Propone Rafael Flores que ASE goce de autonomía y deje de ser juez y parte

Zacatecas, Zac.- El legislador perredista Rafael Flores Mendoza, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforma  la Constitución Política del Estado, para otorgar autonomía constitucional  plena a la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin que la legislatura intervenga en la fiscalización de los recursos públicos toda vez que se convierte en juez y parte.

Para el diputado, este cambio constituye «un imperativo no sólo en Zacatecas, sino en el régimen político mexicano», ya que la fiscalización y vigilancia en el manejo de los recursos públicos, debe darse desde una visión alejada de los vaivenes políticos.

“Estamos emplazados a generar respuestas a la atura de esas exigencias, de lo contrario seguiremos perdiendo la credibilidad de la población en sus instituciones, en la información que se genera a cada acción del gobierno, en la consecuencia correctiva y sancionadora al momento de dar cuenta de la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado y los funcionarios que las operan».

Para cumplir con las facultades en materia de revisión de cuentas públicas se crearía  la Entidad de Fiscalización Superior del Estado; la legislatura designaría al titular de la Entidad de Fiscalización de una terna conformada por una propuesta del Poder Judicial, otra del Poder Legislativo y otros del Poder Ejecutivo del Estado y sería  elegido por las dos terceras partes de sus miembros, el encargo durará siete años.

Igualmente prioriza la necesidad de transformar los esquemas de rendición de cuentas, la profesionalización del personal encargado de la fiscalización, la injerencia indebida de otros poderes, y evidentemente, la mejora en los procesos operativos a su cargo.

Cabe destacar que la iniciativa señala que actualmente dos funciones sustantivas del Estado son desarrolladas por organismos públicos autónomos. La relacionada con la función electoral a cargo del Instituto Electoral del Estado (IEEZ), y lo relativo a la protección de los derechos humanos, ejercida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, (CEDH).

Y agregó que con este esquema constitucional no es necesario que el Legislativo intervenga en la realización de las elecciones o en la protección de los derechos fundamentales.

LNY/Redacción