Resolución en delitos militares y derechos humanos, un hito: Aragón
La resolución emitida por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el fuero militar no opera para procesar a militares responsables de violaciones a Derechos Humanos, y que en adelante deberán ser juzgados por tribunales civiles, debe ser asumida como un hito que permitirá ponerle freno a la serie de atropellos cometidos por miembros de las fuerzas armadas bajo el pretexto del combate al crimen organizado.
Vía comunicado, la coordinadora nacional de Foro Nuevo Sol-PRD, Hortensia Aragón Castillo, señaló que dicha postura representa un bálsamo para aquellos ciudadanos y organizaciones civiles y protectoras de los derechos fundamentales que por años habían urgido al gobierno mexicano a brindar verdaderas medidas de protección, ante las arbitrariedades de elementos castrenses que desde la instrumentación de la estrategia militar de Felipe Calderón han venido en aumento.
Tan sólo durante 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró mil 613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, aunque estamos seguros que la cifra de delitos perpetrados cada año por éstas contra civiles durante el gobierno de Felipe Calderón, es mayor que la reconocida oficialmente, pues los ciudadanos, conscientes de la impunidad que ha imperado entre los miembros de las fuerzas castrenses, han preferido no denunciar dichas arbitrariedades.
Esperamos que la resolución de la Suprema Corte de Justicia no quede en letra muerta y que aquellos soldados que hasta ahora han gozado de total impunidad y que han sido protegidos por los tribunales militares respectivos, sean castigados de inmediato conforme a derecho por los delitos que hayan cometido.
Entre éstos, están extorsiones y robos a migrantes, asesinatos contra menores de edad y violaciones sexuales contra mujeres, entre las que destacan los casos de Inés Fernández, indígena originaria de Ayutla de los Libres, en 2002; el de las 14 mujeres de Castaños, Coahuila, en julio de 2006; y el de la septuagenaria Ernestina Ascencio Rosario, cometido en Zonglica, Veracruz, en 2007.
