Sí hay intención del gobierno de desplazar a los habitantes de Salaverna: Santiago Domínguez
Zacatecas. Zac.- Durante la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, ante los integrantes de la LXII Legislatura, el diputado perredista, Santiago Domínguez Luna, lamentó que la corrupción que se ha enquistado en las esferas de poder haya generado que la ciudadanía no crea ya en el gobierno aún teniendo documentos oficiales, como en el caso del desalojo de los habitantes de la comunidad de Salaverna, en Mazapil.
En su intervención, Domínguez Luna recordó que en Chalchihuites, hace dos años, demolieron prácticamente toda una comunidad y, a la fecha, los afectados no han sido atendidos.
«En diciembre, en Salaverna, se iban a demoler casas, pero solo se hizo con una, lo que dejó clara la intención del gobierno de desplazar a los habitantes», y afirmó que sí hubo violaciones y son atendibles, por ello se debe privilegiar el diálogo con la comunidad para encontrar la mejor alternativa. «Es irónico que se desaloje a los pobladores y con la falla geológica se permita que la mina siga trabajando, con el riesgo que representa también para los trabajadores por el posible hundimiento»,
En su momento, el diputado Luis Medina Lizalde, de Morena, dijo que lo que está en juego va «más allá de Salaverna y de quién gane», pues lo que se valoraba era que, por primera vez, hay una resolución donde la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CEDHZ) «se toma enserio su papel y ejerce su autonomía».
Por ello, dijo que el asunto ahora era saber si hubo violación o no de los derechos humanos, ya que está constatado que la policía bloqueó los accesos e impedía el libre tránsito, además que no está acreditada la autoría de los dictámenes «tan favorables a los intereses de la minera».
Medina Lizalde señaló en su intervención, que esa falta de credibilidad es lo que genera este conflicto, porque los pobladores «tampoco son suicidas y no se debe poner en entredicho una causa justa».
Por su parte, la diputada Lorena Oropeza Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó a la funcionaria en el sentido de que la participación de los funcionarios de la Secretaría de Gobierno implicados, y manifestó sus duda sobre si había una intención de «desaparecer evidencia o se trata de ocultar nombres», de ahí que insistió en que se debe castigar a quien hubiera intentado alterar documentos oficiales.
El también panista, Arturo López de Lara, asentó que el de Salaverna «es un tema inédito», ya que es la primera ocasión que se rechaza una recomendación, por lo que dicha decisión debe ser motivo de una seria reflexión. Dijo que desde el 2012, el gobierno tiene conocimiento de este problema, pero hasta ahora «ha sido omiso».
Geovanna Bañuelos de la Torre, diputada del Partido del Trabajo, recordó que el conflicto de Salaverna tiene 10 años, y hoy resulta «delicado que se intente tergiversar el debido proceso», y remarcó que si bien la Legislatura no tiene competencia para resolver esta situación, «el tema es saber si se violaron o no los derechos humanos de los habitantes».
Recalcó el hecho de que si a criterio de la funcionaria estatal no se violentaron los derechos humanos, a pesar de que a los habitantes se les notificó y desalojó el mismo día, se les impide el libre tránsito, y nunca se mostró la orden de un juez competente, además que hay dudas sobre el por qué se destruyeron viviendas, la iglesia y la escuela.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Elena Ortega Cortés, reiteró su compromiso con los habitantes de Salaverna, y destacó el hecho de que poblaciones tan altamente vulnerables no se conviertan en un botín electoral, político o económico.
En el caso de Guadalupe Adabache Reyes, legisladora de Morena, afirmó que la comunidad de Salaverna ha padecido la violación de los derechos humanos, por parte de un gobierno que se ha dedicado a velar por los intereses de los que tienen más a costa del pueblo zacatecano. Y asentó que, hasta el momento, el gobierno estatal no ha podido acreditar con pruebas su versión de la historia.
Finalmente, el también diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, expresó que los zacatecanos no requieren de buenas voluntades, «lo que exigen son soluciones reales y comprometidas. Los problemas que hoy tiene la sociedad no son hechos aislados».
Por parte de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista y el Partido Nueva Alianza, uno a uno además de agradecerle a la funcionaria su presencia, se limitaron a preguntar sobre las acciones que para beneficiar a los habitantes lleva a cabo la administración gubernamental, y cuestionar si se habían violado los derechos humanos de los habitantes de Salaverna, a lo que Fabiola Torres siempre contestó que no.
LNY/Redacción
