernador, y unos cuantos de sus operadores, revelan notoriamente que se lanzaron a una lucha ambiciosa por el presupuesto ejecutivo por el simple hecho de ser gobierno.
Sin herramientas de negociación, el poder del gobernador no vendrá de decretos y leyes sin consenso. Le urge restablecer los acuerdos con los sectores políticos y económicos del estado.
Plan B: deslegitimar la impunidad de su antecesor.
Twitter: @GabrielConV
