Scotiabank en el ojo del huracán
LILIA ARELLANO *
Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez: Francisco de Quevedo
Felipe Calderón negocia con el gobierno de Estados Unidos su próximo exilio político, tras el tiradero que le dejará al próximo Presidente de México, mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avanza dando traspiés a la calificación de la elección presidencial, cuyo plazo de resolución vence el 6 de septiembre próximo, negando el recuento de votos en casi la mitad de las casillas instaladas el 1 de julio pasado, al mismo tiempo que Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, presentó pruebas de que el titular de una cuenta de Scotiabank con movimientos millonarios del Estado de México, cuyos recursos se utilizaron en la campaña del priísta Enrique Peña Nieto, es Luis Videgaray.
Cuando la mayoría de los mexicanos espera que Felipe Calderón se vaya lo más lejos posible luego de los graves daños que causó a la Nación durante su administración, y muchos piensas que debería ser juzgado incluso por crímenes de lesa humanidad en un Tribunal Internacional tras la muerte de más de 61 mil mexicanos, delincuentes o no, durante su mal planeada y peor ejecutada “guerra contra el narco”, el actual inquilino de Los Pinos negocia con la Universidad de Texas en Austin y otras universidades en suelo estadounidense como Harvard, Stanford y Georgetown, para ocupar una posición académica una vez concluido su sexenio en diciembre de 2012, de acuerdo con un artículo del diario texano The Dallas Morning News.
En tanto, en México sigue el proceso de calificación de la elección presidencial del pasado 1 de julio, cuya nulidad e invalidez pide la coalición del Movimiento Progresista. Los magistrados del TEPJF negaron el recuento de votos en casi la mitad de las casillas instaladas en esos comicios, solicitada por la alianza que postuló a Andrés Manuel López Obrador. Sostuvieron, por unanimidad, que no procede el recuento de la mayoría de los 287 juicios que solicitaban la apertura de casillas y sólo concedieron la razón a la coalición para proceder a un nuevo escrutinio y cómputo de los votos contenidos en mil 109 paquetes electorales, adicionales a los 78 mil 469 paquetes electorales que abrió el Instituto Federal Electoral (IFE) entre el 4 y 5 de julio pasado. Así, se habrán recontado los votos emitidos en 79 mil 578 casillas de las más de 140 mil instaladas el pasado 1 de julio, lo que equivale a 55.8 por ciento del total. El recuento se aumenta en apenas cuatro décimas respecto de lo aprobado en julio por el IFE, con lo que el nivel de apertura pasa de 55.4 a 55.8 por ciento del total de casillas instaladas.
La decisión del TEPJF rechaza la exigencia del Movimiento Progresista de realizar el recuento de todas las casillas que no tomó en cuenta el IFE, dentro del juicio con base en el cual pide la nulidad e invalidez de la elección que dio ganador al priísta Enrique Peña Nieto. El magistrado Pedro Esteban Penados argumentó que la reapertura se consideró improcedente en la mayoría de los casos, porque muchos de esos paquetes ya habían sido objeto de recuento en los consejos distritales. También dejo claro que jurídicamente la posibilidad de que el TEPJF ordene el recuento de votos de la elección presidencial es una medida excepcional porque en primera instancia es una responsabilidad que corresponde a los ciudadanos y los consejos distritales del IFE, no de la autoridad jurisdiccional.
Es en este contexto en el que la Unidad de Fiscalización del IFE entregó al TEPJF copias certificadas de todos los documentos (13 mil 639 fojas de 21 expedientes) relacionados con el presunto gasto ilegal de la campaña presidencial del priísta Enrique Peña Nieto, dentro del juicio de inconformidad promovido por la coalición de partidos que postuló a Andrés Manuel López Obrador. El análisis de los magistrados del TEPJF resultará en un proyecto de resolución que será puesto a consideración de su Sala Superior, cuyos veredictos son definitivos e inapelables.
VIDEGARAY MANEJA LA CUENTA
Horas después de que el Gobierno del Estado de México sostuviera a través de un comunicado que las acusaciones de Ricardo Monreal, por un supuesto desvío de fondos de una cuenta bancaria de esa administración, no tienen fundamento, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador presentó el audio de una llamada al centro de atención del Banco Scotiabank que realiza alguien que se hace pasar por Luis Videgaray para comprobar que éste realizó operaciones millonarias con una cuenta del gobierno que encabeza el priísta Eruviel Ávila.
De acuerdo con el legislador del PT, el audio de invertel de Scotiabank fue entregado en una de las asambleas convocadas por la coalición Movimiento Progresista para recabar pruebas que ayuden a sustentar la invalidez de la elección presidencial. En el mismo, una operadora de nombre Jéssica Añorve atiende la llamada de alguien que se hace llamar Luis Videgaray para hacer una consulta de la cuenta 03800806935, quien pide confirmar un traspaso electrónico del 19 de junio a BBVA Bancomer. Añorve pide los datos de la clave interbancaria de la cuenta, que no son proporcionados, por lo que requiere el domicilio del estado de cuenta, con lo que se corrobora que es Bosques de la Herradura en la calle Parque Minas número 29 en el Estado de México, con el código postal 52783, así como el RFC de Luis Videgaray con las siglas VICL680810. Así, la verificación del estado de cuenta se hace: “701XX711 50 millones transferencia interbancaria SPEI RECPINV 737A, BBVA Bancomer. Cash 0100120619043424”. El cliente, que se identifica como Luis Videgaray, confirma que en esa cuenta hay operaciones por 250 millones 73 mil 678.73 pesos. También confirma una transferencia del 25 de junio por 50 millones 36 mil 824.38 pesos.
