Se necesita transparencia
LUCÍA LAGUNES HUERTA
Frente a la evidencia que la violencia contra las ciudadanas sigue galopante, sorprende que la Secretaría de Gobernación (Segob) decida retirar los recursos federales para la ejecución de la Alerta de Violencia de Género en siete entidades. Tenemos años exigiendo la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones y en la ejecución de los recursos públicos, que son de todas y todos. Por ello, es necesario y saludable saber los criterios por los cuales la Segob tomó esta decisión.
Si ya de por sí es controversial semejante decisión, lo es aún más por la falta de claridad que la rodea. El razonamiento o la justificación para afectar a las mujeres de estas entidades, no aparece por ninguna parte, ni escrito ni verbal.
La decisión del 29 de junio por parte del Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales para las AVG en estados y municipios, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), de quitar los recursos a siete entidades federativas incrementa el riesgo para mujeres y niñas.
Vale la pena que el propio Comité y la actual responsable de la Conavim, informen qué pasó y cuáles fueron las valoraciones para retirar los recursos de estas entidades, cuando en marzo de este año el mismo Comité había aprobado el otorgarles los recursos.
¿Qué ocurrió en tres meses? ¿por qué de las 16 entidades que se aprobaron se decide cancelar los recursos exactamente un día antes de que la titular de la Conavim se fuera?
La falta de transparencia siempre deja camino a la sospecha. Sobre todo, cuando el Comité está conformado básicamente por la Conavim, empezando por su titular y la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Segob.
La cancelación de los recursos para ejecutar las acciones que emanan de las Alertas de Violencia de Género manda un mensaje muy negativo no solo a la ciudadanía sino a los gobiernos locales.
Hay que recordar que el recurso que viene de la federación es, en muchas entidades, el único para llevar a cabo acciones para erradicar la violencia contra niñas y mujeres.
Cuando la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoce que hay un camino largo para erradicar el feminicido en nuestro país, retirar el dinero de las entidades que va encaminado a erradicarlo no lo acorta.
Más allá de las filias y fobias que se pueda tener con las entidades, lo que debe prevalecer es el derecho a la vida de las mujeres y las niñas.
¿Por qué al Estado de México, que tiene dos AVG? estado emblemático de la violencia contra las mujeres y la inacción efectiva del gobierno estatal, ¿por qué dejar sin recursos a Veracruz quien también tiene dos Alertas de Género? ¿por qué Zacatecas, Puebla, Nuevo León, Nayarit y Jalisco? que de acuerdo con las organizaciones estatales en lo que va de este año contabiliza 117 casos de feminicidio.
Si lo que se busca es que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad, me parece que hay otras vías que no implican vulnerar la seguridad de las niñas y mujeres de las entidades afectadas por lo que han llamado ajustes presupuestales.
Dar a conocer las evaluaciones y los criterios usados para tomar estas decisiones, ayudan a la comprensión y a la exigencia de aquello que fuera necesario corregir.
Fortalecer una política de Estado que priorice la seguridad, la integridad y la vida de mujeres y niñas es mucho más efectivo.
Cuando hemos visto recientemente el debilitamiento de instituciones claves para los Derechos Humanos, retirar recursos a las entidades federativas para erradicar la violencia contra las mujeres
