Por la justicia social y el impulso a la cultura democrática

LUIS GERARDO ROMO FONSECA *

Hace pocos días, la fundación Fund for Peace, en su Índice de Estados Fallidos 2012, señaló que México se encuentra entre los países que están en riesgo de convertirse en un “Estado fallido”, al ubicarse en el número 98 de una lista de 178 países analizados en el presente año y todavía permanecemos en un “estado de advertencia” con 73.6 puntos. Según los criterios de este estudio, un Estado que está “fallando” posee una serie de características que se miden a través de 12 indicadores, los cuales están divididos en dos grupos principales: Indicadores sociales y económicos e Indicadores políticos y militares. Partiendo de ellos, se analizaron y evaluaron una serie de factores de riesgo que determinan la inclusión o cercanía de un país con la calificación de “Estado fallido”, tales como: la corrupción y los comportamientos criminales, la incapacidad para recaudar impuestos, dislocación involuntaria de la sociedad, la vulnerabilidad económica, el grado de respeto a los derechos humanos, la desigualdad, la discriminación, las presiones demográficas severas, la fuga de cerebros y el nivel de desarrollo tecnológico y científico, así como el deterioro del medio ambiente, entre otros. Vale la pena señalar que en función de estos parámetros, los peores resultados que obtuvo México fue en Desigualdad en el Desarrollo Económico y en Aparatos de Seguridad Débiles.

En función de estas conclusiones es evidente, por un lado, que la desigualdad y las enormes asimetrías en el acceso a las oportunidades, repercuten negativamente en todos los ámbitos: empleo, educación, salud, vivienda y en el goce de los espacios públicos y de los bienes culturales. Bajo esta orientación, nuestro país se ha encaminado gradualmente a una gran concentración de la riqueza y los ingresos, pero pagando el costo de la pérdida de cohesión social; desafortunadamente, cada vez es menor el número de mexicanos que comparten un mismo proyecto social.

Por otro lado, la corrupción y la impunidad en el marco de una preocupante debilidad institucional, han propiciado la proliferación de la violencia y la inseguridad. Esta situación ha envuelto a la sociedad en un temor generalizado, que por otro lado, en cierta medida debilita la confianza en las instituciones democráticas y propicia que afloren expresiones de apoyo a la “mano dura” del Estado. En este sentido, la solidez de la democracia como sistema de gobierno se ve seriamente afectado por la percepción de inseguridad y la baja valoración del desempeño del gobierno en el combate a la delincuencia.

Indudablemente, estamos viviendo en el país una situación compleja y ambivalente: por un lado, tenemos una sociedad cada vez más demandante e informada que reivindica los valores de la libertad, la equidad, la justicia, la inclusión de los grupos vulnerables y la legalidad. En particular, ahora somos testigos de la emergencia de los jóvenes como agentes protagónicos en búsqueda de afirmar un sentido ético en la política y en la sociedad; exigen conductas públicas ajustadas al marco legal y un modelo de nación que tenga como ejes criterios incluyentes y de justicia.

Sin embargo, ante la incapacidad del Estado -en su vertiente neoliberal- para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, también existen algunos sectores sociales que tienen un desencanto y una desconfianza crecientes respecto a la clase política; pero también frente a las propias instituciones democráticas.

Como apunta el politólogo Sergio Aguayo: “los valores de los mexicanos parecen una piel de leopardo: las manchas de cultura democrática y moderna están cercadas de comportamientos autoritarios y tradicionales. Ser democrático supone participar en la vida pública con las armas de la razón y la información. Se tiene cultura autoritaria cuando se delega en los poderosos las decisiones que nos atañen”. Evidentemente, en esta difícil coyuntura nacional, necesitamos de la participación de todas las fuerzas progresistas y democráticas del país para contener las prácticas autoritarias que han adquirido fuerza, a la vez de no cesar en la construcción un Estado social y un Estado de derecho en México y en Zacatecas. 

* Diputado local