Sorpresivo traslado de reos de Cieneguillas a Guanajuato
Zacatecas, Zac.- Tras una serie de acontecimientos violentos dentro del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, hoy la filo de las 06:00 horas un grupo de efectivos de la Policía Federal, la Policía Estatal, la Metropol y el Ejército Mexicano realizaron un sorpresivo traslado de 41 reos al Centro Federal de Readaptación Social 12 de Máxima Seguridad de Ocampo, Guanajuato.
La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Jesús Pinto Ortiz, indica las autoridades del Sistema Penitenciario Federal, accedieron a recibir a los reos –30 del fuero federal y 11 del fuero común con penalidades altas–.
El pasado 21 de agosto, en un operativo de seguridad similar, un total de 65 reos que compurgaban penas por delitos vinculados al crimen organizado y otros del orden federal, igualmente fueron trasladados como parte de las medidas de control y reducción de presión.
En esa ocasión, los reos eran 64 hombres y una mujer. De ellos, 54 eran procesados federales, cinco sentenciados federales, y seis sentenciados del fuero común.
La mayoría de ellos estaban internos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Cieneguillas, uno más en Villanueva, y otro en Tlaltenango. Fueron trasladados a los penales federales de Ciudad Juárez, Guasave y las Islas Marías.
El gobernador Miguel Alonso Reyes, tras la riña del pasado 18 de octubre, en la que murieron cuatro presos, insistió al Gobierno de la República para que se hiciera cargo de los reos del fuero federal, dado que las diferencias entre grupos antagónicos son las que provocan enfrentamientos al interior del centro penitenciario.
Por su parte, el procurador Arturo Nahle García, aseguró durante su comparecencia ante la 60 Legislatura, que las indagatorias sobre el secuestro de la ex directora del Cereso, Fabiola Quiroz Zárate, fue una represalia por el traslado a otros penales de reos vinculados a Los Zetas, mientras que se quedaron los del Cártel del Golfo.
Indicó que el traslado de más de 60 reos federales el 21 de agosto, fue una decisión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la cual la ex directora no tuvo nada qué ver, pero “se la cargaron a ella”.
