Permanecen estrategias fallidas

LILIA ARELLANO *

Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”: Albert Einstein

Durante su campaña proselitista el año pasado, Enrique Peña Nieto prometió que al asumir el poder modificaría la estrategia contra el narcotráfico, es decir, la guerra de baja intensidad iniciada por Felipe Calderón al firmar con George Bush el Plan México o “Iniciativa Mérida” y cuya aplicación provocó oficialmente 67 mil muertos a lo largo del sexenio del panista o 150 mil según otras fuentes más fidedignas. A lo largo del primer cuatrimestre de su gestión, el mandatario priísta ha mantenido la misma estrategia seguida por su antecesor, con lo que se obtuvieron los mismos resultados: muerte y violencia, reflejados en más de 4 mil 500 homicidios vinculados al crimen organizado desde que inició esta administración.

Y no sólo eso, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que firmó el miércoles en Washington con la secretaria de Seguridad Interna de EU, Jane Napolitano, una nueva etapa de la “Iniciativa Mérida”, para destinar ahora mayores recursos a la prevención y la justicia. En palabras sencillas, frente al problema de los cárteles de droga y el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto no implementará cambios significativos en la estrategia seguida a lo largo del sexenio anterior, por lo que mantendrá la guerra de baja intensidad que se combate en territorio mexicano al servicio de los intereses de los Estados Unidos, obsesionados no en terminar con el narcotráfico sino en que la administración de las actividades de éste se mantengan bajo su control, lo que facilita proveer de drogas a su creciente población adicta, más de 30 millones, a lo largo y ancho de ese país, y que las ganancias que genera esta ilícita actividad, al menos 300 mil millones de dólares al año, se “laven”  y se queden en sus sistema financiero porque se han convertido en un importante pilar de su economía.

Así, la “Iniciativa Mérida”, es decir el tratado internacional entre Estados Unidos y México, impuesto a Felipe Calderón por George Bush en 2008, pasará a su siguiente etapa, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2013 de los Estados Unidos, operada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI y la DEA, y ejecutada parcialmente por las secretarias de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

No importa en absoluto que la estrategia seguida permita también criminalizar la lucha social y de sindicatos de trabajadores. Tampoco es relevante que la “Iniciativa Mérida” agudice la guerra de baja intensidad en el país o que se aproveche para reforzar la contrainsurgencia en diversas regiones del territorio nacional. Tampoco es relevante que se mantengan e incluso se incrementen los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas y militares.  Nada de eso importa frente al negocio y las ganancias que deja el narcotráfico en los Estados Unidos.

Osorio Chong difundió este jueves que “firmamos una nueva carátula de la Iniciativa Mérida, que hasta la fecha ha presupuestado unos mil 600 millones de dólares, en una reunión el miércoles con la Secretaría de Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano”. Y añadió que “estamos planteando el que pueda ocuparse parte de estos recursos para la prevención, que no estaba considerado”, y también para aplicar el nuevo marco de justicia penal “que estamos implementando” en el país. El funcionario informó que la semana entrante se instalará una mesa binacional que permitirá coordinar los nuevos proyectos “rápidamente” y que también servirá para agilizar la entrega de los recursos de la Iniciativa Mérida que aún siguen represados.

El político hidalguense defendió los “avances” en materia de seguridad desde que asumió en diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto, al señalar que en lo que va del año han disminuido los homicidios en un 17 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año 2012. “No vengo a decir que esto está resuelto, quiero dejarlo muy claro, quiero decir que estamos haciendo lo que nos corresponde para que pueda suceder”, aclaró. Sin embargo, hasta esos datos están siendo cuestionados. Según Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las reducciones de homicidios en México, no son producto de la nueva estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, sino de los acomodos y acuerdos de los grupos criminales.

Explica que en algunas regiones, la consolidación de un grupo del crimen organizado, es decir, su hegemonía entre otros grupos que se disputan la plaza, lleva al cese de la conflictividad, y eso explica también la reducción de muertes violentas. Argumenta que “alegrarse porque se redujo la cantidad de muertes en una localidad puede llevarnos al efecto perverso de no darnos cuenta de que ahí tal vez el mayor riesgo (sigue presente): el control, sin disputa, de una organización criminal, con todo el potencial de sustituir la voluntad ciudadana y de las autoridades”.

Además, la percepción de un menor número de delitos tiene que ver también con la difusión que se le da en los medios de comunicación a los sucesos violentos y lo que se ha visto hasta ahora es que hay una reducción en la cobertura de éstos, derivada de la estrategia del  gobierno federal en la materia, por un lado, y por el otro como medida de autoprotección de los propios representantes de dichos medios. Para Hernández, el “camino de salida” a la situación de violencia en México pasa por la toma de decisiones al más alto nivel, para el retiro del Ejército y de la Marina de tareas de seguridad pública, o de la puesta en marcha de la anunciada Gendarmería Nacional.

