Segob admite: aumentan secuestros

LILIA ARELLANO *

Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan: José Martí

La seguridad pública de México es una compleja asignatura pendiente de Enrique Peña Nieto, sobre todo cuando carece de una estrategia de mediano plazo para lograrla y aplica los mismos y fallidos métodos de su antecesor. El problema es de gran envergadura y de urgente resolución, como lo tuvo que reconocer en su primera participación como Jefe de Estado en un foro de carácter internacional en Santiago de Chile. Ahí, ante empresarios y directivos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo que admitir que los niveles de violencia se han acentuado en su país; tan sólo en su entidad natal, el Estado de México, se cometieron 72 homicidios en los primeros 24 días del año.

El nuevo gobierno mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto no ha tenido la capacidad de diseñar un nuevo modelo para combatir al crimen organizado que fue potenciado y fortalecido con la fallida estrategia seguida por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, quien logró regar de sangre todo el territorio nacional  y hacer prevalecer la impunidad, la corrupción y la injusticia que laceran al país y a su población. Al arrancar su administración, el mexiquense sigue haciendo uso de las mismas herramientas que su antecesor, apostando por un combate frontal con el uso ilegal de las fuerzas armadas, estrategia que está más que comprobada no da resultados y, por el contrario, eleva los niveles de inseguridad y los “daños colaterales”.

Tan sólo en el discurso, el actual presidente de México –por encima del caso Monex y los rebases de campaña- ha expresado que “la mejor manera de combatir la inseguridad tiene que ver con la generación de un circulo virtuoso, que permita abrir oportunidades de empleo y desarrollo para todos los mexicanos”. En la práctica, sus acciones y las de sus correligionarios se alejan de esa perspectiva. En el Congreso, su administración presentó un proyecto de presupuesto que apuesta no al desarrollo de la economía mexicana y a su crecimiento, con lo que se generarían los cientos de miles de empleos que reclama su creciente población, sino a la desaceleración de las actividades productivas y, por ende, a un menor crecimiento, estimado en 3.5% del PIB por organismos financieros internacionales. Así, por diseño gubernamental, no habrá este año crecimiento económico, sino decrecimiento, ni mayor productividad, y, por lo tanto, menor creación de fuentes de empleo.

En cuanto al combate a la pobreza, Peña Nieto está apostando por colocar curitas en heridas profundas, de complejas causas, pero identificables, con su mentada Cruzada Contra el Hambre que no ataca los determinantes sociales de la pobreza y no crea oportunidades de empleo y para el campo, ni mejora las condiciones de vivienda ni garantiza siquiera el agua potable a las comunidades marginadas. El arranque de su administración era una excelente oportunidad para mejorar la alimentación de las comunidades y la oferta de alimentos a través de la producción local de los mismos, que simplemente se dejó pasar, para apostarle una vez más al manejo electorero de los programas sociales, con la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) al frente y con una funcionaria tan cuestionable como Rosario Robles, cuando la estrategia debía encabezarla precisamente los ministerios de Agricultura y Economía.

De acuerdo con el análisis del dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), Federico Ovalle, la Cruzada Nacional contra el Hambre incurre en contradicciones y limitaciones al atender a menos de 50 por ciento de los mexicanos en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, y dejar fuera a 60 por ciento de los municipios que se encuentran en similar circunstancia. Además, en los programas gubernamentales de combate a la pobreza y apoyo a los productores en el país, se insiste en atacar las consecuencias y no las causas de la miseria, pues persisten modelos de apoyo al campo que privilegian a los grandes productores y comercializadores, incluyendo a agroindustrias extranjeras.

Hasta las cifras oficiales confirman las limitaciones de la referida cruzada que atenderá a sólo 7.4 millones de beneficiarios, cuando, de acuerdo con las estadísticas oficiales, existen 15 millones de personas en condiciones de pobreza alimentaria en el país. Además, únicamente coloca su atención en 400 municipios, cuando alrededor de mil 22 se encuentran entre los más pobres, correspondientes en su mayoría a la región sur-sureste del país. Por si lo anterior fuera poco, los recursos son menos al arrancar este gobierno federal: el monto asignado al programa Sistema Nacional Alimentario ejerció poco más de 38 mil millones de pesos en 2012, y ahora se disminuye dicho monto a 37 mil millones de pesos para este año, no obstante que creció el número de pobres.

Ovalle destaca que en el sexenio de Felipe Calderón se invirtieron alrededor de 500 mil millones de pesos en programas sociales y creció el hambre y la pobreza, no por falta de dinero, sino por el uso que se hizo del mismo: el 96 por ciento de los recursos del Programa Especial Concurrente (PEC), 305 mil millones de pesos en 2012, destinados a los productores en condiciones de pobreza, fueron a  parar a la bolsa de los grandes productores y comercializadoras, y sólo un cuatro por ciento a los pequeños y medianos productores del campo.

