Recordar a Regina Martínez
SOLEDAD JARQUÍN EDGAR *
No conocí personalmente a Regina Martínez, la leí sí. Ella como otros muchos mexicanos y mexicanas han pagado con su vida el altísimo costo de la intolerancia de quienes advierten que decir la verdad les significa la pérdida de poder político y económico, la exhibición de su cinismo sin par y la molestia de una buena parte de la conciencia mexicana que no está adormecida y que rechaza esa condición (in)humana del ser político. Esas son las (sin) razones por las que se asesina a quien ejerce con profesionalismo la cada vez más peligrosa tarea de informar y de opinar.
Por eso asesinaron a Regina Martínez por ser una buena periodista, dispuesta a decir la verdad, demostrar con hechos el abuso del poder político y económico; periodista incómoda para quienes corrompen al Estado Mexicano y tienen las manos sucias (parafraseando a Ana Lilia Pérez, otra brillante periodista que ha tenido que exiliarse frente a las amenazas) y la conciencia negra, tanto que esa oscuridad no les permite ver el mal que hacen.
Ser periodista en México, se ha dicho en muchas ocasiones, es sinónimo de peligro para la vida. Se ha dicho tanto que corremos el riesgo de que nos hayamos acostumbrado a oír lo mismo y la indignación sea cada vez menor. Se repiten estos casos de violencia contra periodistas (violencia de la narcopolítica, como denominó Miguel Ángel Granados Chapa) desde Manuel Buendía hasta Daniel Alejandro Martínez, fotógrafo de Vanguardia cuyo homicidio se cometió esta semana en Saltillo, Coahuila.
Regina Martínez, asesinada el 28 de abril de 2012, acontecimiento lamentable cuya “investigación” consignó a un detenido que fue sentenciado a 38 años de cárcel, las inconsistencias en el proceso hacen pensar en que se trata de un “chivo expiatorio”, como tampoco se creyó en el móvil del asesinato, que según las autoridades veracruzanas fue un robo. Para otras personas, sus colegas y quienes la conocían el crimen pudo ser cometido como resultado de la información que manejaba.
Regina Martínez fue asesinada en Xalapa la capital de Veracruz, entidad peligrosa para el ejercicio periodístico, como lo es también Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y así hasta recorrer la República Mexicana, pero Veracruz es un caso que se debería reclamar especialmente. Hay demasiada sangre de periodistas en ese territorio, hay despidos injustificados y amenazas en medio de todo, aunque los asesinatos deberían indignarnos, siete han ocurrido en el último año contra trabajadores de la prensa. El tamaño del agravio contra la sociedad no tiene nombre. El problema más grave para las y los mexicanos en general es este sistema de justicia que no da resultados y la inmensa mayoría de esos crímenes, como el feminicidio, como las desapariciones, como el robo de infantes, como la trata de personas, como todos los delitos quedan en la IMPUNIDAD, hay cifras que se acercan entre sí, así tenemos que la macabra contabilidad de periodistas asesinados y asesinadas desde 2007 a la fecha es de 85.
Pero no es sólo la impunidad, hay detrás de cada asesinato el absurdo de las autoridades a minimizar los hechos señalando que no se trata de crímenes relacionados con la tarea de informar y sostienen que estos casos están relacionados con robos o crímenes pasionales como les llaman, y peor aún sostienen que las víctimas tienen relación o vínculos con la llamada delincuencia organizada.
Tal y como sucedió esta semana con el caso del fotógrafo Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, cuyo cuerpo mutilado apareció junto al de un estudiante de nombre Julián Alejandro Zamora García, en Saltillo, donde la “autoridad” no tuvo más remedio que pedir disculpas a la familia ¿de qué sirven?
El objetivo de estas falsas acusaciones no es otra sino “justificar” estos hechos que no tienen calificación alguna, además de mostrar las limitaciones de las instituciones para realizar científicamente las investigaciones. Al final, en México la delincuencia (institucional o no) está respaldada ampliamente por las Procuradurías de la Impunidad en que se han convertido las Procuradurías de Justicia de cada estado.
