Presentan contra propuesta al «segundo piso» en Zacatecas; cuesta sólo 10% de lo propuesto por gobierno
Zacatecas, Zac.- Ciudadanía Participativa de Zacatecas presentó la “Alternativa Bulevar López Mateos”, proyecto alternativo que aseguraron pasa de la protesta a la propuesta y que pretende la construcción del Viaducto Elevado y que fue presentado por la administración estatal de manera parcial, propuesta que contempla la construcción de un paso a desnivel o subterráneo y que representa un 10 por ciento de los más de tres mil 500 millones de pesos proyectos.
En conferencia de prensa, Rubén Méndez Félix detalló que la propuesta gira en torno a construir un paso a desnivel de 150 metros de longitud a cuatro carriles de circulación, en dos sentidos, además de dos paraderos de autobuses, dos retornos para servicio de estacionamiento y calles transversales, proyecto que representaría no más de 350 millones de pesos y seis meses en su construcción.
Expuso que dicha opción, entre muchas otras que el ejecutivo estatal no contempla por el lucro que representa, fue elaborada por expertos en ingeniería civil y movilidad urbana y que entre las ventajas de esta propuesta, se encuentran la no alteración del paisaje urbano, se eliminan las interferencias de autobuses, se aumenta el número de carriles para maniobras entrecruzamiento, se reduce el ruido del área urbana, lo que se traduce en un mejor funcionamiento del área comercial y en la disminución de los tiempo de traslado.
Méndez Félix Quintero el paso a desnivel pretende ampliar la zona de rodamiento para aproximadamente 800 vehículos por hora, y así reducir la carga vehicular en los cuellos de botella que -dijo- se generan en horas específicas, permitiendo así liberal los puntos de la vialidad frente a Plaza Bicentenario en ambos sentidos, además de que se contempla que dicha opción sea viable por 20 años más y sin el gasto excesivo que plantean desde el gobierno estatal.
Detalló que de las vías utilizadas actualmente que se plantean como un problema solo se utiliza el 37 por ciento de su capacidad, por lo que existen suficiente vialidad para cubrir la demanda de movilidad entre las zonas Zacatecas- Guadalupe) y las zonas urbanas intermedias, ello al explicar que de los 52 cruceros semaforizados en la zona conurbada dicha zona metropolitana entre ambos municipios, el 22 por ciento no funcionan lo que impide que haya una movilidad eficiente y fluida.
Por su parte Javier Calzada, señaló que la solicitud que se hizo por parte del colectivo integrado por sociedad civil, universitarios, comerciantes y vecinos de la capital, al gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la ampliación del polígono de protección a sitios e inmuebles históricos, fue recibida por las autoridades federales, sin embargo les indicaron la imposibilidad de ser respondida, ya que el gobierno estatal no ha entregado ningún proyecto sobre esta obra, por lo que no existe ningún permiso o autorización para dar inicio a los trabajos.
Enfatizó en ese sentido que esos hechos están muy lejos de lo que se presume por parte del ejecutivo estatal y sus funcionarios sobre que existen un 90 por ciento de avance en la obtención de los permisos y el cumplimiento de la normatividad, e insistió que ello demuestra que el gobierno le está mintiendo al pueblo de Zacatecas.
Los universitarios Francisco Valerio Quintero y Rodolfo García Zamora, aseguraron que, desde la Secretaría de Finanzas (Sefin), se encontrará algún vericueto para la asignación de presupuesto del próximo paquete económico 2025 sin que tenga que presentarse el proyecto en la legislatura local, ya que carece de sustento social, pues existen sectores descontentos con las carencias presupuestales y la falta de visión para ejercer el gasto.
Señalaron que el Viaducto Elevado se convertirá -de concertarse su construcción- en un elefante blanco en tanto que es una obra innecesaria, toda vez que el presupuesto contemplado para 2025 equivale al presupuesto anual designado a los 36 municipios más pobres de Zacatecas, y que quienes administran el gasto público tienen la obligación legal, no moral ni ética de administrar el presupuesto de manera racional y conforme a una jerarquización de las necesidades en la entidad.
LNY/Redacción