Al concluir la administración de Felipe Calderón la situación que heredó a Enrique Peña Nieto es desastrosa: de 112 millones de mexicanos, 52 millones viven en condiciones de pobreza; 13 millones en extrema pobreza y 28 millones padecen carencia alimentarias y desnutrición. Ese es el desolador panorama y no se están llevando a cabo acciones efectivas para mejorarlo.

AJUSTES AL SISTEMA POLICIAL Y PENAL

Por lo que respecta a la seguridad es sólo hasta que explotó el escándalo por la liberación de la plagiaria de origen francés, Florence Cassez, que puso en evidencia a nivel internacional al fallido sistema de justicia mexicana, cuando se inician las acciones del gobierno federal para garantizar el respeto al Estado de Derecho, a través de ajustes al policial y penal. La ineficiencia de la administración y procuración de justicia en el país es tal que tienen que iniciar desde el abc, a través de un plan de capacitación exprés para el Ministerio Público y la Policía Federal, así como las fuerzas armadas, que incluye las acciones que deberán seguir policías y agentes ministeriales desde el momento de una detención hasta la conclusión del proceso penal.

Después del niño francés ahogado se pretende tapar el pozo, pues dicho plan pretende que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el Poder Judicial determine culpabilidad o inocencia de una persona, según el vocero para los temas de seguridad del nuevo gobierno, Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Es hasta después del escándalo de la Cassez que la administración federal admite que “la delicada tarea de procuración de justicia debe realizarse con absoluta eficacia y estricto apego al marco jurídico que la regula”. Y añade que “los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso” que las autoridades deben observar en sus acciones. Antes, a pesar de las múltiples denuncias en el plano nacional e internacional de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas federales, no se hizo nada y se ignoró la situación.

El plan de capacitación anunciado el viernes por Gobernación incluye la revisión de protocolos y manuales en materia de investigación y aprehensión de presuntos delincuentes, así como la discusión de reglas que deben seguir los policías y agentes.  El documento que portarán los uniformados incluye los puntos siguientes: “usted se encuentra detenido por los siguientes motivos…; usted es considerado inocente hasta se considere lo contrario; tiene derecho a declarar o guardar silencio; en caso de decidir declarar tiene derecho a no inculparse; tiene derecho a un defensor de su elección, en caso de no contar con uno, el Estado se lo dará de manera gratuita; tiene derecho a un traductor o un interprete; tiene derecho a que se ponga en contacto con un familiar; tiene derecho a ser puesto sin demora a las autoridades correspondientes; en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el consulado sea informado.

Para el caso de la Secretaría de la  Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) sus elementos deberán de portar de manera obligatoria la cartilla sobre derechos humanos al momento de sus operativos. De acuerdo con ese funcionario de Gobernación, los procedimientos jurídicos deberán ser eficaces y apegados al marco legal.

Más que a la situación de ausencia prácticamente total del Estado de Derecho en México, las acciones y medidas implementadas y ordenadas por la Secretaría de Gobernación responden al fiasco internacional que representó para el país el caso de Florence Cassez, en el cual uno de los principales argumentos de la “Tremenda Corte” para liberarla, fue precisamente el montaje televisivo que se implementó durante su captura junto con una banda de secuestradores.

SECUESTROS A LA ALZA

El cuadro de referencia de combate a la delincuencia publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación, que sirvió como respaldo para la asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año, y que asciende a 7 mil 631 millones de pesos, confirma que del 1 de enero de 2011 al 31 de octubre de 2011 y 2012, en estados como Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos y Nayarit, los secuestros se incrementaron, aunque se destaque que en total los delitos de alto impacto bajaron en esos periodos.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta con información proporcionada por las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas a través del Comité Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad Pública por conducto del Centro Nacional de Información, en el país se reportaron mil 344 plagios de enero a octubre de 2011 y en el mismo periodo pero de 2012 se denunciaron mil 43 secuestros. Por lo que toca a homicidios, de enero a octubre de 2011 fueron reportados 22 mil 480 crímenes, y en el mismo periodo de 2012, se dieron a conocer 17 mil 491 asesinatos. No obstante, en los estados de Colima, Guanajuato, Morelos Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, las ejecuciones se incrementaron en ese periodo.

La ola de violencia que se mantiene en el país sobrepasa a las autoridades locales. Este viernes, en Monterrey, Nuevo León, se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina; y Manuel Mondragón, subsecretario de Seguridad Pública, con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz, para “revisar los avances en la lucha contra la criminalidad”.

