Sistema Nacional Anticorrupción a los estados para su ratificación
NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En febrero del año 2014, la Cámara de Diputados recibió el Dictamen para la Creación del Sistema Nacional Anticorrupción enviado por el Senado de la RepÚblica, el compromiso número uno en la lista de los 266 firmados por Enrique Peña Nieto.
Fue en diciembre del 2012, cuando el presidente de la República presentó en materia de transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa de Ley para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y la iniciativa donde otorga nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y Protección de Datos, esta última ya aprobada e instalada en funciones con sus siete nuevos comisionados después de un buen proceso de selección en el Senado de la República.
Por fin, la semana pasada fue aprobado en el Senado de la República el Sistema Nacional Anticorrupción con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones.
En el Dictamen se detalla que se crea un Comité, el cual estará conformado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Una de las novedades más significativa es que castigará las conductas ilegales de los particulares.
Establece que el nombramiento del secretario de la Función Pública deberá de ser ratificado por el Senado de la República.
Se crea el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares involucrados en faltas administrativas graves.
Destaca el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, donde se le otorgan atribuciones para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en tiempo real, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna presuntos actos irregulares y se le otorga mayor plazo para que la Auditoría fiscalice la Cuenta Pública.
Serán ya tres fechas para la entrega de informes individuales de auditoría: El último día hábil de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
Otra de las ventajas a destacar es que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación, también fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fondos y mandatos públicos y privados. Promoverá directamente responsabilidades resarcitorias y las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores y promoverá el fincamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República.
Los servidores públicos deberán, bajo protesta de decir verdad, presentar su declaración patrimonial de manera obligatoria.
Se cuestionó por varios expertos que no se incluyera en este dictamen el fuero de los gobernadores, presidentes municipales y diputados, quedando intacto.
Juna Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, en entrevistas recientes, estima dos años para que se ponga en marcha este Sistema, sin embargo, es un buen avance su aprobación.
El martes, el Congreso del Estado de Zacatecas, por unanimidad de votos, aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, sumándose a entidades como el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Sonora, Coahuila y Campeche, entre otros, donde sus congresos locales ratificaron el Dictamen. Cuando se tenga el aval de cuando menos 17 legislaturas locales, se enviará al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que seguramente sucederá en estos mismos días. Estaremos atentos y conocerlo a detalle.
