PRI blinda a Peña; por eso se eligieron dos comisionados del INAI “a modo”, acusan PAN y PRD

EFRÉN FLORES

Ciudad de México.- El Senado de la República eligió a los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Lo hizo al velo de la madrugada del jueves pasado, en una jornada de 15 horas de negociación, en las que no hubo acuerdo, pero sí polémica.

Los designados, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Carlos Alberto Bonnin Erales, son señalados –por legisladores– de tener vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que vulneraría su principio de autonomía e independencia al momento de decidir, sobre todo, acerca de la publicación (o no) de la información institucional a la que tenemos derecho como ciudadanos mexicanos.

Los comisionados del INAI deben tener autonomía suficiente “para combatir las inercias que se generan desde el poder para ocultar la forma discrecional en que se gastan tus recursos, los míos y los de todos los mexicanos ¿Qué es lo que hace el PRI? Lo que hace el PRI es tomar su mayoría y nombrar a dos personas del PRI”, acusó la Senadora panista María Marcela Torres Peimbert.

“Más allá de que estas dos personas puedan, en algún momento, demostrar que son razonablemente buenas”, dijo en entrevista con este diario digital la ex comisionada del IFAI (hoy INAI) María Marván Laborde, “los dos son empleados del Senado y los dos son claramente cercanos al PRI. ¿Por qué asumimos que son cercanos al PRI? Pues porque fueron los únicos que votaron por ellos”.

Sin el consenso adecuado, se tomó una decisión equivocada. En la opinión de la doctora Marván, “estamos en un problema constitucional mayúsculo, porque instituciones que deberían de haber servido para fortalecer la división del poder, lo que han servido es para exacerbar la convivencia cómplice en el Poder Legislativo”.

Para Torres Peimbert, esto refleja cómo, “poco a poco, va avanzando el autoritarismo y se va carcomiendo la democracia y la participación ciudadana”.

La legisladora dijo a SinEmbargo que “todos los perfiles” que plantearon como autónomos fueron “rebotados”. El PRI se empeñó en imponer a Ibarra Cadena y Bonnin Erales. La oposición no tuvo la posibilidad de veto -que normalmente se usa- porque “el PRI nunca nos permitió la negociación. Queda muy claro lo que están buscando, [que es] blindar al presidente Enrique Peña Nieto, a cualquier costo”, concluyó.

El Senador perredista Luis Sánchez Jiménez Veneciano concordó con la panista. Según él, los candidatos debían cumplir con dos principales requisitos: “Tenían que ser dos mujeres dado que dos mujeres [Areli Cano Guadiana y Ximena Puente] son las que salían”, así como no tener “filiación o cercanía a un partido político”.

“Cuando nos enteramos de que el PRI sostenía a Carlos Alberto Bonnin, nosotros dijimos que no íbamos a participar. No podíamos nosotros ir a eliminar a una mujer por un hombre; pero, sobre todo, no podíamos votar por él porque uno, no demostró en su comparecencia que tuviera los conocimientos suficientes para integrar a este instituto. Luego, por ser un empleado del Senado, tenía aquí conflicto de interés. Y Blanca Lidia Ibarra, pues es lo mismo: con conflicto de intereses, una empleada del Senado no podía ser propuesta”, explicó.

Para resolver la votación, el legislador aseveró que “el PRI decidió buscar el apoyo de Morena y Morena se lo dio […]. Ellos hicieron el quórum al PRI, pero además votaron en una parte esta propuesta” (al nulificar votos). En ese respecto, añadió que “mientras que Andrés Manuel [López Obrador] dice que el INAI es una tapadera [de la ‘mafia del poder’], aquí sus senadoras y senadores [del PT aliados con Morena] le ayudan al PRI a nombrar a dos comisionados del INAI”.

Sánchez y Torres coincidieron, además, en que hubo inconsistencias. En la boleta con la que los senadores votaron no aparecieron los 11 aspirantes avalados por el Comité de Acompañamiento, de entre los cuales, debían elegir a dos.

“Solamente aparecieron los nombres de Blanca Lilia Ibarra y de Carlos Alberto Bonnin”. Esto implica “un acuerdo entre PRI y Morena de sólo empujar a estos dos, y que no hubo, de ninguna manera, quien pudiera disentir y votar por alguien distinto”, indicó el perredista. “Sólo podías tachar esos dos nombres o anular tu voto […]. Pero no se sabe qué partido vota por quién, con la maña total para que sea ‘el Senado vota por esto y esto’”, abundó la partidaria del blanquiazul.

Para la doctora Marván Laborde, el proceso no sólo fue “totalmente atropellado y opaco”. Fue una situación que se pudo haber evitado si el Senado -en su conjunto- hubiera sacado una convocatoria a tiempo; si hubiera habido un proceso claro de deliberación; así como exámenes de conocimientos para los aspirantes y un acuerdo previo.