Mientras tanto, con la misma estrategia del sexenio pasado, el Ejército Mexicano inició operativos de seguridad en los municipios conurbados al Distrito Federal, entre los que se incluyeron Huixquilucan, Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan. Mientras,  el número de muertos sigue incrementándose lo que obligó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a crear la Licenciatura en Ciencias Forenses, “ante la urgencia de crear profesionales que mediante métodos científicos reúnan evidencias para comprobar delitos y evitar que se procese a inocentes o haya impunidad de culpables”.

La adversa situación que resiente México en la materia, hace que “el campo laboral de estos jóvenes –egresados de dicha licenciatura- parece estar asegurado”, como puntualmente lo señaló Enrique Graúe, director de la Facultad de Medicina de la UNAM.

REFORMA ENERGÉTICA ESTE AÑO: VIDEGARAY

Lo que si se ha convertido en una prioridad y obsesión para la nueva administración federal es sacar a como de lugar en el Congreso de la Unión una reforma energética que habrá a la inversión privada trasnacional a Petróleos Mexicanos. Ahora fue en el 43 Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, donde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que la reforma energética se realizará en este 2013 y subrayó que así fue acordado por los representantes de las fuerzas políticas del país en el Pacto por México, firmado en diciembre pasado.

Ante una mesa redonda de alto nivel de dicho foro, Videgaray admitió que “no va a ser fácil hacerla pero la necesidad está ahí, las condiciones están ahí y la oportunidad está ahí”. Quien es considerado como el funcionario más cercano al presidente Enrique Peña Nieto, admitió que para acometer la reforma energética será necesario “cambiar el marco legal” mexicano y lamentó que durante años esta cuestión fuera vista en México desde un punto de vista exclusivamente ideológico, olvidando este funcionario que se trató de un elemento clave de soberanía nacional.

Es muy difícil encontrar argumentos que sustenten las prisas de los peñanietistas para abrir y entregar Pemex a las trasnacionales energéticas de Estados Unidos, aunque las españolas también se están frotando las manos. Precisamente en Madrid, España, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, Francisco Salazar, aseguró que las reglas para la participación de empresas en el sector energético “son claras y estables”. Al participar en la conferencia “Nuevo escenario para el sector español de energías renovables”, organizado por el foro Iberoamérica Empresarial, confirmó que hay perspectivas de crecimiento del sector energético, principalmente en renovables. Ante empresarios españoles, Salazar señaló que las previsiones para 2014 estiman que el 35 por ciento de la energía que se genera en el país no sea fósil, lo que abre potencial para tecnologías renovables.

DE LOS PASILLOS

Tras las quejas, inconformidades, denuncias y amenazas de los legisladores y dirigentes nacionales de oposición por la exoneración del PRI y Enrique Peña Nieto en el caso Monex, realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, sostuvo que ese caso y la exoneración del PRI ponen en riesgo el Pacto por México. No obstante, no dio a conocer un posicionamiento claro de la fracción del Sol Azteca en cuanto a rechazar o apoyar las reformas legislativas que impulsan los priístas en el gobierno con dicho pacto, entre las que se incluye la energética.

Como está más que comprobada la rentabilidad económica de contar con una franquicia política, ahora fue el ex candidato presidencial de izquierda, Rafael Aguilar Talamantes, quien solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE), el registro de la agrupación Ciudadanos Socialistas de México como partido político. Como se recordará Aguilar Talamantes fundó el Partido Socialista de los Trabajadores en la década de los ochenta y posteriormente en 1988 éste adoptó el nombre de Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y se anexó al Frente Democrático Nacional para respaldar la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien rompió políticamente meses después.

A una semana de que venza el plazo para que las agrupaciones políticas soliciten su registro como partido, suman catorce organizaciones de diversa índole las que han acudido al IFE para tal propósito.

Otra vez fue el sonorense Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, quien salió en defensa de lo indefendible: los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras su falló que dejó en libertad a la plagiaria francesa Florence Cassez, tras siete años de permanecer en prisión por el delito de secuestro. Beltrones dijo que la culpa no es de los togados sino de quienes hicieron que hubiera elementos suficientes para que el amparo, solicitado por Cassez, surtiera efecto debido a que se violó el debido proceso.

Será el próximo lunes cuando los consejeros electorales del IFE conozcan el dictamen de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral sobre los gastos de campaña del pasado proceso federal. Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, advirtió que el órgano electoral sólo podrá sancionar con una multa a los partidos y/o candidatos que hayan rebasado el tope de campaña en la pasada elección presidencial… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1