Proyectos de infraestructura son información pública
JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El nuevo trazo de la vía ferroviaria del Tren de Nogales en Sonora es emblemático para comprender cómo funciona la opacidad en nuestro país, principalmente en las obras de infraestructura. No cabe duda de que la opacidad es el “caldo de cultivo” de la corrupción.
Como contexto, este proyecto pretende sacar del casco urbano de Nogales las vías del tren comercial. Se busca retirar las vías del centro de la ciudad y desviarlas por el municipio de Ímuris, para conectarlas con otras vías existentes que parten de Nogales hacia Santa Cruz, un municipio muy cercano a la frontera con Estados Unidos. Todo bajo la idea de eficientar y aumentar el intercambio comercial.
Hace unos días, el medio El Universal publicó un reportaje sobre cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adjudicó un contrato de 647 millones de pesos a una empresa involucrada en este libramiento ferroviario, mismo que costó más de 7 mil millones de pesos. De acuerdo con la investigación, algunos accionistas han participado en otras empresas acusadas de desviar recursos públicos por simulación de facturas.
Cabe agregar que el reportaje se construyó utilizando las herramientas de la transparencia (me refiero a la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitudes de información y recursos de revisión). Gracias a la publicación, el propio titular del Ejecutivo Federal, en su conferencia matutina del pasado 20 de mayo, instruyó a que se investigue la adjudicación de este contrato.
Ayer, en sesión de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expuse un recurso de revisión en contra de la SEDENA por este tema. Una persona solicitó los reportes de la bitácora mensual de las obras de la reubicación de vías de tren, sin embargo, SEDENA no las entregó. En el INAI determinamos que estos reportes son información pública, susceptible de ser proporcionada.
El pasado 17 de abril expuse otro recurso sobre el mismo caso, pues la SEDENA no entregó la información presupuestal de las obras. Una vez que en el INAI revocamos su respuesta, en cumplimiento de la resolución, la dependencia comunicó los montos asignados a las distintas etapas del proyecto. Fue hasta que nosotros resolvimos que ellos atendieron la solicitud ciudadana.
Estas obras aparentemente cuentan con la autorización de los dueños de las tierras con acuerdos de derecho de vías; sin embargo, notas de prensa reportan denuncias por daños al ecosistema de la región de Ímuris. Algunos rancheros, historiadores y ecologistas han expresado su molestia por la forma en la cual la reubicación de vías podría cambiar su vida[1].
De igual forma, activistas han denunciado que están en riesgo especies endémicas (como ocelotes, osos negros, jaguares y aves) e incluso un río. Además, defensores del territorio expresan que pueden existir descargas de materiales por parte de empresas mineras que explotan yacimientos en la zona, cuestión que puede poner en riesgo al medio ambiente y a la población aledaña.
La SEDENA ya se negó a entregar la información presupuestal y ahora se niega a entregar la información de las bitácoras de la obra. Estamos hablando de una obra ferroviaria que tendrá impacto en las comunidades donde se desarrolla, por lo que es natural y legítimo que se quiera conocer todo su proceso. Solo así la sociedad podrá decidir si es benéfica y se lleva a cabo apegada a transparencia.
@JulietDelrio
[1] https://www.debate.com.mx/estados/Trabajan-en-nuevas-vias-del-tren-en-Sonora-cerca-de-la-frontera-20231220-0027.html y https://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=105863&relacion=critica&mas=26
