Sin libertad de expresión y acceso a la información no hay democracia
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El pasado 9 de julio, Article 19, dirigida en México y Centroamérica por Leopoldo Maldonado, presentó el informe: “Derechos Pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México”. Este documento nos da, tanto a las autoridades como a la sociedad, una radiografía profesional y completa del estatus de la garantía de los derechos humanos en nuestro país.
Me interesa destacar algunos de los puntos presentados en el Informe. Primero, la identificación del retroceso que ha sufrido el derecho de acceso a la información, y cómo la principal expresión de ello fue la parálisis —de cinco meses— ocasionada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la falta de nombramientos de Comisionados en el Senado de la República.
El segundo punto a considerar es la falta de infraestructura y conectividad digital en el territorio, situación que profundiza la desigualdad digital y de acceso a la información. El tercero es que, bajo la actual administración federal, continuó el espionaje en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas; tampoco hubo sentencias firmes contra casos anteriores.
De acuerdo con lo presentado, del primero de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2024 se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa, es decir, una cada 14 horas, un incremento del 62% respecto al gobierno anterior. Lamentablemente, el Estado es el actor principal de dichas agresiones. A la fecha se registran, en los últimos seis años, 46 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.
Los profesionales de la información sufren diariamente diversos crímenes que también necesitamos visibilizar como intimidaciones, acoso, censura, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otras. Esta lista les lleva a experimentar exilio o desplazamiento interno forzado. No abona a este contexto las narrativas estigmatizantes desde el poder que buscan restarle legitimidad y valor al periodismo, mismas que pueden generar “cascadas” de acciones que violenten derechos.
Cuando se amenaza a periodistas, nuestras libertades también se ven amenazadas, y nuestro derecho al acceso a la información se pone en riesgo. Las y los periodistas son protectores de nuestros derechos de acceso a la información pública y de libre expresión. Hay que decirlo con claridad: los crímenes contra periodistas y la impunidad que permea dichos actos produce zonas de silencio.
La función del periodismo de investigación es precisamente hacerle ver a la ciudadanía aquellas cuestiones que alguien quiere mantener escondidas. En su esencia, el periodismo devela intereses, acciones ilegales, pactos hechos en la oscuridad que reducen la capacidad que debe tener toda democracia para transparentar información; en una democracia sana, las autoridades rinden cuentas de sus recursos y de sus acciones, pues es nuestro derecho que así sea.
Desde el INAI —y desde los organismos locales de transparencia como el IZAI— reconocemos esta realidad y buscamos tender constantemente puentes con el gremio periodístico. Afortunadamente, a lo largo de los años hemos logrado construir una estrecha relación de colaboración y retroalimentación.
Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es una herramienta tecnológica que ayuda a garantizar el acceso a la información y es también una fuente elemental de consulta para la prensa. Además, incentivos como el Concurso Nacional de Periodismo de Investigación (organizado por el INAI), o la publicación de diversas obras editoriales apoyan en el libre desarrollo de la labor periodística.
Sin libertad de expresión, acceso a la información y periodismo de investigación, una sociedad no puede llamarse democrática. Por ello la importancia de su defensa y su paulatino fortalecimiento.
@JulietDelrio