El senador zacatecano, tras mostrar la grabación, sostiene que ésta es la prueba que todos estaban reclamando, sobre todos los que dudaron y negaron la veracidad de los documentos que dio a conocer el jueves sobre transferencias realizadas por Videgaray a través de la cuenta del Gobierno del Estado de México. Ricardo Monreal advirtió que ante estos hechos y pruebas, presentarán una denuncia penal por lavado de dinero, evasión fiscal y delincuencia organizada a fin de que esto sea analizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proceder a la invalidez de la pasada elección presidencial.
Luis Videgaray respondió que el audio que presentó Ricard Monreal “es torpe y evidentemente falso. Lamento que Ricardo caiga tan bajo”. El ex coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto rechazó al versión del perredista, a través de un mensaje en su cuenta de Twister @lvidegaray.
Antes, la administración de Eruviel Ávila sostuvo a través de un comunicado que la cuenta número 038008006935 de Scotiabank es una cuenta de inversión del gobierno del Estado de México abierta en agosto de 2006, en la cual se invierten todos los meses excedentes temporales de la Tesorería, con el propósito de maximizar su rendimiento financiero. Sostuvo que sus saldos y movimientos –“que han sido auditados desde su apertura por un auditor externo independiente”- son parte de la cuenta pública anual que se entrega a la Legislatura del Estado y es revisada por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
También sostiene que el único administrador de la cuenta es el gobierno del Estado de México. Y subrayó que “tal y como lo informó ayer en un comunicado Scotiabank, Luis Videgaray Caso no tiene injerencia alguna en el manejo de esta o cualquier cuenta del gobierno del estado, desde que se separó del cargo de secretario de Finanzas, el 30 de marzo de 2009”. El comunicado concluye con la afirmación de que “el gobierno del Estado de México no ha destinado recursos para apoyar campañas políticas, la acusación que hace el señor Monreal carece de fundamento alguno”.
Entonces, ¿cómo se explican las pruebas presentadas por Ricardo Monreal este viernes?
Por otro lado, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que el spot “Miles de Pruebas del fraude 2012” de la coalición Movimiento Progresista, continuará siendo transmitido en los dos mil 335 medios de comunicación en que se tiene pautado. Así, la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral declaró por unanimidad improcedente la petición de medidas cautelares solicitada por el PRI, por considerar que el contenido de dicho promocional es calumnioso y realiza propaganda electoral. Los consejeros no encontraron ningún elemento que sustente la queja presentada el pasado 31 de julio.
SORIANA SE QUEJA
Dentro de este complejo escenario político, la segunda cadena minorista más grande de México, Soriana, que es investigada por el IFE en torno a los monederos electrónicos otorgados por el PRI, se queja de que debido a los actos violentos registrados en sus tiendas en todo el país, que iniciaron un día después de las elecciones del pasado primero de julio, ha sufrido un impacto económico al final del trimestre en curso. El director de relación con inversionistas de la empresa, Rodrigo Benet, destacó que a raíz de los comicios los conflictos al interior de las tiendas se han agravado, al grado de privar de la libertad a consumidores y trabajadores dentro de los establecimientos comerciales, por lo que incrementó sus dispositivos de seguridad intramuros e inició las denuncias penales correspondientes.
Las cámaras de comercio y de la industria de productos de consumo expresaron su solidaridad con Soriana, cuyas tiendas han enfrentado diversos ataques por supuestos simpatizantes del PRD y de Andrés Manuel López Obrador, al sostener que participó en la presunta compra de votos para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto en la pasada contienda presidencial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) condenó las agresiones que se han registrado en contra de las tiendas Soriana en el último mes. Alberto Espinosa Desigaud, presidente de Coparmex, dijo que “lamentamos que esas acciones ilegales permanezcan impunes y condenamos enérgicamente cualquier manifestación violenta y ataque a clientes, directivos, empleados e instalaciones de la empresa”. También la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco-Servytur) se sumó al reclamo en contra de los actos violentos que han padecido consumidores y trabajadores de las tiendas Soriana.
DE LOS PASILLOS
Altos Hornos de México (AHMSA) confirmó que tras un derrumbe, la mañana del viernes, de 100 toneladas de carbón en una mina de Progreso, Coahuila, seis trabajadores quedaron atrapados y uno fue rescatado con vida. El accidente se generó tras el desprendimiento de carbón y una explosión de una “bolsa” de gas metano. Por la tarde, los cadáveres de los seis mineros fueron localizados. La empresa sostuvo que la mina 7 de Mimosa, ubicada en la carretera 57, es una unidad moderna equipada con tecnología, lo que permitió la salida oportuna de 285 trabajadores que se encontraban en el primer turno. Apenas el pasado 25 de julio, siete mineros murieron tras el derrumbe en un pozo de carbón de Mineral La Florida, en el municipio de Múzquiz, también en el estado de Coahuila.
Serios problemas en la sucesión del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se generaron con la consignación de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawa y Rircardo Escorcia, por su presunto apoyo a las actividades de los hermanos Beltrán Leyva. El general de Brigada Rubén Pérez Ramírez se reservó ante un juez federal el derecho a rendir su declaración preparatoria, dentro del juicio que se les sigue a esos militares de alto rango. Tampoco el mayor Iván Reyna Muñoz hizo manifestación alguna ante la autoridad judicial. Pérez y Reyna solicitaron a Raúl Valerio Ramírez, Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, duplicar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para que les resuelvan su situación jurídica.
Parte de guerra: la madrugada de este viernes fueron ejecutadas a balazos cuatro jóvenes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas frente a una casa de citas ubicada sobre la avenida Alta Tensión número nueve, en el municipio de Cuernavaca, Morelos…. José Ricardo Barajas López fue detenido por militares por su presunta participación en la ejecución de 49 personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el pasado 13 de mayo… (www.liliaarellano.com.mx; [email protected])
