Regular los salarios de los servidores públicos
El pasado martes presenté, junto con Xerardo Ramírez, una iniciativa de ley que tiene el objetivo de regular las remuneraciones de los servidores públicos, dando seguimiento a las reformas constitucionales que en la materia se han dado a nivel federal y estatal.
A últimos años, el país ha tenido profundos cambios y transitado hacia nuevas formas de gobernar. Los procesos electorales han dado frutos y la alternancia puede llegar a ser el hilo conductor para cimentar un mejor futuro para la nación.
Sin embargo, el rezago social, la desigualdad y los altos niveles de pobreza, ensombrecen los logros que hemos construido. La insultante desigualdad ha desencadenado en irritación social; la población se siente agraviada y vejada en sus derechos cuando observa que una clase privilegiada conduce las instituciones y hace de ello un nicho para satisfacer sus desmedidos deseos.
Esas enormes e indolentes disparidades han propiciado que la ciudadanía comience a sentir desprecio y apatía hacia las instituciones del Estado mexicano. Por infortunio, una diminuta clase en el poder parece petrificarse como una verdadera casta, capaz de sostener sus privilegios a cualquier precio, inclusive poniendo en juego la viabilidad de la nación.
Pareciera que estos tiempos difíciles por los que transitamos serían el momento propicio para cerrar filas y reencausar el rumbo de la nación. Desafortunadamente no es así, pues aún con la falta de liquidez en las finanzas públicas, los graves huecos fiscales y la baja recaudación, se siguen aprobando salarios cuyos montos son aberrantes e insultantes para una nación con grandes estratos sociales sumidos en la irremisible pobreza y sin un futuro promisorio.
Hay que reconocer que la sociedad se encuentra hastiada por los altas remuneraciones que recibe un reducido grupo de funcionarios que, indolentes al acontecer, persisten en atribuirse privilegios que se alejan del llamado ideal juarista. Y reconocer que un amplio bloque de servidores públicos recibe remuneraciones que apenas logran cubrir sus más básicas necesidades; a éstos, nuestro reconocimiento por su contribución al desarrollo del país y del estado.
No podemos esperar más. Es momento de estrechar la brecha que separa a los privilegiados del ciudadano común, pues pareciera que los derechos se vuelven privilegios y que las capas sociales deben conformarse con las migajas, sin tomar en cuenta que éstas constituyen el motor para salir del subdesarrollo.
México, y en particular Zacatecas, merecen un mejor porvenir. En tiempos de crisis se debe reflexionar y cambiar de rumbo. La clase política zacatecana debe elevar la mira.
De ahí, la necesidad de impulsar un rígido sistema de remuneraciones que propicie que las personas cuyo encargo sea la función pública, realicen sus actividades movidos por su vocación de servicio y no por el ansia de poder y dinero.
La iniciativa de ley que presentamos se compone de cuatro capítulos. En el primero de ellos, denominado “Disposiciones Generales”, se menciona que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irreductible e irrenunciable por el desempeño de su función y se refieren los principios en materia de remuneraciones a los que estarán sujetos.
En el Capítulo Segundo, de las “Remuneraciones de los Servidores Públicos”, establecemos que los servidores públicos deberán ser remunerados de acuerdo a los tabuladores de remuneraciones y hacemos mención de que no se podrá recibir más remuneración que la establecida en el presupuesto. Estas deberán ser suficientes para procurar un nivel de vida digno y con ello, estimular y reconocer su desempeño.
Igualmente, hacemos una separación respecto de las prestaciones en efectivo y en especie y establecemos que no deberán concederse jubilaciones, pensiones, haberes de retiro ni liquidaciones, sin que se encuentren asignadas en una ley y se prohíbe conceder remuneraciones por fungir como representante en órganos de gobierno, juntas directivas, comités y otros cuerpos colegiados análogos.
Uno de los abusos más recurrentes, y que mayor irritación causan a la población, consiste en el otorgamiento discrecional y unilateral sobre el pago bonos y gratificaciones, razón por la cual se estipula que en los presupuestos de egresos no deberán establecerse dichas prestaciones.
En el Capítulo Tercero “De los Tabuladores y Manuales de Administración de las Remuneraciones de los Servidores Públicos”, se obliga a que en los proyectos de presupuestos de egresos de los entes obligados se incluyan los tabuladores de las remuneraciones y expidan manuales de administración de remuneraciones así como sus catálogos generales de puestos, que serán públicos.
En el Capítulo Cuarto “De las Infracciones, Delitos y Sanciones”, se señala que los servidores públicos que incumplan sus disposiciones, serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de Fiscalización Superior, sin perjuicio de las conductas penales, laborales o civiles en que puedan incurrir.
También se establece un catálogo de sanciones de naturaleza penal, el cual será aplicado a los servidores públicos que contravengan sus disposiciones y se estipula que a los encargados de la elaboración de los tabuladores que por cualquier causa omitan integrar los elementos que conforman las remuneraciones, se les impondrán sanciones de carácter penal.
De la misma forma, se contemplan sanciones punitivas a quien autorice el pago de bonos o gratificaciones y a los servidores públicos que reciban el pago de cualquiera de esas percepciones.
En materia de servidores públicos y sus remuneraciones, nuestra idea es muy clara. Arriba los de abajo; abajo los de arriba.
*Diputado local
