Senado dota de autonomía al IFAI
LILIA ARELLANO *
La democracia necesita una virtud: la confianza. Sin su construcción, no puede haber una auténtica democracia: Victoria Camps
De capital importancia para el país es la reforma constitucional que el Senado de la República aprobó ayer, la cual dota de autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y le confiere mayores facultades en materia de transparencia, además de que obliga a los partidos políticos –sin triangulación del Instituto Federal Electoral (IFE)-, a los sindicatos y a los fideicomisos a trasparentar toda la información sobre sus recursos. El contexto de esta reforma de “gran calado” es el hecho de que la corrupción, junto con la inseguridad, es el principal riesgo de la economía nacional, al grado de que el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año, de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) y de firmas internacionales como KPGM.
Este jueves se abrió un capítulo más en el combate al principal cáncer nacional. Hay que recordar que desde comienzos de la década de los 80 se promovía como prioridad inaplazable una “renovación moral de la sociedad”, que nunca se cumplió. Ya en este siglo, hace 11 años, se anunció un Programa Nacional contra la Corrupción, que le cuesta al país una décima parte de su Producto Interno Bruto (PIB). A lo largo de los gobiernos federales panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, no se registró ninguna evolución sustantiva sobre este problema, tan sólo hay que recordar la ofensiva riqueza de los allegados al guanajuatense, principalmente los hijos de su esposa, Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca Sahagún, y en el pasado reciente a los integrantes del círculo cercano del michoacano, que impunemente desaparecieron miles de millones de dólares, sin que hasta el momento hayan rendido cuenta alguna.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha publicado estudios que señalan que el impacto de la corrupción en territorio mexicano se mantiene en alrededor de 10 por ciento del valor de la economía, además de que las empresas, en promedio, le destinan un porcentaje similar de sus ingresos para poder operar. Esto se debe a que la corrupción les genera beneficios inmediatos: evita que las operaciones de las firmas se detengan y los costos se eleven, lo que beneficia a trabajadores, proveedores y consumidores. No obstante, a la larga su costo es mayor, pues aumentan las posibilidades de que las empresas no cumplan con la normas de seguridad, sube la incertidumbre y el riesgo de operar, y se genera una barrera de entrada a la participación de empresarios honestos, lo que disminuye la competencia y el beneficio para los consumidores.
El costo anual de la corrupción en el país representa el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado. Datos de la organización No Money Laundering y reportes de la Cámara de Diputados, señalan que los grupos criminales en el país obtienen ganancias anuales de 5 por ciento del PIB. Además, la corrupción genera ganancias superiores a los dividendos que el país capta como producto de la extracción del petróleo curdo y gas cada año. Informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que la extracción del petróleo crudo representa apenas el 8.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La corrupción también ocasiona que México este ubicado como uno de los peores países en cuanto al desempeño de sus instituciones. El país está reprobado en derechos de propiedad, protección de patentes, desvío de fondos públicos, favoritismo de autoridades, pagos irregulares y sobornos o en independencia judicial. El crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un marco jurídico adecuado, son factores muy problemáticos para hacer negocios en prácticamente todo el territorio nacional.
LEY DE TRANSPARENCIA
El contexto anterior señala la importancia capital de la reforma constitucional avalada ayer por los senadores de la República y enviada a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación, que además otorga mayores facultades al IFAI a fin de garantizar el derecho y acceso a la información de los ciudadanos. Plantea cambios para darle autonomía plena al IFAI, amplía de cinco a siete sus comisionados, cuyo nombramiento queda a cargo del Senado, previa auscultación a la sociedad; crea organismos espejos del federal en los estados y posibilita al instituto para actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los órganos garantes de los estados.
La minuta de la reforma a diez artículos constitucionales, aprobada por 113 senadores y enviada a los diputados, deja en claro que las resoluciones de ese órgano garante serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Establece que el Archivo General de la Nación tendrá que hacer un acervo con todos los documentos del gobierno federal para que los ciudadanos los puedan conocer. Se precisa que la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos “es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional”.
