Reynoso Femat libre, paga la fianza

LILIA ARELLANO *
La desconfianza es madre de la seguridad”: Aristófanes

Después de siete meses de un difícil inicio y al menos seis mil 250 muertos más, parece que por fin la administración del presidente Enrique Peña Nieto se convenció de que mantener la estrategia seguida por la gestión de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado lo llevaría a un callejón sin salida y a mantener un Estado fallido, al menos en ese rubro. Ayer, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, anunció por fin la “reorientación” de la estrategia de seguridad para combatir el crimen, sustentada en la labor de inteligencia y en una mejor coordinación de los tres niveles de gobierno, acciones éstas surgidas de la mente del asesor especial colombiano quien despacha desde una confortable oficina en Monterrey, Nuevo León, el general colombiano Óscar Naranjo Trujillo.

El anuncio se da en el marco de un país que “vive bajo la amenaza del caos, momentos de incertidumbre y violencia negativos para la sociedad y las instituciones”, como bien lo remarcó el general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, al recibir un reconocimiento por parte de la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado y diversas organizaciones de profesionales del derecho. El militar destacó que “la informalidad, un conocido lastre de la economía nacional por décadas, se ha generalizado, se percibe en la desacreditación de la actividad política, en la suplantación de actividades exclusivas de los organismos de gobierno, de seguridad, de justicia, al margen del pacto social establecido por el Constituyente de 1917”. Subrayó que “hoy son moneda de curso corriente la simulación, la diatriba, el engaño y la mentira que siembran desunión y ruptura”.

También ayer, el Parlamento Europeo condicionó la renovación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México, a la inclusión de un apartado donde se haga énfasis en la importancia de que el gobierno del país respete los derechos humanos. “La violencia en México no es tanto un impedimento para renovar el tratado, pero si lo puede ser el que haya violaciones de derechos humanos”, señaló el presidente del grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Hannes Swoboda. Uno se pregunta si esta petición no tiene una relación directa con el nombramiento de Marisela Morales como cónsul en Italia, ya que no es desconocido para nadie en ese Continente la serie de violaciones y pifias de la ex procuradora

Hace apenas una semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que a partir del inicio del nuevo gobierno, las quejas interpuestas contra la Policía Federal aumentaron, mientras que las interpuestas contra el Ejército registraron una disminución de 50 por ciento. Las denuncias contra los policías federales son en su mayoría por abusos o casos de extorsión, particularmente en los aeropuertos o puntos de retención. LA CNDH también denunció que no hay avances en los casos de las desapariciones forzadas, “lamentablemente no se les atendió en su momento de manera adecuada, no se hicieron las averiguaciones previas y eso ha propiciado que prevalezca la impunidad”. Cabe destacar que de acuerdo con los reportes del organismo, hay 24 mil 800 casos de desaparecidos y alrededor de dos mil 443 expedientes donde hay una vinculación de servidores públicos en los mismos.

El anuncio de Mondragón y Kalb no es sorpresivo pues apenas el jueves el Gabinete de Seguridad había reportado que el índice de crímenes dolosos en México bajó del nivel de los meses recientes, al menos mil en promedio en el arranque de la administración, a 869 homicidios del 1 al 30 de junio, y presumía que, por fin, “los homicidios presuntamente vinculados a delitos federales disminuyeron 18 por ciento”. Triunfo pírrico y que se refiere a un solo mes.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, que encabezó el “Día de la Policía Federal”, el Comisionado Nacional de Seguridad anunció una “nueva etapa de acción y responsabilidad” y reiteró la advertencia de que en la Policía Federal habrá la política de “cero tolerancia a la corrupción”, punto neurálgico y de suma importante, sin duda, en esta tarea. Mondragón sostuvo que “la falta de probidad es incompatible con los principios que inspiran esta nueva etapa de la Policía Federal”. Y agregó: “quien actúa con desapego a éstos, simplemente no puede ser eficiente ni brindar atención, respeto y afecto a la comunidad a la que sirve. Aquellos elementos que han incurrido e incurren en esa práctica han sido y serán severamente sancionados”. El funcionario explicó que se establecerán “protocolos de acción conjunta” entre los gobiernos federal, estatales y municipales.

A su vez, el comisario general de la Policía Federal, Enrique Galindo, se comprometió a que esa corporación trabaje por la seguridad del país. “Hay causas por las que vale la pena morir”, dijo Galindo al inicio de su discurso en el marco del 85 aniversario de la Policía Federal. En un acto paralelo, Ángeles Dauahare, quien fue acusado por presunto vínculo al narcotráfico con base en testimonios falsos emitidos por testigos protegidos, citó una frase del libro “Todos fuimos culpables”, en el cual se alude a la guerra civil española: “errores gigantescos dieron lugar a la formación de un clima de guerra civil que imprevisiones, impericia, acciones desbordadas en campos rivales, impidieron que se evitara”.