La posición de subordinación asumida por el responsable de la política interna de México, les cayó a las autoridades estadounidenses como anillo al dedo para llevar a cabo el replanteamiento de la “Iniciativa Mérida” diseñado en el Departamento de Estado, quien subraya que los mil  600 millones de dólares invertidos en dicho plan  han sido utilizados  desde 2008 en la compra de equipo y capacitación de elementos de seguridad, en proporcionar tecnología, el reforzamiento de las tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura y la seguridad fronteriza, por lo que futuros esfuerzos bilaterales “deben enfocarse en fortalecer las instituciones mexicanas, expandir continuamente los programas a los estados y municipios,  y progresar más para adquirir metas compartidas”.

Tras el acuerdo alcanzado por México y Estados Unidos durante la visita de Osorio Chong a Estados Unidos, se espera que los 234 millones de dólares solicitados por el Gobierno de Barack Obama al Congreso para financiar la “Iniciativa Mérida” este 2013, finalmente fluyan para los programas tendientes a reducir la violencia y el número de homicidios en el país. Al gobierno estadounidense y a legisladores en el Senado y la Cámara de Representantes les inquieta que Peña Nieto se enfoque en reducir la violencia, y le ponga menos atención al asunto del tráfico de drogas y a la captura de capos.

Al término de una reunión con altos funcionarios responsables de seguridad en Estados Unidos, entre los que se encontraban el Procurador de EU, Eric Holder; Michelle Leonhart de la DEA; Robert Muller del FBI y Todd Jones de ATF, Osorio Chonge admitió que la coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos resulta fundamental para el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera. El funcionario confirmó que “los mecanismos de coordinación entre ambas naciones de mantienen vigentes y funcionando, por lo que deben traer beneficios tangibles para nuestras naciones”.

Osorio Chong hizo en Washington algo que no ha podido o querido hacer en nuestro país: explicar en qué consiste la nueva estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, durante las reuniones que sostuvo con funcionarios de la administración de Barack Obama. El funcionario expuso que para reducir la violencia en México se tiene una estrategia que incluye una adecuada planeación, programas de prevención social, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación entre autoridades, un nuevo modelo de justicia penal y la evaluación y retroalimentación de la estrategia de seguridad.

Por lo anterior, sostuvo que resulta imperativo que la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad esté enfocada hacia el intercambio de información y experiencias a través de la cooperación y la confianza. Ahora bien, parte de lo acordado y expresado corresponde al área de la Procuraduría General de la República, es más, el antecedente de operaciones conjuntas y la Iniciativa Mérida eran acuerdos en los que intervenía el responsable directo de las acciones, ¿Qué está pasando entre dos importantes miembros del gabinete que uno de ellos no está presente? Es una simple preguntita.

ATORADA, REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

Al no alcanzarse los consensos necesarios en las comisiones de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión, y Estudios Legislativos, se “atoró” la dictaminación de la Ley de Telecomunicaciones en el Senado de la República, debido a diferencias entre las fracciones políticas en dos temas fundamentales: la red troncal y la suspensión provisional sobre las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).

El coordinador del PRD en la Cámara alta,  Miguel Barbosa, sostuvo que “el tema de al red troncal se debe de preservar como cualquier servicio público, todos los servicios públicos son propiedad del Estado mexicano y éste puede concesionarlos, pero no puede hacer en la Constitución una previsión de que deba ser concesionado, que deba ser entregado al sector privado”.

Por otro lado, la discusión sobre el tema de la suspensión se debe a que el PAN empuja la demanda de la iniciativa privada para que las resoluciones de los órganos reguladores del sector puedan ser suspendidas por el Poder Judicial.

A pesar de los diferendos, los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas representados en el Senado hacen esfuerzos para que la reforma en Telecomunicaciones sea aprobada en este periodo de sesiones.

AUMENTO A CUOTAS DEL IMSS

La factura para cubrir los déficits de operación del IMSS hasta el 2015 se la quieren pasar a los trabajadores y empresarios, a lo que al menos éstos últimos se oponen firmemente y cabildean con los legisladores para que no se apruebe, en los términos en los que la presentó el diputado con licencia Sergio Torres, la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 32 de la Ley del IMSS, que va encaminada a homologar las bases gravables a partir de las cuales se estiman las cuotas obrero-patronales con las del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que significaría un aumento que podría llegar hasta el 30 por ciento en los pagos a ese instituto.

La oposición de los empresarios, de los trabajadores y hasta de algunos legisladores que han captado como viene la jugada es no sólo por el aumento de las cuotas y el fácil pase de factura, sino porque no se va a resolver la cuestión de fondo toda vez que después del 2015 el déficit del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvería a ser de por lo menos 22 mil 776 millones de pesos. El fondo del asunto es que el IMSS se encuentra en una situación deplorable debido a una gran cadena de corruptelas en las que están implicados funcionarios que lo han dirigido en la última década y que se han caracterizado no precisamente por su honradez o su competencia administrativa sino por todo lo contrario.