Sobre la decisión de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de haberse levantado de la sesión, la doctora Marván dijo que no fue “tan buena”, porque “a la hora de que vieron que se iba a quedar el PT [aliado con Morena] y habría quórum para la decisión, hubiera sido muy importante que quedara registrada su votación en contra”.

Los cuestionados 

Blanca Lilia Ibarra Cadena es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración de la Gestión Pública por el Instituto de Administración Pública de Puebla. También tiene estudios de maestría en Gobierno y Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, refieren datos de los institutos de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco y Puebla.

Hasta la votación del jueves, Ibarra se desempeñó como directora general del Canal del Congreso de la Unión, adscrita a la Cámara de Diputados. Llegó a ese puesto en 2015, con el impulso de la bancada del PRI, que, con dos votos, definió su destino. Entonces la oposición acusó que el partido tricolor la impuso en un “vendaval autoritario” para hacerse de todas las instancias de transparencia.

“Es una pésima señal que el PRI pretenda agandallarse la dirección del Canal del Congreso de esta manera. Primero, es un mensaje político que confirma esta idea de control y de sofocamiento del PRI y del Gobierno de los medios de comunicación y ahora del Canal del Congreso de la Unión”, dijo entonces el Senador panista Javier Corral Jurado.

Según la información oficial, la nueva comisionada del INAI ejerció 25 años en medios de comunicación de Puebla. Destaca su participación de 15 años en Televisa Puebla, donde realizó funciones de conductora y productora de diversos programas de opinión y de noticias.

Ibarra ha sido presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Puebla; directora de Comunicación a Medios de los Estados de la Presidencia de la República; directora general de Comunicación Social del Congreso de Puebla; fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla; catedrática en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Puebla; comisionada propietaria y después presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Congreso de Puebla.

Para la Senadora Torres Peimbert, Blanca Lilia Ibarra Cadena “es una mujer bastante institucional”. Y pese a que no cuestionó su trayectoria profesional, dudó de la forma en que fue nombrada: en medio de un conflicto de interés.

La doctora Marván concordó con este último punto al mencionar que Ibarra llegará debilitada, a pesar de que “hizo un buen papel” cuando se desempeñó como presidente del Instituto de Transparencia en Puebla.

Carlos Alberto Bonnin Erales, antes de ser designado comisionado del INAI, fungió como coordinador general de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Senado de la República.

La información de dicha unidad refiere que Bonnin es licenciado y maestro titulado en Derecho. En su experiencia laboral, el órgano del Senado destaca su posición como secretario particular de la Procuraduría General de la República (PGR) entre marzo y mayo de 2015; como director general adjunto de la Secretaría de Salud (2012-2013); consultor en proyectos especiales del Grupo Financiero Vector y coordinador de asesores de la PGR (2011), así como secretario particular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) entre 2007 y 2010.

De 2003 a 2007, Bonnin fue asesor jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y entre 2002 y 2003, se desempeñó como asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Carlos Alberto Bonnin Erales es señalado de ser una persona muy cercana a la priista Arely Gómez González. Cuando ella fue secretaria general de la presidencia y oficial mayor de la SCJN (2003 -2006), él fue asesor jurídico. Cuando Gómez fue titular de la Fepade (2007-2010), Bonnin fue su secretario particular. Cuando ella fue electa como Senadora en 2012, él se convirtió en titular de la Unidad de Enlace de la Cámara Alta. Y cuando Gómez encabezó la PGR (2015-2016), Bonnin fungió como secretario particular en la dependencia.

En el caso de Carlos Alberto Bonnin Erales, Torres Peimbert lo describió como alguien oportunista. Alguien que llevaba tiempo tejiendo su camino al INAI con el PRI, sin importar el conflicto de interés con el que llegó.

Antecedentes, mañas y riesgos

La polémica por los nuevos integrantes del INAI se dio a poco más de un mes del escándalo de la ex comisionada Ximena Puente, quien el 18 de marzo de este año, a 13 días de que concluyera su periodo legal y ordinario en el INAI, presentó su renuncia para buscar una diputación plurinominal por parte del partido tricolor.

La decisión de Puente suscitó dudas acerca de su imparcialidad al interior del INAI. Y por extensión, puso en entredicho la autonomía del Instituto, acusaron en su momento algunos legisladores.

Uno de los casos más controvertidos que Puente manejó, por ejemplo, tuvo lugar en noviembre de 2017. La ex consejera reservó información relativa al gasto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la compra de dos plantas productoras de fertilizantes, durante la administración de Emilio Lozoya Austin (2012-2016), funcionario involucrado en un presunto caso de corrupción con la compañía Odebrecht (entre 2012 y 2014, habría recibido sobornos millonarios para facilitar contratos).

Sobre el supuesto conflicto de interés de Ibarra Cadena y Bonnin Erales por su relación con el PRI, algunos senadores de la República criticaron que, en parte, la decisión del Plano fue a consecuencia de en un proceso fast-track (por la vía rápida) sin criterios de evaluación suficientes, carente de participación ciudadana.

“Tuvimos todo un comité ciudadano que no quedó como hubiéramos querido porque el PRI trató de diluirlo lo más posible”, lamentó la panista Torres Peimbert.

