Robos no disminuyen porque no hay estrategia económica: Procurador

Por Benny Díaz

Aguascalientes, Ags.- Durante su comparecencia con los diputados dentro de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, de Carlos Lozano de la Torre, el procurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez aseveró que aunque sí hay avances en la disminución de crímenes en la entidad, de los cuales nueve de cada 10 están vinculados con la delincuencia organizada, los robos, sobre todo a casa habitación no han podido erradicarse debido que no se cuenta con una estrategia económica.

Intervino el legislador Roberto Martínez Muñoz, quien expresó que en el análisis del informe del Ejecutivo, se señala que han disminuido los delitos de secuestro y extorsión. Sin embargo, insistió en que la sociedad se duele de los robos a casa-habitación, a transeúntes, comercios y estudiantes. Por ello, inquirió sobre la parte de la estrategia de prevención que no está dando resultado.

El funcionario hizo mención de que la Procuraduría está avanzando en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, como la operación de mesas conciliadores, llegando a la resolución de cuatro mil 400 averiguaciones, con lo que se evitó prolongar los procedimientos legales.

“Se han acotado los delitos de alto impacto, pero aún tenemos el problema de los robos de casas y autos” reconoció Muñoz Vázquez. No obstante, aclaró que ellos tienen la función de investigación, por lo que se requiere una mayor comunicación con las policías municipales, a la par de estrategias sociales de prevención.

Insistió en que la forma de disminuir los robos tendrá que ir de la mano de una estrategia económica, que seguramente será notoria con la atracción de inversiones y generación de empleos impulsada por el gobernador. Explicó que muchos de los hurtos están asociados a la compra de droga o simplemente a las carencias económicas. En cuanto a la actuación de la dependencia a su cargo, Felipe Muñoz expuso que se ha avanzado en la atención de las víctimas del delito, así como la próxima operación del Centro de Justicia para Mujeres, que serán apoyadas principalmente en cuestiones de violencia intrafamiliar.

“La Procuraduría cree en la prevención, estamos priorizando áreas cruciales, más que en armas. De 75 millones que se nos otorgaron, ni un solo peso fue destinado a compra de armamento. Nosotros le apostamos a la prevención” enfatizó.

En su réplica, el legislador neoaliancista Roberto Martínez cuestionó si se ha pensado en salir a las zonas poblacionales que son focos potenciales de delito. A lo que el procurador respondió afirmativamente.

Sergio Augusto López Ramírez, representante popular por el PVEM, preguntó sobre qué sucede en el caso de los que llamó “presos políticos”, aludiendo a Jesús Soto, Ventura Vilchis y Ubaldo Treviño. ¿Por qué hay parcialidad en la aplicación de la ley, qué criterios hay, ya que parece que hay selectividad? Increpó.

Por otro lado, quiso saber sobre el número de policías ministeriales basificados, la figura del arraigo y cuántos de los detenidos han salido libres, además del nivel de modernización para presentar una denuncia. Al igual que sus compañeros, citó los incrementos en los índices de robo, por lo que cuestionó sobre los operativos para frenar este delito, especialmente en casas de crédito, donde va a parar parte de lo sustraído ilícitamente.

Además, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde le pidió que expresara sobre el principio de respeto a la dignidad humana, cuando se conoce de muchas quejas por la actuación de la fiscalía estatal.

Felipe Muñoz Vázquez aclaró que la Policía Ministerial es el cuerpo de seguridad que menos denuncias tiene en Derechos Humanos.

No Funcionaban ni los Teléfonos

En lo tecnológico, reveló que cuando llegó no funcionaban ni los teléfonos, menos otro tipo de equipamiento. “La parte del respeto a la dignidad humana incluye que existan instalaciones dignas, tanto para los de alta peligrosidad, hasta lo que son detenidos por algún incidente” afirmó.

Afirmó con respecto al arraigo, que en el 2010 había 26 personas arraigadas, de las cuales sólo pudieron ser consignadas cuatro. En el 2011, de 180 arraigados, el 98 por ciento fue consignado por delitos del orden federal y del común. “Para eso nos ha servido, para las personas que han cometido delitos de alto impacto no se vayan por un solo delito. “ 146 fueron los arraigados este año, añadió, de los que la mayoría siguieron su causa penal.

Sobre la plantilla de ministeriales, contestó que actualmente se cuenta con 220 elementos en activo.

“Presos políticos, no hay, subrayó. Hay denuncias que integrar, antes no se les daba seguimiento. No son las únicas. Tengo 30 más que estoy integrando. En algunas de ellas, estoy a una diligencia para llegar a la consignación, trátese de quien se trate”, subrayó Felipe Muñoz.