Ahora resulta que otro caso de corrupción como la que se ha denunciado existe en el IMSS y lo que ello ha provocado de nueva cuenta pasará a las cuentas por pagar o a los impuestos a pagar de los mexicanos y todo ello coronado con un deficiente, malo, insuficiente servicio médico.

COSTAS A EXTRANJEROS

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto de reformas al artículo 27 de la Constitución Política para autorizar a los ciudadanos extranjeros adquirir terrenos para uso de vivienda y sin fines comerciales, en las fronteras y playas mexicanas.  Cabe destacar que actualmente el texto constitucional  prohíbe la propiedad de ciudadanos de otros países en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros junto a los litorales del país.

Según el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, con dicha reforma “se pretende acabar con simulaciones, subterfugios y hasta actos de prestanombres por parte de ciudadanos de otros países para adquirir una casa habitación en playas mexicanas.

A lo anterior se opone el coordinador del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien calificó el cambio de “muy grave” por considerar que existen razones históricas para conservar la prohibición de propiedad a extranjeros en fronteras y playas. Indicó que “hoy me temo que si esto se aprueba, pronto los mexicanos dejarán de ser dueños en las costas en territorio nacional y simple y sencillamente se estará avalando la entrega del patrimonio nacional a los extranjeros, ¡es muy grave!”, sostuvo. ¿Quién y cuantos ganan al obtenerse esa aprobación? Habrá que hacer cuentas y considerar los miles de millones de dólares invertidos en terrenos que todavía tienen factura nacional.

BLOQUEAN MAESTROS AUTOPISTA DEL SOL

Mientras en el Congreso del Estado de Guerrero se “atoró” el proyecto de reforma a la Ley Estatal de Educación presentado por la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CEETEG), los maestros disidentes iniciaron una marcha junto con otras organizaciones que conforman el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para exigir a los legisladores locales que apruebe dicho decreto de reforma a la legislación de Educación en la entidad.

Desde la mañana llegaron contingentes que tomaron el carril que va de norte a sur, con dirección a Acapulco, de la Autopista del Sol, y al filo del mediodía día tomaron el otro carril, con lo que bloquearon la vía en su totalidad. De ahí se trasladaron al Congreso local para presionar a los legisladores para que aprueben su propuesta de reforma a la Ley Estatal de Educación.

Pero en el Congreso no se han alcanzado acuerdos. Los integrantes de las comisiones unidas de Educación y Presupuesto siguen sin alcanzar un acuerdo para dictaminar la iniciativa presentada por los mentores disidentes. Los perredistas decidieron no mover la redacción que al inicio de la semana dejo satisfecha a la CETEG, pero los priístas y verde ecologistas se oponen a firmar el dictamen.

También en Michoacán, estudiantes normalistas iniciaron bloqueos en uno de los principales accesos a Morelia, paso obligado de mercancías procedentes de Lázaro Cárdenas. Estudiantes de la Normal de Tiripetio cerraron carriles de la carretera Morelia-Pátzcuaro, para exigir cumplimiento a demandas económicas y académicas. En caso de no ser atendidos por las autoridades, los estudiantes amenazaron con radicalizar sus acciones mediante el secuestro de autobuses.

DE LOS PASILLOS

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, adelantó que ya iniciaron las investigaciones en torno a las personas que participaron en la acusación que mantuvo en prisión al ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. El funcionario reiteró que la PGR entregó conclusiones no acusatorias en el juicio contra el militar porque no había elementos de prueba para hacer lo contrario. Sobre el particular, penalistas coincidieron en que las investigaciones que inicie la PGR en contra del testigo protegido “Jenniffer” será “una pérdida de tiempo” y un “gasto inútil” para el Ministerio Público Federal, si no se incluye en esas pesquisas al ex presidente Felipe Calderón y a sus ex colaboradores Eduardo Medina Mora, Marisela Morales Ibáñez y Genaro García Luna, en calidad e inculpados, pues “está quedando claro que toleraron fabricación de pruebas y manipulación de testigos”.

Derivado de las denuncias que hiciera el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, quien pidió la renuncia de cinco funcionarios en el Estado de Veracruz, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, anunció que separó temporalmente al delegado en Veracruz, Ranulfo Márquez, y destituyó a Felipe Sosa, coordinador operativo de Sedesol; Elí Jeffer Mendoza, jefe de zona; Raúl Molina, jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo del programa 65 y más; Jesús Balbuena, de Oportunidades, y Mariana Molina, supervisora de Oportunidades. Dijo que estas personas estuvieron involucradas en hechos de “manipulación electoral” de la ayuda. En torno a este asunto, el Senado de la República citó a comparecer para el próximo martes a la titular de Sedesol, Rosario Robles, para que explique el presunto uso, con fines electorales, de los programas sociales contra la pobreza. El perredista Alejandro Encinas dijo que el problema no se resuelve con despedir a  seis funcionarios menores de Veracruz, sino en impedir el manejo corporativo del PRI en todo el país.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com  en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja digital,  canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo [email protected]; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1