Oaxaca no es la excepción. Recién la Casa de los Derechos de Periodistas AC (CDP) envío una carta al gobernador Gabino Cué y Arturo Peimbert, presidente de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, en la cual manifestaron su preocupación “sobre el ambiente negativo para el ejercicio del periodismo y la Libertad de Expresión, que está creciendo en el estado de Oaxaca, más recientemente concentrado en localidades del Istmo de Tehuantepec. Tenemos datos y documentos indicativos de que se están cometiendo actos de gobierno, injustos y arbitrarios, que estimulan un clima de miedo y fomentan la vulnerabilidad de comunicadores de radios comunitarias y periodistas, agravados con amenazas y acoso”.
La carta firmada por Judith Calderón Gómez, presidenta de la CDP, y por Rogelio Hernández López, Coordinador de Protección y Consejero del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, enumera una serie de ataques registrados contra periodistas en Oaxaca: Carlos Sánchez López, director de la Radio Comunitaria “Radio Totopo”; David Henestrosa Carrasco, colaborador de Radio TNT de Juchitán y Director del Informativo Generando Opinión; Filiberto Vicente de Radio Xadani; Karina Martínez e Ignacio Garrido, además de María Elena Ramírez, editora de las Voces del Pueblo; Said Hernández, de la revista “Tucán”; Antonio Francisco Rodríguez, de ORP Comunicaciones; Fernando Palacio Cházares y David Cilia Olmos, así como los ataques Radio Totopo.
Todos ellos han sido agredidos. Uno fue apuñalado y salvó milagrosamente la vida, otros han sido amenazados de muerte y uno más fue despedido. Así que mientras Veracruz es la entidad más peligrosa para el ejercicio periodístico, todo hace pensar que en Oaxaca la región más peligrosa es el Istmo, donde habría que agregar las agresiones a Martha Izquierdo, conductora de Orientación Matutina y colaboradora de BBM; así José Luis López del Sol del Istmo y Canal 10 de Cable; Rusbell Rasgado corresponsal de El Imparcial y Televisa, y Pepe Nieto del diario El Sur, a quienes con lujo de violencia este viernes les arrebataron su material fotográfico y grabaciones cuando cubrirán un hecho en Nizanda, además de que fueron advertidos de muerte si se publicaba algo.
Este domingo, en varias entidades del país se recordará a la periodista Regina Martínez a un año de su asesinato y con ello habrá que resonar lo peligroso que es ejercer esta tarea, sobre todo cuando las advertencias por los excesos en que incurren desde gobiernos de todos los niveles hasta caciques, ejidatarios, comuneros, empresas y trabajadores de esas empresas molestos por lo que se publica en los medios de comunicación. No se trata de exigir privilegios sino condiciones de seguridad.
Como en el caso del feminicidio, tenemos que vernos en el espejo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en las agresiones contra periodistas, hay que mirarnos qué es lo que refleja Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y tantas otras entidades donde periodistas han sido asesinados y asesinadas por incómodas, por molestas, porque sacan de quicio a quienes ostentan el poder político y económico.
Observarnos antes de que sea demasiado tarde y eso solo se puede lograr castigando a los verdaderos culpables, lo cual requiere trabajo real, eficiente, verdadero de parte de la hasta ahora Procuraduría de la Impunidad bajo el mando de Jesús López, no ha podido; requiere atención del nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, de quien por cierto un amplio sector que lo conoce espera mucho, y claro tendría que tener la atención del titular del Ejecutivo, pero eso es mucho pedir.
Alerta de género…feminicidio
Este viernes trascendió que finalmente Arturo Peimbert Calvo, titular de la DDHPO, solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare alerta de violencia de género contra mujeres en Oaxaca, basado –dice el oficio- en notas periodísticas de las que se advierten diversos casos que pudieran considerarse como feminicidios, y que aún no han sido resueltos” (por las autoridades correspondientes).
Y como todo requiere tiempo, la DDHPO actuó nueve días después de que la LXI Legislatura del estado (17 de abril pasado) exhortara a este organismo “que de manera urgente solicite a la Secretaría de Gobernación federal la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción III y 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
Por tal situación y en atención al Punto de Acuerdo número 548 de fecha 17 de abril de 2013 aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, en el que se exhorta al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que de manera urgente solicite a la Secretaría de Gobernación federal la Declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 fracción III y 25 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así entonces, finalmente, Peimbert ya solicitó a la Secretaría de Gobernación se declare la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Ahora la “bolita” está en la otra cancha y se espera una respuesta, mientras tanto esta semana apareció la víctima número 199 de las mujeres asesinadas en Oaxaca en el periodo del actual gobierno. Ojalá que la alerta de género no llegue después de las 200 o 300.
@jarquinedgar
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