Propone Claudia Anaya en el Senado, creación de instituto nacional de las personas con discapacidad
Ciudad de México.- Con la finalidad de fortalecer las instituciones dedicadas a responder a las demandas y necesidades que plantean las personas con discapacidad, la senadora Claudia Anaya Mota presentó una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad.
Desde la Tribuna del Senado de la República, la legisladora reconoció que hay avances en la materia, pero aún hay retos mayúsculos que podrían ser atendidos por el Instituto, pues éste tendría la oportunidad de desarrollar y ejecutar la política pública hacia este sector, a través de programas que le permitan capacitar y fortalecer a las organizaciones que representan a este sector social, fungir como certificador de una serie de competencias como lo es la interpretación de la Lengua Mexicana de Señas, apoyar en la asistencia personal, impulsar la accesibilidad física en inmuebles y la vía pública, ente otras.
“De igual forma, tendría la facultad de incidir en la armonización legislativa de los tres niveles de Gobierno, porque hasta el momento, de los 2,458 municipios del país solo 45 tienen reglamentos o bandos relativos a la accesibilidad en la vía pública, los cuales no guardan un modelo común, por lo que es fundamental, impulsar lineamientos para asegurar el derecho a la movilidad de todas y todos”, señaló.
En ese sentido, la Senadora planteó que el Instituto es la evolución del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, para robustecer los mecanismos de atención institucionales que deben tener como meta, la inclusión de las personas con discapacidad, para que ejerzan sus derechos y dejen de ser vistos como sujetos de asistencia social.
La iniciativa fue respaldada por las Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y delPartido Revolucionario Institucional y fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos I, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.
LNY/Redacción
