Miguel Alonso tiene recursos para adquirir inmuebles y eso no es delito: Huizar

Zacatecas, Zac.- Tres horas después de la denuncia hecha por el diputado perredista Juan Mendoza Maldonado, el contralor interno del estado, Guillermo Huizar Carranza, y el procurador de Justicia del Estado, Arturo Nahle García, afirmaron que el mandatario sí compró el predio de 35 hectáreas, ubicado cerca de la presa de Malpaso, en el municipio de Villanueva, a un precio de un millón 860 mil pesos y no de cuatro, como denunció el legislador.

En conferencia de prensa, ambos funcionarios indicaron que de oficio se investigó la acusación del perredista y se constató que Miguel Alonso Reyes, no ha cometido el ilícito de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, señalaron que se comprobó que el titular del Ejecutivo cuenta con recursos económicos suficientes para adquirir propiedades y entregaron a los periodistas copias de su última declaración patrimonial, en la que consta que es propietario de siete fincas, con un valor total de cinco millones 989 mil 675 pesos.

Guillermo Huizar subrayó que “no es un delito la compra de inmuebles”, y que Miguel Alonso ha adquirido siete de ellos a lo largo de 14 años como servidor público, constatando con ello que tiene los recursos suficientes para hacerlo, debido al sueldo que percibe –que ahora como gobernador es de entre 85 y 90 mil pesos mensuales–, y a que no tiene descendencia, “por lo que puede ahorrar”.

Por su parte, el primer fiscal de Zacatecas, Arturo Nahle, indicó que la acusación de Juan Mendoza de enriquecimiento ilegal del mandatario se siguió de oficio y se constató que no hay delito que perseguir; en cambio, afirmó, ahora vemos un delito que sí hay que en este momento se inicia la investigación, que es en contra de Juan Mendoza, por falsificación de documentos.

El delito en cuestión, dijo el procurador, se comprueba porque el diputado entregó a los medios de comunicación una carta del Notario 9 , Daniel Infante López, donde consta la compra-venta del terreno en el municipio de Villanueva, pero a la cual le fueron suprimidos dos renglones donde consta que el precio de la transacción fue de un millón 860 mil pesos.

El eliminar ese párrafo representa alteración de documentos y, por lo tanto, se comete el delito de falsificación y, por tal motivo, “en este momento se inicia la averiguación en contra del diputado”, acotó el procurador, quien agregó que Juan Mendoza tiene fuero pero se puede iniciar un proceso de desafuero para investigarlo.

Es de recordar que la semana pasada, en sesión del Congreso del Estado, el perredista Juan Mendoza subió a la Tribuna para acusar de enriquecimiento ilícito al gobernador Miguel Alonso, a través de la compra de predios en varios municipios, entre ellos varios en el centro de esta capital, por lo que mostró fotografías.

En respuesta, en la conferencia de prensa semanal de este lunes, el dirigente estatal del PRI, Juan Carlos Lozano, afirmó que se presentarían denuncias por difamación en contra de quienes acusaran a funcionarios del estado y al gobernador sin pruebas.

Esa reacción del líder estatal causó molestia entre los diputados locales del PRD y PT, así como en Alfredo Barajas, legislador recién adherido al tricolor tras abandonar la fracción de Movimiento Ciudadano, quien recordó que los representantes populares tienen fuero constitucional y que el delito de difamación fue eliminado del Código Penal de Zacatecas.

Sin embargo, hoy y con el respaldo de las dirigencias estatales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), Juan Mendoza reiteró sus acusaciones y mostró documentos sobre la compra de la ex hacienda, propiedad de la familia Suárez del Real, cuyos varios de sus miembros están ligados al PRI.