Reformas estructurales
JOSÉ NARRO CÉSPEDES
Nos encontramos en una situación en la que, conforme avanza nuestra incipiente democracia, casi todos los actores de la vida social señalan la necesidad de reformar.
Reformar estructuralmente, significa reformar estructuras, no empresas; instituciones y no sistemas recaudatorios; esquemas de gobierno, Implica preguntarnos: ¿a quién le interesan las reformas?, ¿para qué son?, ¿a quién benefician? Porque las respuestas a estas interrogantes subyacen temas que conviene al menos sacar a la superficie y muchas de esas respuestas nos llevan a descubrir subordinaciones ocultas, pactos conmutativos, intercambios furtivos.
Las llamadas reformas estructurales buscan crear el ambiente más propicio para el desarrollo de los grupos en los que se ha centrado la riqueza, buscan acrecentar las ventajas de las clases empresariales, ya sea por medio de la atracción de inversión y tecnologías extranjeras o por medio del desarrollo de tecnología y empresas o una combinación de ambas.
Las reformas reforzarán políticas que han empobrecido durante más de 30 años a más de la mitad de los mexicanos, por ello que haremos uso de todos los recursos políticos, jurídicos y de presión social, a nuestro alcance, para evitar que se cancelen o menoscaben los derechos sociales de las y los mexicanos consagrados en el Artículo 1º de nuestra Carta Magna, exigiendo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que se inicie un proceso de diálogo social.
Es evidente, entonces, que una dificultad inicial está en el diagnóstico de lo reformable, se debe contar con en nuestro país con diagnósticos serios, profundos, amplios.
El actual contexto nacional está determinado por las secuelas de un proceso electoral controvertido, por un panorama económico incierto y por la creciente inseguridad, pero que en la raíz de dicha condición de apremio, está la persistencia de un modelo de desarrollo excluyente, -en crisis en todos los países que los siguen, particularmente en las naciones dependientes- cuya aplicación durante más de 30 años ha traído consigo una concentración sin precedentes del poder e influencia del capital trasnacional y de las grandes empresas nacionales, además del estancamiento del mercado interno, el quebranto del campo y un dramático descenso de los niveles de bienestar de la mayor parte de la población.
La masificación de la pobreza y una creciente desigualdad social que se expresan en los 60 millones de mexicanos en situación de pobreza por bajos ingresos, en los 2.7 millones de desempleados y en los 13.9 millones de personas que sobreviven en la informalidad, son algunos de los saldos más visibles de una política que sacrifica el poder adquisitivo de los salarios para controlar la inflación, pero que, a cambio, resulta notoriamente inoperante para efecto de proveer un crecimiento sostenido y sustentable de la economía o para generar los empleos que el país requiere en función del incremento poblacional.
A pesar de lo anterior, tras la conclusión del proceso electoral federal del 2012, en la mayor parte de clase política y entre los poderes de facto prevalece la idea de sostener e incluso de profundizar la estrategia económica vigente a partir de la promoción de una nueva generación de reformas, llamadas estructurales.
En el inicio de ésta estrategia reformista, las cúpulas partidarias, firmaron el Pacto por México y comenzó la cascada de reformas poco populares con la Reforma Laboral Regresiva que el 28 de septiembre aprobó la Cámara de Diputados y que próximamente revisará el Senado, la cual cancela la estabilidad en el empleo, establece el régimen de contratación por horas, legaliza la subcontratación, limita el derecho de huelga y fomenta la proliferación de empleos precarios, temporales y desprovistos de derechos.
A diferencia del proyecto de los empresarios, consideramos que una verdadera transformación del medio laboral para por fortalecer la independencia y la autonomía de las organizaciones gremiales desterrando el sistema de control corporativo y requiere de la contratación colectiva auténtica como el eje de las relaciones obrero-patronales.
En cuanto a la llamada Reforma Educativa se modificó la constitución, el artículo 3º y el 73º, para que se pueda dar una reforma laboral al interior del gremio docente adscritos a sistema de educación básica gratuita nacional.