De esa manera, el gran “prietito en el arroz” lo constituye el hecho de que establece como información reservada o confidencial aquella que al divulgarse ponga en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad económica o financiera, como el secreto bancario, fiduciario, industrial o fiscal, la relativa a la seguridad nacional, la que contenga expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación que no hayan concluido. El IFAI no podrá conocer la información relacionada con asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo caso será resuelto por un comité integrado por tres ministros.
CORRUPCIÓN PRIVADA Y OFICIAL
Walmart y Dragon Mart representan dos ejemplos cupulares de la corrupción privada y oficial en el país y exhiben las irregularidades de multinacionales con operaciones en el territorio mexicano, en el que están involucrados destacados empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Desde el mes de abril de este año, el diario estadounidense The New York Times, detalló presuntos pagos ilícitos de al menos 24 millones de dólares que Walmart de México habría hecho entre 2002 y 2005 para destrabar trámites locales, obtener permisos y reducir tarifas de impacto ambiental en la construcción de algunas de sus tiendas. La fuerza motora detrás de esos años de soborno fue identificada por el diario estadounidense en la persona de Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México.
Walmart fue un corruptor, no víctima de la corrupción en México, acusó recientemente The New York Times, quien detalló esta semana que Walmart de México sobornó a las autoridades de San Juan Teotihuacán, Estado de México, en 2003, con 52 mil dólares (alrededor de un millón de pesos) para modificar un mapa de zonificación que impedía la construcción de una tienda cerca de las pirámides. El interés de la trasnacional residía en que estimaba que atraería a 250 clientes por hora, con sólo una tienda. A raíz del soborno, Walmart no tuvo ningún problema para abrir su tienda en Teotihuacán, cerca de un tesoro cultural, no obstante la férrea oposición de los pobladores integrados en el Frente Cívico de Defensa del Valle de Teotihuacán, y con lo que los mercados públicos tradicionales fueron diezmados.
Como un corruptor agresivo y creativo se desempeñó Walmart de México que ofreció a autoridades grandes beneficios personales a cambio de violar la ley, con conocimiento pleno de los altos ejecutivos estadounidenses de la trasnacional en Bertonville, Arkansas, quienes a pesar de que iniciaron investigaciones internas, éstas fueron cerradas sin concluirse. No obstante, reportajes de medios de Estados Unidos dan cuenta de que entre Bodegas Aurrerá y tiendas Walmart gastaron 200 mil dólares, pero se apropiaron totalmente del mercado en esa localidad.
La información señala que por lo menos 19 sitios de México, en donde se construyeron tiendas de la cadena a partir de 2003, fueron blanco de estos sobornos, que fueron a parar a manos de autoridades de varios niveles de gobierno, tanto locales como nacionales. Otro ejemplo que precisa el rotativo es el refrigerador construido en Cuautitlán Izcalli, al norte de la Ciudad de México, considerado como el más grande de América Latina, toda vez que pagó para evadir las prohibiciones ambientales que protegían ese terreno por el gasto excesivo de electricidad. Ahí, los empleados se encuentran en un ambiente de 27 grados bajo cero, 12 horas, cuatro días a la semana. Un ejemplo más detallado es el pago de 341 mil, dólares por un Sam´s Club en una de las zonas más pobladas de la Ciudad de México, cerca de la Basílica de Guadalupe, sin licencia de construcción o algún permiso para asentarse.
El miércoles pasado Walmart de México respondió a las acusaciones de The New York Times sobre los sobornos pagados para la apertura de nuevas tiendas, al asegurar que los casos mencionados ya están siendo investigados internamente y por las autoridades correspondientes. A través de un video, también adelantó que “mientras las investigaciones sigan su curso, la empresa no hará comentarios sobre alegados o acusaciones específicos”.
DRAGON MART SE TAMBALEA
También en los últimos días, el caso de la instalación de Dragon Mart Cancún ha llamado la atención de la opinión pública nacional. La programada construcción, para febrero de 2013, de ese complejo comercial e inmobiliario de inversión china en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que albergará un Centro Internacional de Negocios para exhibición y venta de mercancías del país asiático, podría aplazarse ante la inquietud en la comunidad empresarial mexicana.
