Reingeniería del gasto público, clave para el desarrollo y crecimiento económico del país
ULISES MEJÍA HARO*
El modelo económico neoliberal adoptado por México desde los años ochentas y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha fructificado en el crecimiento económico y desarrollo del país, en la generación de empleos, ni en el abatimiento de la pobreza. Nuestra economía en los últimos 25 años ha crecido en un 2.6% anual, mientras otros países con el mismo nivel de desarrollo han crecido en este mismo periodo a una tasa mucho más alta, por ejemplo: China, 10.6%; Iraq, 8.2%, India 7.7%; en América, se registran crecimientos también mayores: Perú 5.6%; Costa Rica 4.7%; Bolivia y Cuba 4.6%.
México ocupa el lugar 134 de 200 países en crecimiento económico anual. El crecimiento promedio anual en la administración de Peña Nieto ha sido mediocre, apenas alcanza el 2%, muy lejos del 5% prometido en su campaña y del crecimiento de otros países del mundo con el mismo nivel de desarrollo y distante del 3.92% obtenido en 2012 por la administración pasada. El escenario se agrava aún más a finales del sexenio de EPN con el disparo de la inflación, que de acuerdo a analistas será del 6.24% en 2017.
Para lograr un mejor crecimiento económico y desarrollo del país que genere riqueza, empleo, que abata la pobreza y se mejore el bienestar social, en el Proyecto de Nación 2018-2024 de Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador se propone entre otros lineamientos y acciones lo siguiente:
En política macroeconómica se propone que el gasto público sea instrumento del desarrollo y crecimiento del país, por lo que se considera replantear la política pública en materia de gasto público, ya que la corrupción y el derroche son los principales problemas de su ejercicio (de acuerdo al Banco Mundial y Banco de México, la corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía, equivalente al 9% del PIB nacional); igualmente afectan al gasto público los excesos, las ocurrencias y el despilfarro de recursos.
Lo anterior se da por la falta de transparencia y rendición de cuentas efectiva, la falta de planeación y programación del gasto público, a la carente fiscalización real de los diputados en el ejercicio de los recursos que le aprueban al Ejecutivo Federal. Tan es así, que no existe correspondencia entre el presupuesto aprobado y el ejercido, por ejemplo en 2016, la diferencia entre el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados y el ejercido fue de 613,976 millones de pesos (13% de incremento), estos incrementos se dan de manera discrecional y sin atender a las prioridades de la población, en 2016 se redujo el monto a salud, desarrollo social y campo, en cambio se aumentó exponencialmente en un 85% el gasto de la Oficina de la Presidencia.
En el sexenio de Calderón el presupuesto en servicios personales se incrementó en un 80% (162,924 millones de pesos), el de servicios generales en 200 mil mdp. Peña Nieto ha continuado con esta tendencia, en sus primeros cuatro años, el gasto en servicios generales ascendió a 800 mil mdp. Los excesos también se observan en publicidad del Ejecutivo (Según Fundar, de 2013 a 2016 EPN ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, 15 mil 161 millones de pesos más que el autorizado por la Cámara de Diputados, lo que equivale a 25 millones de pesos diarios, con este presupuesto se hubieran rescatado a todas las universidades públicas hoy en quebranto financiero como la UAZ en beneficio de miles de jóvenes), lo mismo sucede en el “turismo gubernamental” improductivo (pasajes y viáticos, congresos y alimentos de funcionarios, que en 2016 su gasto fue de 19 mil 924 millones de pesos). A diferencia de lo que ocurre en gasto corriente, en el caso de la inversión pública productiva se registran siempre subejercicios relevantes, que luego la SHCP reasigna de manera discrecional en acciones no siempre prioritarias para la población.
Para corregir estas aberraciones en el gasto público el Proyecto Alternativo de Nación plantea un cambio en las políticas públicas, basado en la honestidad, eficiencia y responsabilidad, cuya finalidad sea lograr un desarrollo económico y social. Los principios rectores de la nueva política pública contempla: Cero corrupción y absoluta transparencia, crecimiento económico compartido para todos, respeto al estado de derecho, no deuda pública, se reorientará el gasto público improductivo de la alta burocracia a proyectos de inversión con alto impacto económico y social, equilibrio fiscal basado en disciplina financiera, no incremento a impuestos, ni nuevos impuestos, fomento económico con sinergias entre inversión pública y privada, desarrollo regional sustentable, presupuesto responsable y austero.
Del análisis riguroso y puntual del gasto público federal de los últimos años, AMLO concluye que si existen márgenes para obtener ahorros presupuestales, y de que es posible bajar el costo de operación del gobierno sin afectar bienes y servicios a la población; asimismo, que es posible reorientar recursos mal invertidos o que están ociosos, por lo que se proponen 20 medidas para el ahorro y uso racional de los recursos, así como una reasignación del gasto, que en conjunto se obtendrían 412 mil 712 millones de pesos de 2019, los cuales asignados a inversión productiva de alto impacto económico y social, ejercidos con honestidad y eficiencia, mejoraría la economía nacional y el bienestar social de los mexicanos.
*Maestro en Administración
FB: @mejiaharo
