Segundo piso frenado: justicia protege a Zacatecas Patrimonio
Zacatecas, Zac.- Zacatecas, la ciudad barroca que un día deslumbró al mundo con su trazado colonial y su silueta abrazada por cerros, se encuentra en el centro de una disputa que va más allá del asfalto. En lo jurídico, en lo social y en lo simbólico, el proyecto del Viaducto Elevado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la Calzada Héroes de Chapultepec ha dejado de ser una simple obra de infraestructura para convertirse en el eje de una lucha por el alma misma de la ciudad.
Sin asistencia de las partes, pero con el peso de la ley y del tiempo, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, bajo la dirección del juez en funciones Juan Antonio Huerta Vázquez, declaró lo que muchos ya preveían: la suspensión definitiva del proyecto de viaducto. No una vez, sino en dos juicios distintos —715/2025 y 544/2025—, dictando así las primeras suspensiones definitivas, tras cinco provisionales que ya se habían concedido en semanas anteriores. La señal es clara: el Poder Judicial ha comenzado a cerrar filas en defensa del patrimonio cultural zacatecano.
El conflicto no es menor. Mientras el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador y el secretario de Obras Públicas, asegura que el proyecto traerá beneficios en movilidad y seguridad vial, ciudadanos han acudido a los tribunales reclamando que lo que está en juego no es el tránsito, sino el tejido histórico que ha hecho de Zacatecas una Ciudad Patrimonio Mundial desde 1993. Y las pruebas —más de veinte documentos oficiales— están sobre la mesa: permisos provisionales, estudios inconclusos, dictámenes cuestionados, licencias expedidas sin consulta, y lo más grave, la inexistente autorización definitiva del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para realizar una obra de tal magnitud en una zona que colinda con el polígono protegido.
El juez Huerta Vázquez no se anduvo por las ramas. Afirmó que existe una colisión de derechos constitucionales: por un lado, el derecho a la movilidad; por el otro, el derecho colectivo —e intergeneracional— al patrimonio cultural. A través de un análisis de apariencia del buen derecho, ponderación de intereses y peligro en la demora, el juzgado concluyó que permitir el avance de la obra representaría un riesgo “jurídicamente irreparable” para la integridad del Centro Histórico. Las consecuencias, advirtió, podrían ser devastadoras: la pérdida del estatus de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Entre las pruebas remitidas por el Gobierno del Estado destacan autorizaciones provisionales del INAH para realizar trabajos preliminares de cimentación, y una evaluación de impacto patrimonial elaborada por el despacho Lamarquitectos que reconoce que el viaducto se ubica justo en el límite de la zona de amortiguamiento del patrimonio protegido. Protección Civil ha emitido opiniones técnicas en las que alerta de un “riesgo alto” en la ejecución, y la propia Junta de Monumentos del Estado concedió apenas una autorización al anteproyecto, no a la obra definitiva.
Pero no son solo documentos administrativos los que pesan sobre la obra. ICOMOS México, organismo consultivo oficial de la UNESCO, ya advirtió en 2007 y reiteró en febrero de este año, que un segundo piso elevado en ese tramo alteraría de forma irreversible el paisaje urbano, uno de los valores que justificaron la inscripción del Centro Histórico de Zacatecas como patrimonio mundial. Su presidenta, María de Guadalupe Zepeda Martínez, fue tajante: de continuar la obra, Zacatecas corre el riesgo real de ser sancionada internacionalmente o incluso perder su estatus ante la UNESCO.
Lo que comenzó como una propuesta de modernización urbana ha terminado convertido en un símbolo de negligencia institucional. El Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural, dependiente del INAH, acusó públicamente al gobierno estatal de ignorar la Ley Federal sobre Monumentos y las obligaciones derivadas de tratados internacionales ratificados por México. En un pronunciamiento sin concesiones, los arquitectos señalaron que la obra violenta el derecho a la ciudad, niega la gobernanza y desacata los esfuerzos del Estado mexicano por salvaguardar su legado.
El expediente judicial es también una radiografía del desdén institucional: informes oficiales que niegan la existencia del proyecto, solo para ser contradichos por los propios anexos enviados por las autoridades; dictámenes ambientales de dudosa validez; autorizaciones emitidas fuera de tiempo o sin competencia legal; y un contrato millonario ya firmado con las empresas Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, aun cuando la obra carece del aval definitivo internacional.
Zacatecas no es solo un punto en el mapa. Es una historia de piedra, luz y memoria. Y esa historia —al menos por ahora— ha encontrado un juez que la escuche. La suspensión definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Distrito no es el fin del litigio, pero sí un mensaje nítido: no se puede construir el futuro pisoteando los cimientos del pasado.
El viaducto ha sido detenido. La ciudad, por ahora, respira. Pero la batalla por su alma apenas comienza.