El diputado Sergio Augusto López, en su derecho de réplica, mostró en su computadora que no es posible tener acceso a la denuncia anónima por internet. También dijo que en la página de la PGJ no se muestra entre los valores de la institución, el de la “imparcialidad”.

“A Vilchis, por un tomógrafo de 20 millones de pesos se le impuso una multa de nueve. A Ubaldo, que no pagó 25 millones al Isssspea, le ponen una fianza de 30”, agregó el ecologista.

A continuación, el diputado Gilberto Carlos Ornelas, presentó varios cuestionamientos, uno de ellas en relación a las cifras vertidas previamente: “¿La orientación de la PGJ no va a contrapelo con las nuevas disposiciones nacionales, como la desaparición del arraigo?, ¿La PGJ no incurrió en alguna actitud de desestimar el caso de la desaparición de Noemí Chávez, al pensar que se había fugado por su propio pie? ¿hay protocolos para este tipo de casos?

El perredista también inquirió sobre la existencia o no del delito de trata de personas, y casos de explotación sexual. Asimismo, pidió que se detallara si se está haciendo algo para frenar el delito de abijeato, pues en gira por comunidades rurales, le manifiestan un incremento desmedido al respecto.

El procurador de Justicia expuso que en temas de delincuencia organizada, la modalidad del arraigo se pretende conservar, como se ha comentado en conferencias nacionales de seguridad. Detalló que cuando alguien es arraigado, es porque hay fuertes indicios de que está vinculado a más de un delito, a diferencia de cuando no hay pruebas consistentes, salen en libertad en pocos días.

Sobre el caso de Andrea Noemí, Felipe Muñoz aseguró que desde el mismo día que se conoció de la desaparición de la jovencita, la Unidad de Secuestros inició la búsqueda y que la denuncia se inició al día siguiente. Comentó que una de las principales líneas de investigación fue el del culpable del crimen, pero que la investigación fue desviada por el dicho de la novia de que el sujeto estuvo con ella todo el día del asesinato de la estudiante.

En relación a la trata de personas, dio a conocer que ya han sido consignadas personas por este delito. “Sabemos que existe este delito y hemos obtenido sentencias condenatorias”. Asimismo, el procurador declaró que se ha avanzado en el abijeato.

El diputado representante del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que quedará la duda sobre si la casa de arraigos no es una fábrica de culpables y si realmente si privilegian los derechos humanos.

Tocó el turno a Gabriel Arellano, “yo no cometí ningún delito diputado López, quien acusa tendrá que probarlo, si no se hará acreedor a una contrademanda”.

Alfredo Reyes Velázquez, legislador panista, dijo que se tienen dos denuncias presentadas, una de ellas por los comentarios de Gabriel Arellano. Estamos denunciando hechos, a los que se les tiene que dar seguimiento. Si le preguntamos sobre el estatus de esa denuncia del 2009.

Otro caso del 2010, detalló el coordinador del GPPAN, es el tema del enorme predio que se vendió con visos de irregularidad.

Al respecto, el fiscal estatal expresó que él ha llegado a construir, pues se tenía un gran retraso en el ámbito normativo, con una estructura funcional que no correspondía a las necesidades actuales de la sociedad, sin la infraestructura necesaria y con rezago tecnológico en temas periciales. La profesionalización y capacitación también era un asunto pendiente, reveló.

Por este motivo, de dos años a la fecha se ha trabajado en atender estos aspectos, con el apoyo en materia legislativa como la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría. Mencionó que se ha avanzado en la actualización tecnológica para investigar y combatir el crimen. En cuanto a planta física, se ha crecido en el área de servicios periciales, una fiscalía de robo a vehículos, la ampliación del edificio de la Policía Ministerial con características novedosas de seguridad y con la visión de un sitio que reúna las condiciones acorde a las necesidades actuales.

Felipe Muñoz dio a conocer que también se procedió a la compra de vehículos y uniformes, y que ya se está construyendo la segunda etapa del Centro de Justicia para Mujeres, así como una pensión de vehículos, así como la implementación de una unidad para narcomenudeo.

En cuanto al Centro de Control de Confianza, declaró que se tiene a le fecha con más 90 por ciento del personal evaluado; es decir, 230 de 250 aproximadamente. Con relación a la atención de víctimas, refirió que se han otorgado más de siete mil atenciones. Sobre el fondo respectivo, este año alcanzó más de un millón de pesos y fueron beneficiadas más de 80 personas, informó, previa evaluación de un grupo de análisis.