Prioridad del INAI, información sobre atención a damnificados por huracanes: Julieta del Río
Ciudad de México.- Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría del Bienestar a modificar la respuesta emitida a un particular referente a información relacionada con municipios que han recibido recursos del Programa para el Bienestar de Personas en Emergencia Social o Natural desde enero de 2019 a septiembre de 2023.
“Decidí exponer este proyecto porque nuestros paisanos en Guerrero siguen sufriendo los estragos del huracán “Otis”. Los recursos que se destinan para la reconstrucción de comunidades ante el impacto de huracanes y otros fenómenos naturales deben ser transparentados para cerrar espacios a la corrupción. Por eso instruimos a la Secretaría de Bienestar a informar al respecto”, declaró la clpkojinjkomisionada Norma Julieta del Río Venegas.
El Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural fue creado en 2019, después de la extinción del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y funciona de dos maneras principales: por medio de entregas directas a beneficiarios a través de censos, y por transferencias a los municipios para que estos destinen recursos a obras de infraestructura afectadas.
“El 26 de octubre, un día después del terrible impacto de Otis, la titular de la Secretaría de Bienestar informó la puesta en marcha de dicho Programa para el estado de Guerrero. Por estas razones, el ejercicio de estos recursos públicos y sus reglas de operación deben ser transparentados para no dejar cabida a la opacidad. Solo para el ejercicio 2023, este Programa contó con una asignación de 845 millones de pesos, y ha sido destinado, por ejemplo, a municipios damnificados por el huracán Agatha que impactó Oaxaca en mayo de 2022, o en personas migrantes en estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz”, expuso la comisionada en tribuna.
Como lo documentó recientemente el periodismo de investigación, damnificados de distintos estados del país acusan diversas irregularidades (desvío de recursos, nepotismo, conflicto de intereses, entre otros) en la implementación de este programa. En Puebla hay personas que fueron censadas tras el paso del huracán “Grace” en 2021 y que no recibieron los apoyos correspondientes. Por si fuera poco, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado 69 investigaciones desde 2019 a la fecha por este Programa; sin embargo, no hay funcionarios sancionados al respecto.
“El derecho a saber no solo contribuye a exponer grandes casos de corrupción, sino que impacta positivamente en la vida de grupos vulnerables, pues acceder a información verificable y de calidad puede transformar vidas. Las personas que se vieron afectadas por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, entre otros, tienen todo el derecho a conocer las evaluaciones de impacto; los programas sociales de emergencia; la implementación de programas de protección civil; el otorgamiento de donativos; los planes de atención para personas desplazadas; la rehabilitación de caminos y carreteras, entre otras cuestiones cuya transparencia pueden hacer la diferencia”, puntualizó la comisionada del INAI.
“Desde el INAI, así como desde los organismos garantes locales, debemos redoblar esfuerzos y fomentar que se entregue toda la información sobre huracanes, ahora poniendo el foco en Guerrero. Hoy necesitamos cooperación total, aportando la información que podamos para salir de la crisis”, concluyó Julieta Del Río.
De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, el huracán “Otis” ha dejado 48 personas fallecidas y 59 personas siguen desaparecidas. De igual manera, la prensa calcula cerca de millón y medio de personas damnificadas, así como miles de personas desplazadas y fuentes de empleo perdidas.
LNY/Redacción