El proyecto contempla una inversión de entre 180 y 200 millones de dólares. Implica la instalación de un centro de exhibición con dos áreas, una de 127 mil metros cuadrados techados con una capacidad máxima de 3,040 locales; y la segunda de 65 mil metros cuadrados en plazas públicas, y auditorios abiertos que se destinarán al formato de ferias y exposiciones. También se prevé un área de vivienda para 722 casas de 100 y 150 metros cuadrados y dos bodegas de 20 mil metros cuadrados. Incluye por supuesto la instalación de restaurantes, tiendas de regalos, cafeterías, tiendas de conveniencia, banco y oficinas. La superficie total se ubicará en un terreno de 561.37 hectáreas denominado “El Tucán”, con vegetación no forestal.
En Dragon Mart, la empresa Monterrey Cancún Mart detenta 45 por ciento del proyecto; Dragon Mart Cancún, propiedad de Carlos Castillo (propietario del terreno), detenta otro 45 por ciento, y el 10 por ciento restante es de la firma Chinamex, empresa creada, operada y capitalizada directamente por el gobierno chino. El complejo pretende comercializar autopartes, iluminación, materiales para construcción, eléctrico, electrónico, alimentos, juguetes, joyería, maquinaria agrícola, ferretería, etcétera, y enfrenta una férrea oposición de la clase empresarial mexicana, azuzada por la estadounidense.
La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) acusa que la instalación del Dragon Mart en Cancún incrementa el riesgo de prácticas desleales de comercio contra la industria nacional, así como el riesgo de inversiones inestables. Francisco Funtanet Mange, presidente de Concamin , expresó que “resulta inaceptable el apoyo para fomentar proyectos que incrementen el riesgo de prácticas desleales de comercio que atentan contra el comercio, servicios, e industria nacional, así como el riesgo de inversiones inestables, con capitales golondrinos que puedan afectar el comportamiento y la estabilidad económica del país”.
También el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Sergio López de la Cerda, solicitó al gobierno federal detener el proyecto porque “abre las puertas a competidores que han demostrado a través del tiempo ser desleales y estar fuera de la ley”. En conferencia de prensa denunció que el proyecto ha tenido desde sus inicios seis o siete modificaciones, lo que genera desconfianza sobre el comportamiento comercial que adoptará al momento de iniciar operaciones, lo que se prevé que suceda en 2014. De la Cerda destacó que la industria mexicana ocupa el quinto lugar a nivel mundial y el primero a nivel latinoamericano como exportador de prendas de vestir a Estados Unidos con 2,811 millones de dólares registrados al pasado mes de octubre.
A su vez, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Eugenio Clariond Rangel, sostiene que la realización de este proyecto provocaría el ingreso a México de productos, equipo y mercancías bajo prácticas desleales de comercio, sin pagar impuestos, ni aranceles, además de que provendrían de un país como China, que otorga subsidios y exenciones a las empresas con tal de favorecer la generación de empleos. Declaró que “prevemos que el Dragon Mart representa una cabeza de playa para triangular la invasión de productos chinos aprovechando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que afectará a sectores como el ferretero, autopartes, mueblero, agroindustrial, de productos electrónicos y hardware”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Ysmael López García, señaló que “resulta inverosímil que 25 cámaras industriales y los gobiernos de Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tamaulipas estemos en desacuerdo con el desarrollo de este proyecto y que el gobierno de Quintana Roo continúe con la pretensión de autorizar la instalación del Dragón Mart”.
Ante esas quejas y advertencias, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que en torno al proyecto Dragon Mart Cancún se propondrá la revisión de los permisos federales implícitos en el plan, ante la preocupación expresada por las cúpulas empresariales del país y los posibles daños a la industria nacional. Señaló que “estaremos conversando con el señor gobernador para poder ver cuál es el contexto de este programa”.
Por su parte, integrantes de diversas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados, impulsan un punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar al gobierno municipal de Benito Juárez, Quintan Roo, a que niegue la emisión de la licencia de construcción, indispensable para poder edificar el proyecto “Dragon Mart Cancún”, debido a que incumple con el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del municipio. También exhortan a la Secretaría de Economía a intervenir en la investigación sobre los impactos económicos que supone un proyecto de esta magnitud y sus posibles violaciones a la Ley de Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera. Asimismo, se exhorta al gobierno de Quintana Roo a promover un juicio de lesividad para revertir “las irregularidades de la autorización en materia de impacto ambiental que emitió el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental estatal, el 6 de septiembre pasado a favor de dicho proyecto.
