Sí se sancionará a servidores que omitan declaración patrimonial

Guadalupe, Zac.- El contralor interno del Estado, Guillermo Huízar Carranza, aseguró que habrá sanciones para los servidores públicos que no presenten en tiempo y forma su declaración patrimonial. “La idea es saber cómo entran y cómo salen los funcionarios al término de su responsabilidad”.

Con la finalidad de instruir a los sujetos obligados sobre la realización de declaraciones patrimoniales, personal de la Contraloría Interna realizó una serie de capacitaciones, mismas que fueron encabezadas por el titular de la dependencia y a la que acudieron trabajadores de 67 dependencias de gobierno.

“Tengo claro que no es obligación de los administrativos encargarse de que el personal que labora en las dependencias presente su declaración patrimonial; pero, si me lo permiten, quiero apoyarme en ustedes para que los más de tres mil declarantes realicen en tiempo y forma dicho trámite”, solicitó el contralor a los presentes.

De igual manera, expresó que el órgano estatal de control tiene la firme convicción de hacer de la declaración patrimonial una auténtica fotografía, que permita descubrir la evolución económica real de los funcionarios de la administración del gobernador Miguel Alonso Reyes.

Guillermo Huízar dijo que el propósito es tener bases de comparación, en el caso de descubrirse un enriquecimiento inexplicable. Asimismo, informó que se tratará de evitar errores, pues anteriormente no se contaba con criterios uniformes para el llenado de la declaración.

Puntualizó que se omitirá el recordatorio que la Contraloría mandaba a los sujetos obligados que no presentaban a tiempo su declaración, pues en el actual periodo lo que se enviará es la sanción correspondiente a lo que marca la ley, que puede ser una multa económica o una suspensión de hasta 15 días sin goce de sueldo, entre otras.

Finalmente, el contralor dejó en claro que los casos en los que se encuentren anomalías que no puedan ser comprobadas, y que se consideren de tipo penal, se harán del conocimiento de la Procuraduría General del Estado y de la opinión pública.