Rincón Guadalupano: 12 años de fraude empresarial  y omisión de autoridades

OSVALDO ÁVILA TISCAREÑO

El Instituto del Fondo  Nacional de Fomento para la Vivienda del  Trabajador (Infonavit),  fue creado el 21 de abril de 1972, con ello se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917;    se decidió  reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de los trabajadores que estuvieran contratados para darles “la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos”, bajo este esquema se entregaron viviendas  a pobladores  en  Rincón Guadalupano.

El objetivo del instituto –fue y es– contribuir a la prosperidad, siendo la institución que acompaña al trabajador a lo largo de su  vida, ofreciéndole soluciones que permitan incrementar el patrimonio y el bienestar de su familia,  propósito  olvidado por  el afán de ganancia de las  empresas  a las que no les importa  la calidad, lo que provoca que una vivienda terminada sea la mayoría de las veces mala, abuso cometido   con complacencia de autoridades como Infonavit: si autoriza el crédito es porque  encuentra garantías de las viviendas que los trabajadores pagarán durante  30 largos años, que son los que asegura  energías para trabajar y no fallar al crédito otorgado.

Hace más de 12 años  274 familias ahorraron para tener un pedacito de patria donde pudieran tener  una vivienda digna,  accedieron a créditos otorgados por Infonavit; en aquel momento se ajustó a sus necesidades  enganchándose con las casas nuevas, que ahora son mejor conocidas como “Mazapán”

La construcción fue  por  la empresa ORMIGON S.A de C.V., pero empezó un verdadero calvario, aparecieron  “vicios ocultos”, por materiales utilizados de pésima calidad, los servicios básicos se deterioraron,  aparecieron cuarteaduras  estructurales en la mayoría de las viviendas; con intervención de  INFONAVIT se logró la aplicación de la garantía,  pero  implicó sólo reparaciones menores.

El estudio del subsuelo  determinó  que las viviendas “están asentadas sobre arcilla expansiva con capas de tepetate blando que cruzan por arroyos”, es decir,  las condiciones son impropias para construir casas, doce años después  sólo hay dos alternativas: o se reubican o se cancelan los créditos para que cada familia se haga cargo de la reparación.

Los vecinos acudieron a un servidor para buscar una salida, con  respaldo del Movimiento Antorchista que represento y en como diputado local por el distrito 4, he puesto mi empeño para resolver este problema  que dé garantías a los defraudados.

Recorrimos  distintas instancias gubernamentales, — no es un asunto coyuntural como  afirman  aquellos que descalifican todo, pero nada hacen – solicitamos la intervención de la 62 Legislatura,  para hacerla participe de la solución del problema;  en el Congreso presenté un punto de acuerdo el pasado 3 de noviembre que fue  votado por unanimidad,  esto es  una muestra clara de cómo los intereses comunes se anteponen a los colores partidarios  y dan cuenta también de la justeza de las demandas.

Ante la iniciativa,   Gabriela Rojo Medina, delegada de Infonavit, respondió como  si se tratara de la representante de la empresa, ha ignorado la solicitud de uno de los tres poderes del estado que la conminó a analizar la situación y  sostiene que la solicitud es improcedente, pues las construcciones tienen varios años y no es un problema general.

Los afectados  siguen pagando el crédito y haciendo reparaciones continuas porque está en  riesgo su integridad, han presentado denuncias por fraude ante autoridades,  se han realizado inspecciones, dictámenes periciales  y reiteradamente se ha pedido el cambio de ubicación de este fraccionamiento pero  en todos los casos la respuesta ha sido la indiferencia.

Han pasado los años, Infonavit argumenta que no construyó, el responsable de los daños es la constructora, la única respuesta es que usen la póliza de garantía que tienen. Una respuesta simple de la delegada porque la dependencia debe verificar la calidad de las casas que avala, de lo contrario se  convierte en cómplice  de los empresarios voraces que abusan de la  necesidad de la gente como es este  caso.

Es un caso típico de abuso e indiferencia, no queda  otra salida   que hacer valer la ley,  pasaremos nuevamente  a la protesta pública para exigir   que se  dé una solución definitiva al problema que se denuncia, las leyes deben proteger a los indefensos y no sólo al servicio del poder económico empresarial. Los vecinos de  Rincón Guadalupano, no están solos,  contarán con todo el respaldo del antorchismo  hasta obtener una respuesta satisfactoria, pues en este país los derechos constitucionales deben dejar de ser solo letra muerta y los antorchistas pugnaremos siempre por ello.

LNY/Redacción