Se gana, pero no se convence

Las elecciones del pasado domingo nos han dejado varias lecturas, pero también nos han heredado varias dudas, especialmente en lo concerniente a la imparcialidad, objetividad, equidad y legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en el país.

¿Cuántos años tiene México en la organización de elecciones democráticas?

Realmente muy pocos.

Los 71 años de férreo control político e institucional del PRI-Gobierno en el país, ha dejado a la sociedad mexicana sumergida en la inmovilidad y sobre todo, en la carencia de una cultura de la participación política.

El PRI controlaba y dominaba todo y por ello, los mexicanos no participaban en los procesos electorales. Era ocioso.

Y cuando participaba, era reprimido, como cuando contendió el general Juan Andrew Almazán en contra del también general Manuel Ávila Camacho.

A punta de pistola se dirimían las controversias electorales y las tendencias del voto.

Los fraudes, la compra de voto, la amenaza, la cooptación, el condicionamiento de los apoyos sociales, etcétera, han sido vida cotidiana en los procesos electorales mexicanos.

Pese a todo ello el empuje de los idealistas y de los luchadores por la democracia, de izquierda y derecha, generaron las condiciones para que existiera una mayor representación de los partidos políticos en los órganos electorales, en donde se han hecho esfuerzos por ciudadanizarlos, pero aún no se completa esa tarea.

El gran fraude electoral de 1988 cuando el Secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz (Hoy, contradictoriamente senador de la República electo, por el PRD) argumentó que se había “caído” el sistema, mostró de manera inobjetable el deterioro de un partido dominante y el hastío de una sociedad que demandaba nuevos políticos y otra forma de gobierno, lo que originó la alternancia en el año 2000, cuando Acción Nacional llegó al poder.

Pero hoy se escribe un nuevo capítulo:

En las elecciones pasadas el candidato de la coalición de las Fuerzas Progresistas Andrés Manuel López Obrador inició una lucha mediática y jurídica, al impugnar el resultado de las elecciones, argumentando dos aspectos:

El gasto excesivo de la campaña del candidato Enrique Peña Nieto y el apoyo mediático proporcionado por las televisoras Tv Azteca y Televisa.

El problema va más allá de la denuncia de un candidato que no acepta los resultados de la elección presidencial, pero sí los que favorecen a su partido (el PRD, por ejemplo) en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo  y Tlaxcala, por ejemplo.

En nuestro país, lamentablemente, todos los partidos políticos utilizan los recursos públicos para manipular, controlar y condicionar el voto, lo que los erige en verdaderos símbolos antidemocráticos.

La inducción del voto es una estrategia socorrida por todos los actores políticos y para ello, uno de los instrumentos que más han utilizado en las últimas elecciones –municipales, estatales o federales- son, incuestionablemente, las encuestas.

Y cuando el resultado no les favorece gritan a todo pulmón: ¡Fraude!

Víctimas y victimarios juegan los roles de acuerdo a la ruleta de la suerte electoral que les corresponde. Nadie se salva.

En este contexto la tarea a realizar es:

1.- Generar organismos autónomos e instancias jurídicas independientes que apliquen y sancionen a los violadores de las leyes electorales.

2.- Aprobar una reforma política de fondo que evite la inequidad, el despilfarro de recursos públicos y el desfasamiento de los topes electorales.

No se vale que el candidato que rebasó los topes, que violó la ley, solamente se le imponga a su partido una sanción después de un año de la conclusión de los comicios electorales, cuando ya asumió el poder. ¿En qué cabeza cabe esa disposición?

Son las leyes y los organismos que rigen en la actualidad y la tarea es cambiarlos.

Hoy vivimos una transición incompleta, trunca, en el escenario nacional. Se gana, pero no se convence.