Si el Estado se ausenta del medio ambiente, todo está perdido
FILOMENO PINEDO ROJAS
La reciente contingencia ambiental de la Ciudad de México es solo una de las múltiples facetas que adopta el grave problema de deterioro que padecemos en el planeta. Se suspenden actividades escolares y la circulación de vehículos en la zona metropolitana, pero nadie puede suspender la devastación de los bosques mexicanos. Del 2001 al 2017 en nuestro país se perdieron 3.2 millones de hectáreas arboladas según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La impotente desesperación del secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Michoacán, al ver que se incendian los cerros arbolados de los municipios de Morelia y Uruapan para plantar Aguacate, lo llevó a la exclamación de “Ya basta, ¡ya párenle a la destrucción de los bosques!”, como último recurso disponible, claro, sin que tuviera ningún efecto.
Cuando en el 2015 México aceptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se comprometió a que para el año “ 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales”, y a como se ven las cosas, se incumplirá, porque en lugar de preservar y restaurar, se observa todo lo contrario.
Para el 2030, el compromiso es mayor aún: “asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y fauna silvestres”
Es cierto que para revertir este desastre que atenta contra la vida humana, como en el caso de la CDMX, y la biodiversidad en su conjunto, se requieren grandes movimientos de ciudadanos amantes de la ecología y medio ambiente, que resistan, protejan, protesten, luchen y contribuyan al cuidado y restauración de la fauna y flora que se pierde de manera incesante. Y claro que hay que impulsarlo desde los ámbitos que cada quien pueda y esté dispuesto. Pero, por lo que observamos, ésto siempre será insuficiente.
Es urgente, también la fuerza de un Estado com-pro-me-ti-do de manera sustantiva con nuestro hábitat. Que haya leyes no permisivas del deterioro del ambiente, pero además, que se hagan cumplir. Que se vigile, se sancione, se llame a cuentas a quien sea necesario y se les haga pagar. Aquí hablamos de empresarios en la minería, desarrollos urbanos, turísticos e industriales, agricultura y las diversas ramas de aprovechamiento maderero. Esto sólo se logra con el poder del Estado porque es quien tiene la capacidad y la obligación de hacerlo, sin favores ni corrupción.
Porque así como se obliga a un civil a plantar diez árboles por cada uno cortado, si se hiciera lo mismo con los taladores legales e ilegales, México no perdería bosques. Al contrario, en lugar de haber perdido 3.2 millones de hectáreas arboladas en los 17 años referidos, texto arriba, contaríamos con 32 millones de hectáreas de nuevos bosques, la fauna silvestre estuviera en otras condiciones y se cumpliría cabalmente con los Acuerdos de París que México también suscribió. De pasada nos ahorraríamos el ridículo de las autoridades de gritar ¡Ya basta, ya párenle!