Al hacer esto entran nuevas disposiciones a la educación, como la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el supone un órgano autónomo, en el cual el Presidente de la República propone al que será el titular y los senadores y diputados lo aprueban, con lo cual la supuesta independencia desaparece.
El INEE será un instrumento para el despido masivo de docentes de nivel básico, utilizando como pretexto evaluaciones periódicas y obligatorias a los maestros, de las que dependerá la permanencia de los docentes.
Las reformas energética y fiscal contempladas en el Pacto por México intentan privatizar los recursos petroleros y cobrar más impuestos a los ciudadanos en vez de hacerlo con las grandes empresas.
La Reforma Hacendaria hace más difícil la vida de los contribuyentes de ingresos medios bajos, medios y medios superiores; convirtiéndose en un vehículo de recaudación de impuestos sobre las mismas personas, en lugar de convertirse en mecanismo para ampliar la base tributaria.
La reforma hacendaria, presentada el domingo 8 de septiembre por el presidente Enrique Peña Nieto, prevé gravámenes a colegiaturas, conciertos, comida de mascotas, viajes en autobuses foráneos, e incluso, a chicles.
Es necesario corregir los problemas de un régimen fiscal inequitativo e ineficiente en términos de recaudación, dotándolo de un claro carácter progresivo y redistributivo, combatiendo la evasión y la elusión fiscales.
A pesar de que la Reforma Fiscal tiene medidas como la eliminación de los regímenes fiscales especiales o el establecimiento de gravámenes para la actividad financiera especulativa, que podrían implementarse en las siguientes etapas de Reforma Hacendaria Integral, no toca a los grandes capitales, sin embargo, los que pagarán más son las clases medias empobrecidas del país.
Sin una reforma fiscal, no se puede tener una buena reforma energética.
La Reforma Energética que busca privatizar varias de las actividades que actualmente corresponden en exclusiva a Pemex.
La reforma energética le abre la puerta grande a grandes empresas extranjeras que, por sus altos recursos, se convertirán en poderes fácticos, con injerencia en los asuntos nacionales. Dicha reforma, pone en riesgo la participación del Estado en el sector.
La reforma al artículo 28 de la Constitución abriría la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico, e incluso estaría autorizado para deshacerse de todos los activos de Pemex y CFE.
El artículo 28 define el petróleo y el gas como un sector estratégico donde el sector público ejerce un control exclusivo, por lo cual, dejaría a Pemex desplazado de toda la cadena productiva del petróleo al permitir, y seguramente priviliegiar, la entrada y el crecimiento del capital privado en el sector energético, mientras que el 27 prohíbe que el gobierno otorgue concesiones al sector privado para el petróleo o el gas.
La propuesta de Enrique Peña Nieto, incluye la modificación del artículo 27 constitucional para que se puedan aprobar los contratos de utilidad compartida para la exploración y extracción de crudo, con lo que se compartirán la renta petrolera y se entregarán las ganancias de Pemex a la iniciativa privada.
Habrá que recordar que Pemex entrega al país, mediante impuestos, 4 de cada 10 pesos que el gobierno gasta, así, la entrega de la renta petrolera, provocará un enorme boquete fiscal que la ciudadanía pagará con el incremento de impuestos y el crecimiento de la deuda.
Vivir en democracia requiere de un compromiso férreo por parte de las instituciones del país, y de quienes integran por supuesto, por encausar sus diferencias en el marco de la ley, requiere consensos inclusivos en los cuales, quienes tradicionalmente son excluidos de los procesos de toma de decisiones tengan voz, en los que todas las voces suenen, armonizando y sin estridencias.
De ninguna manera aceptamos que este tipo de proyectos de carácter neoliberal sean aprobados a la ligera por el Poder Legislativo sin que medie un amplio debate nacional, que esclarezca los cambios que verdaderamente requiere el país para recuperar el crecimiento e impulsar el desarrollo con justicia y equidad.
