Reforma constitucional: menos trámites, más derechos
ULISES MEJÍA HARO
El pasado 18 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución —presentada ante el Congreso el 18 de febrero de 2025 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum— en materia de Simplificación y Digitalización. Esta reforma tiene como propósito homologar trámites y requisitos, disminuir su número, eliminar la duplicidad de funciones entre órdenes de gobierno, así como poner fin al exceso indiscriminado de requisitos y a la entrega repetida de documentos.
De igual manera, la simplificación administrativa, la digitalización y la homologación de trámites, requisitos, tiempos de resolución y procesos de atención permitirán ahorrar tiempo y dinero, además de evitar traslados repetidos —a menudo costosos y por largas distancias a través de caminos peligrosos o intransitables—. Asimismo, estas medidas fomentarán la transparencia, reducirán la burocracia, eliminarán las barreras impuestas por funcionarios que retrasan trámites, erradicarán el intermediarismo (conocido como «coyotaje») y combatirán posibles actos de corrupción persistentes en la administración pública de los tres órdenes de gobierno.
Estas reformas son necesarias, ya que, según datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México y el INEGI, en promedio existen siete mil trámites a nivel federal, 523 en el ámbito estatal y 144 en el municipal. A lo largo de su vida, una persona realiza aproximadamente 486 trámites, lo que refleja un exceso de burocracia, tramitología y cargas recaudatorias para los usuarios. Esta saturación, además, obstaculiza la inversión y fomenta la informalidad.
Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, el 83% de los encuestados consideró que los actos de corrupción son frecuentes, mientras que el 14% reportó haberlos sufrido al realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios.
Con la reforma constitucional y la futura ley nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, se facilitará el acceso a los servicios públicos, se reducirán los costos de los trámites, y se promoverá tanto la inversión como la formalización económica.
En síntesis, la reforma al artículo 25 constitucional establece que: «A fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas».
Por su parte, la reforma al artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para: «expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas».
