¿Qué impide resolver las demandas de Antorcha?
JACOBO CRUZ
Ha pasado la primera mitad del sexenio a cargo de David Monreal Avila, quien tomó posesión como gobernador de Zacatecas en septiembre de 2021 y dado su carisma de gente comprometida con el pueblo, el ahora mandatario logró alta aceptación popular por el partido Morena, venciendo en las urnas a otros contendientes al ofrecer soluciones efectivas a los más diversos problemas sociales.
Las expectativas ciudadanas ante la candidatura fueron muy importantes, de tal manera que posterior a su toma de posesión varios grupos sociales empezaron a movilizarse mediante protestas públicas, por ejemplo, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por los maestros de la Secretaría de Educación (SEC), que reclamaban su pago; así como por los familiares de víctimas en actos delictivos, entre otros, que para presionar a la autoridad tomaron instalaciones de las dependencias relacionadas a la demanda, mientras otros cerraron parcialmente el bulevar metropolitano de la ciudad capital, para hacerse ver y oír, decían.
Las acciones desarrolladas por ellos en la vía pública fueron muy cuestionadas, diversos actores de la política local y principalmente la ciudadanía afectada con el cierre de vialidades, consideraron que se trataba de un acto prematuro e inoportuno, que se debía dejar actuar al nuevo gobierno puesto que estaba entrando y que no había soluciones mágicas ante el desastre que heredaban de la administración saliente.
A diferencia de otras organizaciones, el Movimiento Antorchista que dirige Osvaldo Ávila Tizcareño, decidió esperar con paciencia para que las autoridades estatales tomaran en sus manos al gobierno, sabiendo que el arranque de la administración es un proceso que requiere conocer la problemática en cada área y consideró adecuado el nombramiento de Gabriela Pinedo Morales, como Secretaria General de Gobierno dada su trayectoria profesional y familiar en la lucha social lográndose la primera plática con la dirigencia.
Después del cordial encuentro con la segunda a bordo del Gobierno, se registraron reuniones con distintos funcionarios, lo que acabó siendo un largo peregrinar de oficina en oficina en donde se pedían listas, se aseguraba que se harían visitas a los domicilios y se realizaría el análisis de las peticiones para ver la factibilidad de cada una, pero no hubo solución.
Cabe decir que el pliego petitorio inicial recogía decenas de solicitudes de obras y servicios públicos, así como de apoyos sociales de pobladores de distintos municipios, pero en el documento entregado en 2024 se redujo a sólo cuatro puntos. Los temas más sensibles en las gestiones enarboladas ante la Nueva Gobernanza son:
- Atención al tema de la regularización de colonias populares en Fresnillo y Guadalupe. Para eso no se ocupan recursos económicos, sino sólo trámites; además, de lograrse será beneficioso por la aportación a las finanzas públicas a través del predial.
- Dotación de apoyos a productores del campo, y de canastas alimentarias a personas de la zona urbana. Petición respaldada de acuerdo a los expedientes que se entregaron en la Secretaría del Campo y el sistema DIF estatal.
- Programación de la entrega de apoyos a la vivienda por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot). Aquí, de forma personal, cerca de tres mil personas entregaron sus solicitudes.
- Solución al conflicto administrativo que afectó a Martha Delia González Olivas, exdirectora del Colegio de Bachilleres de Trancoso (Cobaez). La docente fue víctima de un acto arbitrario y tras 14 años de servicio administrativo fue despedida sin ninguna explicación. Hasta el momento no se soluciona el caso a pesar de haber demostrado que se cometía una arbitrariedad en su contra, violando sus derechos humanos y laborales.
Como describí al principio, ya ha transcurrido la primera mitad del sexenio, sin embargo, las solicitudes no se han resuelto, aunque se trata de obras de carácter elemental: agua entubada, red de energía eléctrica, drenaje para diversas comunidades y colonias; además de acciones de orden social como apoyos alimentarios y de mejoramiento a la vivienda, etc.
Si se analizan las solicitudes, se descubrirá que los antorchistas no piden un trato privilegiado, que las demandas no implica derroche de recursos económicos, ni abuso, sino que se trata de problemas reales que no han sido solucionados a pesar del buen trato en las oficinas de Palacio de Gobierno.
Ante la negativa reiterada de los funcionarios, cabe cuestionar ¿Es imposible resolver las demandas de Antorcha? ¿Qué, o quién se opone a que los ciudadanos libremente organizados puedan ser atendidos por su Gobernador? La respuesta sólo la saben los funcionarios omisos, que desprecian a la gente que participa en la lucha social, cuando en el discurso declaran ser distintos a los de antes.
Y es que con la política que López Obrador impuso en México, en Zacatecas también desconocen los derechos constitucionales, a pesar de ello, los afectados insisten que los problemas que exponen están plenamente justificados y han pedido el respaldo de Rodrigo Reyes Mugüerza, actual Secretario General de Gobierno, pero como tampoco se tienen resultados es que consideran urgente la intervención directa del Gobernador.
