Sin financiamiento público a partidos: ¡Hacia una democracia real!
MARTÍN ÁLVAREZ CASIO
La democracia, en su esencia, se fundamenta en la participación activa de los ciudadanos en la vida política, social y económica de una nación. En México, este sistema busca que los ciudadanos, a través de sus representantes electos, promuevan el bienestar y el orden social. Sin embargo, el actual sistema de financiamiento público a los partidos políticos ha sido objeto de críticas debido a la percepción de corrupción que genera.
El financiamiento público a los partidos políticos, concebido inicialmente como una medida para garantizar la equidad en las contiendas electorales y evitar la influencia de intereses privados, se ha convertido en una fuente de controversia. En 2018, se destinaron más de 6,778 millones de pesos a los partidos políticos, una cifra que ha ido en aumento y que muchos ciudadanos consideran excesiva.
La percepción de corrupción en México es alarmante. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa un preocupante lugar 123 de 180 países que se midieron. Por otra parte, los partidos políticos, junto con la policía, son percibidos como las instituciones más corruptas del país, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2021.
Ante este panorama, la propuesta de eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos en años no electorales, parece una buena alternativa para reducir el gasto público y, al mismo tiempo, recuperar la confianza de la ciudadanía. Esta iniciativa busca que los partidos financien sus actividades cotidianas a través de las cuotas de sus miembros y financiamiento privado regulado, lo cual podría incentivar una mayor transparencia y responsabilidad.
La eliminación del financiamiento público en años no electorales podría generar un ahorro significativo para el Estado mexicano, estimado en alrededor de siete mil cuatrocientos millones de pesos anuales. Este ahorro podría ser destinado a otras áreas prioritarias como las carreteras, la educación, la salud o la seguridad, beneficiando directamente a los ciudadanos.
Esta propuesta, no quiere decir que se ponga en riesgo la operación de dichos institutos, ni que abra la puerta a la influencia de grandes intereses económicos en la política, lo cual sería contradictorio al objetivo inicial de la propuesta. Sino que pudieran considerarse otras formas de financiamiento que permite la ley e implementar mecanismos de control y transparencia para evitar este tipo de situaciones.