DE LOS PASILLOS
La reforma educativa, que ya fue aprobada en lo general por las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales del Senado, confrontó a la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, con los tres principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amenazó con una “resistencia pacífica” contra la reforma educativa aprobada ya por la Cámara de Diputados y advirtió que los maestros buscarán ampararse contra esa medida.
Los señalamientos los hizo en la clausura de los trabajos de la 35 sesión extraordinaria de su consejo nacional, en donde el magisterio dejo en claro que se reserva “todos los recursos legales, sociales, políticos y pacíficos a nuestro alcance para garantizar el pleno respeto al empleo de los docentes” . La Gordillo advirtió que “aún no está dicha la última palabra” en torno a la reforma constitucional de los artículos Tercero y 73 constitucional, en donde se establece que será a través de la evaluación como se determinará el proceso de ingreso-selección y permanencia de los trabajadores de la educación. Doña Elba llamó a sus seguidores a manifestarse y volantear en las calles de sus entidades sin suspender labores en ninguna escuela del país; también, a instalar mesa en todas las plazas públicas para recabar firmas de “apoyo y solidaridad” con el SNTE en la defensa de los derechos de los maestros.
En tanto, en el Senado avanzó la reforma en comisiones donde fue aprobada en lo general. En lo particular, los temas más controvertidos se refieren a garantizar la calidad educativa de los educandos, los candados que deberá tener el Sistema Nacional Evaluatorio y la propuesta panista de que se sancione a los profesores que pudiesen propiciar ausentismo o faltas. Al cierre de estas líneas las opciones de los legisladores en comisiones senatoriales eran aprobar la reforma educativa en las próximas horas, convocar a un evento extraordinario; o postergar la aprobación hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, el año entrante.
Al mismo tiempo, el SNTE también está peleando un incremento en el presupuesto para las actividades educativas del país. Sus dirigentes advirtieron que en el ejercicio presupuestal de este año se gastaron 370 mil millones de pesos para el sector educativo y ahora el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una reducción sustantiva al ubicarse en un monto global de 360 mil millones de pesos.
Con 420 votos a favor, cinco abstenciones y diez en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la tarde de ayer el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, que señala un gasto de tres billones 956 mil 361.6 millones de pesos para el primer año de gobierno del presidente priísta Enrique Peña Nieto. Al cierre de estas líneas, los legisladores discutían alrededor de 30 reservas a artículos en lo particular. Se preveía que el mismo jueves quedaría avalado en su totalidad el paquete económico para el próximo año.
A fin de reactivar el campo mexicano y revertir la pobreza en el sector, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció los “cuatro grandes objetivos” de su administración: un piso básico de bienestar social a fin de tener protección ante enfermedades, accidentes y carencia de ingreso en caso de vejez; créditos oportunos con tasas preferenciales, impulso a nuevas formas de asociación productiva y una mayor cobertura de seguros contra riesgos climáticos; fomentar cadenas productivas de valor en el sector agroalimentario, la reconversión productiva hacia cultivos de mayor valor y con esquemas eficientes para su comercialización; mejorar el uso del agua, la recuperación de bosques en zonas no aptas para la agricultura el fortalecimiento de actividades alternas como el turismo ecológico, comercio de artesanías y prestación y servicios ambientales.
Al tomar protesta a la nueva dirigencia del Consejo Nacional Agropecuario, Peña Nieto destacó que en el Presupuesto 2013 propuso una partida de 300 mil millones de pesos para el desarrollo integral del campo, 11.4% más en términos reales que el monto solicitado en 2012.
Ante senadores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que la nueva estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto no incluirá operativos sorpresa de las fuerzas federales en los estados, sino que habrá coordinación y colaboración con los gobernadores de cada entidad y con el jefe de gobierno del Distrito Federal…. Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancú00n y 100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1
* Periodista
