PVEM, no sale de una y ya entra en otra

Las sanciones económicas aplicadas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por sus continuas violaciones a la ley electoral son una reprimenda que quedarán como ejemplo para los demás partidos políticos, a fin de evitar caer en tentaciones que dañan la democracia y la equidad en los procesos electorales.

Las 10 multas acumuladas para ese partido suman un total de 181.5 millones de pesos, derivado de las constantes violaciones cometidas en su campaña “El Verde sí cumple”, que desplegó en medios de comunicación, cines, equipamiento urbano y transporte público de todo el país.

“El Verde sí viola la ley”, debió llamarse esa campaña maliciosa, con la que durante meses promocionó su imagen a nivel nacional, rompiendo con ello el principio de equidad y difusión que se debe guardan en los procesos comiciales. Y que en varias ocasiones denuncié en este espacio.

Por fin y  tras varias quejas del Partido de la Revolución Democrática y otros institutos partidistas, el INE sancionó al PVEM, que se jactaba de que no quitaría su publicidad, confiando en que sólo tendría llamadas de atención públicas.

Aunque desde mi punto de vista consideró que las multas aplicadas todavía son insuficientes, veo en esta decisión un paso hacia delante por parte del Instituto Nacional Electoral.

La última sanción económica se impuso al PVEM el pasado lunes, por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó una multa por 11.4 millones de pesos por afectar el modelo de comunicación política.

Lo anterior, resultado de la transmisión de más de 19 mil spots. Sí, lo escuchó usted bien, más de 19 mil spots y el pretexto fue el informe de la diputada federal, Gabriela Medrano Galindo. En esta “mini campaña mediática” el partido se gastó la estratosférica cantidad de 11.4 millones de pesos, equivalentes a la multa que le fue asignada.

La Sala Regional consideró que esa fue una conducta ilegal grave, violatoria del Artículo 134 Constitucional y decidió sancionar al Partido Verde.

Sin embargo, el PVEM apenas está saliendo de la gran polémica por su campaña de difusión y ya está entrando a otra aún peor.

Me refiero precisamente a la decisión de su dirigencia nacional de solicitar un crédito bancario por 150 millones de pesos para pagar las multas. Préstamo con el que pretende hipotecar sus prerrogativas y hecho que está prohibido.

El Partido Verde Ecologista de México deberá informar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre su determinación y sobre los detalles del crédito ha solicitar al Banco Interacciones para pagar las multas que le fueron impuestas por las autoridades electorales.

No obstante, es necesario adelantar que el PVEM no pude ni debe solicitar el préstamo tal y como lo establece el Artículo 89, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización del INE.

Ese artículo obliga a que todo crédito bancario hipotecario o con garantía hipotecaria, que celebren los partidos políticos, sólo podrá ser contratados en moneda nacional, con instituciones financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano, con residencia en el territorio nacional y deberán ser informados al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Partido Verde Ecologista de México está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales, ajustando su conducta al estado democrático y a aplicar el financiamiento público de que disponga exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Si el PVEM compromete en garantía sus prerrogativas con la formalización de la operación contractual  que está planeando,  violaría las disposiciones constitucionales y legales establecidas, toda vez que estaría utilizando el financiamiento público para fines no permitidos por la norma electoral.

Ello, sería un elemento suficiente para que el INE determine que no es posible que se le otorgue al PVEM el préstamo que solicitó para pagar las multas que le fueron impuestas.

Aunado a lo anterior, el Partido Verde debe tomar en consideración que está por vencerse el plazo para que el INE resuelva las quejas en materia de fiscalización que ha interpuesto el PRD en su contra, identificadas con los números INE/Q-COF-UTF/03/2015 y INE/Q-COF-UTF/20/2015, mismas que seguramente conllevarán más multas ya que existe evidencia suficiente de que el PVEM recibe financiamiento ilegal por parte de las televisoras y de otras empresas privadas, como Rabokse empresa que pertenece a la familia Escobar.

De suceder lo mencionado arriba, el total a pagar en multas por el multimencionado partido se incrementarían y éste deberá prever esa situación.

El caso del PVEM es lamentable, máxime cuando estamos a cinco días de que inicien las campañas electorales, pero sienta un antecedente ejemplar para  todas y todos los participantes en el proceso.

*Consejero Nacional del PRD