El militar destacó que el pasado 24 de junio en Oaxaca se dio a conocer a un grupo denominado Frente Único de Lucha Social y dijo que miembros de esta organización declararon “que el Frente va a convertirse en un embrión de insurrección generalizada en todo el territorio mexicano para derribar al actual sistema político”. Y agregó que “en estos días son frecuentes las muestras de agitación social y de violencia callejera, se escuchan discursos de odio, mensajes de rencor y resentimiento social, todo esto genera temor e incertidumbre y desánimo, contrarios a la grandeza de México y que los mexicanos quieren y merecen”. Dauahare dijo que “hoy es indispensable hacer conciencia que la mezquindad es improductiva, que el antagonismo ultranza es paralizante y que la ignominia es destructiva”.

También el general Rubén Pérez Ramírez, quien fue acusado junto con los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz de presuntamente colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, y quien salió hace una semana del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, al demostrarse que no existieron pruebas en su contra y de sus coacusados, señaló que fue traicionado por su superior, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien nunca exigió una investigación seria, pruebas a la Procuraduría General de la República, pues sólo con testigos protegidos que falsearon información lo llevaron a prisión. “Esto fue armado” con un interés político desde la PGR, aseguró.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Guerrero que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido ineficaz para combatir la delincuencia. Tras tomar la protesta a los integrantes de los comités municipales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la región centro de Guerrero, explicó que ante la ineficacia de las policías y el Ejército para acabar con la delincuencia, se justifica la existencia de las policías comunitarias. El dos veces candidato presidencial opositor urgió atender las causas del problema, “porque no se va a resolver nada sólo con medidas coercitivas”.

CONTRARREFORMA EDUCATIVA

Aún es temprano para considerar al régimen de Enrique Peña Nieto como contrarreformista o contrarevolucionario, pero hay rasgos que apuntan a que su proyecto político y de gobierno no responde a los postulados y conquista sociales plasmadas en la Constitución por los constituyentes de 1017.

Ayer, intelectuales y defensores de derechos humanos como el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, afirmaron que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional, son una “contrarreforma” que violenta el espíritu y la letra de la Constitución, y representa un retroceso del pacto social y político que se alcanzó con la Revolución Mexicana.

En un documento de apoyo al magisterio disidente suscrito también por los investigadores Gilberto López y Rivas, Magdalena Gómez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos y Miguel Álvarez Gándara, exigieron la abrogación de la reforma, pero también impulsar una revolución en la educación que implique un cambio en la conciencia, en los métodos educativos y en las relaciones maestro-alumno-familia-comunidad.

Aseguraron que las modificaciones constitucionales en materia educativa se tratan de una más de las acciones “autoritarias y restrictivas” de un Estado neoliberal, pero también es una “vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber sido consensada entre quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia”. Destacaron que se trata de una iniciativa que surge de “poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos”.

Los firmantes explicaron que por eso se ha emprendido una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, “a través de los monopolios de la información y de sus mercenarios en la prensa y los medios masivos de comunicación”.

Sostuvieron que en los hechos, la reforma educativa es una reforma laboral-administrativa contraria al Artículo 123 Constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial, afectando su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso, pero sin resolver los problemas del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar.

Los intelectuales subrayaron que se rompe con la gratuidad de la educación, con la validación de las cuotas, y se pretende con supuestas atribuciones de autonomía y “gestión escolar”, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia.

Con ese importante respaldo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se declaró en “alerta máxima” ante la probable discusión de las leyes reglamentarias de la reforma educativa durante el periodo extraordinario de sesiones. El secretario general de la Sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, confirmó que “la CNTE se ha manifestado en alerta máxima, hay concentraciones en los diferentes estados, ya que no hay confianza en el gobierno federal, ni en los legisladores, y fácilmente podrían proponer estas leyes pensando que el magisterio está de vacaciones. Son tiempos de lucha, no hay descanso, no habrá recreo, y estamos en condiciones de una respuesta inmediata ante la expectativa de que nos pudieran hacer un albazo”.

DE LOS PASILLOS

Ante el Juzgado Tercero de Distrito, el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, exhibió una póliza de fianza por la cantidad de 9 millones de pesos, para garantizar que no evadirá la acción de la justicia mientras se resuelve el juicio de amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra, por lo que continuará en libertad. Lo anterior fue comunicado a la Juez Segundo Penal del Estado de Aguascalientes, para enterarla de que Reynoso Femat continuará en libertad.

La Junta de Gobierno del Banco de México admitió que en el segundo trimestre del año se acentuó la desaceleración de la economía mexicana y que los riesgos de menor actividad se han elevado, por lo que decidieron mantener sin cambio el objetivo de tasa de interés interbancaria a un día a 4 por ciento. Detalló que “la información más oportuna acerca de la economía mexicana sugiere que la desaceleración que se ha venido registrando desde 2012 se acentuó de manera importante en el segundo trimestre de 2013 como reflejo de una considerable desaceleración de las exportaciones y de la debilidad en el gasto interno”.

En el Instituto Federal Electoral (IFE), la representación del PRD advirtió que el nuevo proyecto de dictamen de gastos de campaña de la Unidad de Fiscalización es una “provocación” al Consejo General del órgano electoral, y beneficia aún más a Enrique Peña Nieto. El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, cuestionó que la Unidad de Fiscalización redujera el gasto de campaña de Peña Nieto en 100 mil pesos, para dejarlo en casi 328 millones 683 mil pesos.

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