Septiembre negro y Ley General de Protección Civil
ULYSES MEJÍA HARO
México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas. Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad, lo cual se debe al contacto convergente entre las placas de Cocos y la de Norteamérica. Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores (réplicas) en los próximos días de ocurrido el temblor principal. A la fecha no existen técnicas científicas que puedan determinar cuándo o dónde ocurrirá un sismo, tampoco se puede saber su magnitud y sus efectos que tendrá en la población.
El actual mes de septiembre ha sido trágico para México y para muchos de nuestros compatriotas por los dos temblores de gran magnitud, el primero ocurrido el 7 de septiembre a las 23:49:18 horas, considerado el mayor terremoto del siglo, ya que su magnitud fue de 8.2, localizado en el Golfo de Tehuantepec a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, el cual se sintió en el sur y centro del país. Este temblor causó la muerte de 98 personas y dejó a casi un millón y medio de damnificados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, destruyendo miles de casas, cientos de escuelas, hospitales, vialidades y carreteras.
Doce días después, a las 13:14 horas del 19 de septiembre (coincidentemente en la misma fecha que ocurrió el terremoto de 1985, considerado el más mortífero que azotó a la ciudad de México, causando la muerte de más de 20 mil personas y daños materiales superiores a los 8 mil millones de dólares) ocurrió otro trágico temblor de magnitud 7.1, azotando principalmente la ciudad de México y los Estados de México, Morelos, Puebla y Guerrero, causando la muerte de 305 personas y la desaparición de 42 (al corte de esta edición), destruyendo cientos de edificios, decenas de miles de casas, cientos de escuelas, muchos hospitales y cuantiosos daños a la infraestructura carretera, eléctrica y de agua potable.
Al igual que en 1985, en los sismos recientes del 7 y 19 de septiembre se ratificó la solidaridad de las y los mexicanos en las desgracias causadas por desastres naturales y fenómenos geológicos, miles de voluntarios de la sociedad civil se abocaron de inmediato a las labores de rescate de sobrevivientes y de cuerpos humanos; vecinos, estudiantes, maestros, profesionistas, comerciantes, empresarios, obreros, campesinos, inclusive antes que los gobiernos, empezaron a retirar escombros con la ilusión de salvar vidas humanas. En todo el país se han instalado miles de centros de acopio de víveres, agua, medicamentos y materiales de curación, ropa, entre otros, los cuales están siendo enviados a nuestros hermanos en desgracia de la ciudad de México y de los estados golpeados por los dos sismos referidos.
También es de reconocerse la ayuda de cuerpos especializados de diferentes estados del país y de otros países como Israel, Japón, China, Chile; Colombia, Estados Unidos, España, entre otros. Los cuerpos de rescate del sector oficial, privado, sociedad civil y del extranjero han tenido como mando principal a la Marina, quienes han logrado rescatar decenas de sobrevivientes y cadáveres en varios edificios de la ciudad de México como en el Colegio Rébsamen, donde fallecieron 21 menores y 4 adultos.
Lamentablemente ante estos trágicos acontecimientos no faltó el oportunismo político, varios secretarios del gobierno federal y suspirantes presidenciales buscaron los reflectores de los medios masivos nacionales e internacionales, entre ellos, el Secretario de Salud, Aurelio Nuño, quien permaneció muchas horas en el Colegio Rébsamen pendiente del inminente rescate de una supuesta niña de 12 años de edad de nombre Frida Sofía atrapada entre los escombros, hecho que concentró la atención de millones de personas en el país y en el mundo por la cobertura tan amplia que le dio Televisa y otros medios, sin embargo, horas después, vino la decepción de observadores directos y de millones de televidentes al conocerse que Frida Sofía nunca existió, ni era estudiante de dicha escuela, desde mi particular punto de vista, todo fue una cortina de humo, una historia creada por el gobierno y Televisa para desviar la atención de todo lo que realmente estaba ocurriendo en la ciudad de México y en otros estados golpeados por los dos terremotos.
Como hemos visto, queda de manifiesto que ante los desastres de fenómenos naturales y geológicos, la solidaridad del pueblo de México no está en tela de juicio. No opino lo mismo de los gobiernos, los cuales son solo reactivos ante la emergencia, pasada esta, desatienden o mal cumplen las acciones encaminadas a la reconstrucción, al menos esa ha sido la historia de muchos damnificados que han padecido los desastres naturales y sismos ocurridos en el país.
Este tipo de desgracias por fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos debe obligar a los gobiernos a ser más proactivos, transparentes, eficientes y preventivos y no solo reactivos ante la emergencia; se deben impulsar verdaderas políticas públicas de prevención y atenuación de los efectos de este tipo de fenómenos y de los derivados del cambio climático.
Se vuelve importante llevar a la práctica la Gestión Integral de Riesgos, que contempla la Ley General de Protección Civil, es decir, realizar un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, que involucre a los tres niveles de gobierno y a los sectores de la sociedad, lo que facilite la implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos que permita la identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Que Contemple el análisis de vulnerabilidades, capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de protección civil, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta.
Lo anterior implica que la ciudadanía exija una reingeniería del presupuesto y del gasto público, recortando de manera significativa el financiamiento a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral; disminuyendo el número de secretarías de estado, diputados y senadores, el gasto corriente y los salarios en los tres poderes de la Unión y tres órdenes de gobierno, la insultante publicidad de los gobiernos y de todo gasto suntuoso y obra innecesaria o no prioritaria, extinguiendo las pensiones vitalicias de ex presidentes, ex ministros y ex magistrados; para reorientar todos estos recursos a la reconstrucción y al desarrollo económico y social.