Para el Senador Sánchez Jiménez, en la designación de Ibarra Cadena y Bonnin Erales era necesario que los senadores “tomáramos como un error lo que hicimos con Ximena Puente y que no podíamos repetir ese error” (en 2014, la Cámara Alta le dio acceso al INAI y ya sonaba que estaba ligada al PRI).

Hoy, como ayer, “el PRI se empecinó en llevar a sus cuates, a sus funcionarios carnales allí al INAI. La verdad es que le afecta mucho al Instituto porque es, digamos, la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción […]. Meter a gente con supuesta cercanía al PRI, pues es obvio que es para cubrirles las espaldas allí, para que [ante] una solicitud de información hacia algún personaje de ellos, pues lo protejan. La verdad es muy lamentable”, dijo el perredista.

Torres Peimbert y Sánchez Jiménez confirmaron a SinEmbargo que la Ley no restringe, de manera expresa, el acceso a estos puestos por algún tipo de filiación partidista. No obstante, señalaron, “se establece de alguna manera”.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para ser comisionado del INAI es necesario ser ciudadano mexicano, tener 35 años cumplidos el día de la designación, gozar de buena reputación y no haber estado en prisión por más de un año, haber residido en el país los dos años anteriores a la elección y no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado federal ni Gobernador durante el año previo al día de su nombramiento.

No menciona la autonomía -frente a partidos políticos- aunque es un principio clave de organismos como el INAI, establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, con fundamento en el artículo 6 constitucional, que en su fracción VIII establece que, el funcionamiento del INAI, “se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”.

Cuestionado acerca de la manera en que podrían evitarse los conflictos de interés por filiación partidaria, en la designación de funcionarios de órganos autónomos, el Senador del Sol Azteca comentó que habría que reforzar la legislación y la arquitectura de estas instituciones. Además, dijo, “deberíamos tener un poco de ética en nuestro desempeño, y eso no se vio [cuando se votaron los nombramientos]”.

“Hay gente que siempre ha servido a un partido político y que […] participa de su ideología y de sus intereses. Me parece que, mientras no cambiemos nosotros nuestra forma de hacer las cosas, mientras que sigamos cultivando esta forma de hacer política, pues no vamos a avanzar. Por mejores leyes que tengamos, pues aquí se corrompe y se tergiversan. Y bueno, echamos a perder muchas cosas que podrían ser buenas. Me parece que perdimos una oportunidad enorme de fortalecer al INAI, que ya había sido fuertemente golpeado con la renuncia de Ximena Puente”, concluyó.

Ibarra y Bonnin fueron designados con 66 y 65 votos a favor. El ejercicio fue impulsado por el PRI, sobre todo, luego de que los integrantes del PAN y PRD se retiraran por inconformidad ante las condiciones. Además, ocho de los 14 representantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anularon su voto.

Senadores de izquierda y de derecha, amarillos y azules, pasaron lista de asistencia pero no votaron para romper el quórum (número mínimo de senadores presentes para que la asamblea tenga validez).

“No puedes hacer democracia sin demócratas”, dijo la Senadora María Marcela Torres Peimbert. Y hoy mismo corremos otro gran riesgo porque los priistas “pretenden sacar la Ley Orgánica de la Fiscalía General”, alertó. “Van tras el Fiscal carnal. Es por nueve años y es algo grave para México”. También quieren tener a un Fiscal que “persiga a los opositores electorales, pero no [que] castigue a asesinos, secuestradores… Lo que quieren es perpetrarse en el poder”.

Muchos de los 32 candidatos que compitieron este año por un puesto en el INAI, tuvieron filiación política. En el caso del PRD, estuvo, por ejemplo, Mireya Arteaga Dirzo, quien apareció en la lista de posibles diputados plurinominales del Sol Azteca en 2006, y alguien cercana a Juan Ángel Flores Bustamante, ex presidente del PRD en Morelos.

Del PAN, resaltaron Graciela Josefina Cámara Guerrero, candidata a Diputada en 2015; y Luis Gustavo Parra Noriega, Diputado federal (2006-2009) y ex secretario del PAN en el Estado de México.

Interpelados al respecto, Torres Peimbert y Sánchez Jiménez explicaron que no hubo conflicto de interés. La panista aseguró que ellos siempre buscaron perfiles idóneos y que cumplieran con la mayor autonomía posible.

En cambio, el Senador perredista explicó que su bancada siempre buscó “nutrir” el proceso “de las experiencias de los institutos estatales”.

“Hay gente en los institutos estatales que se ha desempeñado con gran profesionalismo, con gran entrega, y yo sostenía que un incentivo para que en los institutos estatales se hiciera un trabajo cada vez mejor, sería el aspirar a formar parte del instituto nacional, el órgano nacional. Nosotros estuvimos defendiendo que las mujeres que se habían inscrito, que venían de institutos estatales de transparencia, de allí tomáramos a las dos mujeres para sustituirlas”.