Proponen en Congreso suprimir del Código Penal el delito de ultraje a la autoridad
Zacatecas, Zac- El delito de ultraje a la autoridad es todo aquel acto que suponga una ofensa, insulto o agresión, de forma física o verbal, dirigida contra un agente de la autoridad o un servidor público, con motivo del cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de ellas.
En febrero de 2022, en el Senado de la República se presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó a los Congresos Locales a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, precisando que se contrapone jurídicamente con los principios de presunción de inocencia, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión; asimismo legitima los abusos contra los ciudadanos, ya que el tipo penal y las sanciones desestiman las garantías de los derechos humanos de las personas, por lo que son consideradas como normas que violan los derechos fundamentales y propician el abuso de la autoridad.
Bajo este orden de ideas, el diputado José Luis Figueroa Rangel consideró que el delito de ultraje a la autoridad debe ser suprimido del Código Penal para el Estado de Zacatecas.
Incentivos Económicos y Fiscales a rezagados en la vacunación contra el Covid-19
Tras reconocer que existe preocupación por los casos positivos activos de covid y porque la pandemia sigue cobrando vidas, la diputada Karla Valdez Espinoza presentó una iniciativa que tiene como propósito que toda la población zacatecana esté vacunada de las distintas dosis contra el covid-19.
La legisladora planteó hacer un exhorto al gobernador del estado para que a través de la Secretaría de Finanzas promueva un programa de incentivos económicos y fiscales para que los rezagados en la vacunación completen su esquema.
Fondos de Contingencia Social para Salud
En su oportunidad, la diputada Priscila Benítez Sánchez planteó una iniciativa que busca reformar la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Zacatecas, a fin de que se pueda incluir en el presupuesto de egresos del estado y en los presupuestos de los municipios el tema “salud” en la constitución de fondos de contingencia social, en los que se contendrán previsiones para garantizar que los recursos sean utilizados como respuesta a este rubro, así como a los ya establecidos que son: fenómenos naturales, económicos, y presupuestales imprevistos.
La iniciativa surge como una necesidad de adecuar el marco jurídico para enfrentar crisis como la generada por el Covid-19 que a su vez desencadenan ciclos de mayor desigualdad social.
Atención de Enfermedades Bucodentales
La diputada Martha Elena Rodríguez presentó una iniciativa que propone adicionar la Ley de Salud del Estado para incluir en dicho ordenamiento la obligatoriedad de la prevención, atención y control de las enfermedades bucodentales, esto, en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
La diputada hizo especial énfasis en reconocer el derecho a la protección de la salud, por medio del cual se debe garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población.
Diversidad Cultural e Interculturalidad
Por su parte, la diputada Susana Barragán consideró necesario actualizar y reformar la Ley Para la Atención de los Zacatecanos Migrantes y sus Familias con la finalidad de que se encuentre homologada y actualizada; para ello propone llevar a cabo diversas modificaciones en lo relativo a la diversidad cultural e interculturalidad.
Básicamente se propone establecer el deber del gobierno estatal y de los municipales de promover, resaltar y respetar los valores de la diversidad cultural en todas sus manifestaciones así como la interacción intercultural, impulsando el desarrollo sostenible de los individuos y sus comunidades.
Dictamen Preferente
La figura de “Dictamen Preferente” consiste en otorgar un plazo específico para que las iniciativas suscritas por la mitad más uno de los diputados presentes en una sesión, sean turnadas a la comisión respectiva y ésta emita el dictamen correspondiente en la mitad del plazo ordinario establecido, es decir, 20 días hábiles a partir de su lectura en el pleno.
El diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba presentó la iniciativa que decreto que propone adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear esta figura, que de ser aprobada, evitará la acumulación del trabajo en comisiones sobre temas que, por el respaldo colectivo de los legisladores, representan una clara alternativa de un consenso evidente y sin complejidad.
Centros de Atención adopción Protección y Bienestar Animal
En México 57 de cada 100 mexicanos tienen una mascota y únicamente el 30% de los animales de compañía tienen un hogar, el resto vive en las calles según destaca una encuesta realizada por el INEGI.
De acuerdo a algunas asociaciones civiles, solo en los municipios de Guadalupe y Zacatecas se estima que hay aproximadamente 70 mil perros y 175 mil gatos callejeros.
Ante esta situación, el diputado José David González Hernández presentó ante el pleno una iniciativa que propone reformar la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas, para crear así, Centros de Atención, Adopción, Protección y Bienestar Animal en todos los municipios, abandonando el modelo de centros de control canino, perreras o antirrábicos.
Esta reforma propicia que todos los municipios cuenten con un centro que permita dar un margen de atención más especializada para los animales en abandono.
Reforma al Código Civil
La diputada Maribel Galván recordó en tribuna que la interdicción puede definirse como la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica la interdicción se configura como una forma de muerte civil, la cual es incompatible con un paradigma de derechos humanos.
La Suprema Corte, recordó, califica la interdicción como una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica.
Por ello planteó una reforma al Código Civil del estado en su artículo 44 para establecer que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás discapacidades establecidas en la ley, deberán ser valoradas en cada caso para decidir qué tipo de ajustes requieren para que las decisiones jurídicas que afecten a su vida puedan ser válidas y acordes con sus derechos humanos; se pretende que los incapaces puedan ejercer sus derechos y contraer obligaciones mediante el apoyo de sus representantes, sin que ello atente contra su dignidad humana ni se socave sus derechos.
LNNY/Redacción
